Encuentro por la Memoria se solidariza con las organizaciones de Derechos Humanos y de Memoria de Argentina

COMUNICADO DE SOLIDARIDAD CON LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE MEMORIA DE ARGENTINA

El pasado 31 de diciembre el gobierno de Milei anunció el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), un organismo encargado de las políticas de derechos humanos y memoria en Argentina.

Esta medida se une al desmantelamiento que durante todo el año 2024 ha llevado a cabo el gobierno ultrarreaccionario de Milei en políticas de derechos humanos afectando a la paralización de las leyes reparatorias, suspendiendo las indemnizaciones previstas para las víctimas, el vaciamiento de los Sitios de la Memoria y el Archivo Nacional de la Memoria, que son esenciales para la conservación de los documentos, la educación de las nuevas generaciones y la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de la Junta Militar que gobernó Argentina durante los años 1976 a 1983. También se ha producido el cierre del área de búsqueda en la CoNaDI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) que ha permitido la localización de 138 niños y niñas robados durante la dictadura –el último nieto ha sido presentado el 24 de diciembre–, gracias al trabajo incesante e incansable de las asociaciones de Abuelas de Plaza de Mayo y el equipo de CoNaDi.

Igualmente, diferentes colectivos de memoria de Argentina denuncian “el desguace sobre la ex ESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin, reconocido internacionalmente, así como el Centro Cultural Haroldi Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos que también cerró sus puertas, prohibiendo el acceso a los y las trabajadoras que no fueron despedidas”.

El espacio de la ex ESMA, inaugurado en 2015, fue declarado Patrimonio Mundial de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 19 de septiembre de 2023. En este edificio estuvo activo durante toda la dictadura un centro clandestino de detención, tortura y exterminio de los más de 700 que existieron en Argentina. Cerca de 5.000 militantes de grupos políticos y sociales, trabajadores, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos pasaron por este centro. La mayoría de ellos fueron arrojados vivos al río de la Plata y al mar, en los conocidos como “vuelos de la muerte”. También en este centro nacieron cientos de niños y niñas de madres cautivas que fueron apropiados ilegalmente o robados. La lucha social y de las asociaciones de memoria consiguió que este edificio permaneciera sin alterar por considerársele una prueba judicial en las causas por delitos de lesa humanidad que se han seguido en Argentina contra los criminales de la dictadura.

La lucha por esclarecer y juzgar los delitos del terrorismo de Estado llevada a cabo en Argentina ha contado con un apoyo multitudinario reflejado en las manifestaciones de cada 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se desarrollan en las principales ciudades argentinas desde la caída de la dictadura. Ha sido esta lucha constante y decidida de las asociaciones memorialistas con el apoyo de la ciudadanía la que consiguió que Argentina fuera un ejemplo mundial en políticas de derechos humanos, memoria, justicia y reparación. De hecho, el pasado mes de diciembre, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) presentó su informe anual estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en la Argentina, señalando que, desde 2006, cuando se reiniciaron los juicios por estos crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado, han sido 1.195 los condenados por dichos crímenes en 332 procesos. Una cifra que debería hacer sonrojar a los gobernantes de nuestro país donde el número de condenados por estos delitos es cero y el número de procesos instruidos por la justicia española es prácticamente nulo.

Precisamente, la excepcionalidad de la lucha por la memoria realizada en Argentina es la que nos interpela y nos impulsa a denunciar las políticas negacionistas que están llevando a cabo el gobierno ultrarreaccionario de Milei, en Argentina y de PP-Vox en España, en las que proponen o, peor aún, ya han logrado derogar las leyes de Memoria Democrática para aprobar leyes «de concordia», en un intento de borrar las huellas de la Memoria Histórica y Democrática y cuestionar los principios de Justicia Transicional de Verdad, Justicia, Reparación, Memorialización y Garantías de No Repetición, establecidos por las Naciones Unidas y que constituyen el eje vertebrador del movimiento memorialista.

También han aumentado los insultos a las víctimas de la dictadura franquista y la actitud provocadora y agresiva contra quienes levantamos la bandera de la verdad, la justicia y la reparación.

No cabe duda de que esta política negacionista y represiva se extiende a nivel internacional, asociada a la conculcación constante de los derechos humanos y la comisión impune de crímenes contra la humanidad como sucede en Gaza, Líbano, Siria, Rojava, Sudán, etc. Incluso en España lo estamos comprobando.

A casi 50 años de la muerte del dictador Franco, la situación de la memoria en España sigue siendo deplorable y se siguen vulnerando los derechos humanos y los derechos de la infancia y, peor si cabe, la impunidad de los crímenes sigue revictimizando a las víctimas de la represión franquista y la Transición: miles de asesinados en la guerra y la postguerra siguen desaparecidos; todavía miles de fosas comunes están sin investigar; no se ha devuelto nada de lo robado; las empresas que utilizaron trabajo esclavo no han sufrido ni siquiera una reprobación pública, siguen existiendo decenas de miles de niños y niñas robados, más de 50.000 personas fueron procesadas por el Tribunal de Orden Público (TOP), un tribunal político, y no han recibido reparación alguna; innumerables personas sufrieron malos tratos y torturas en las comisarías y cuartelillos de las Fuerzas Armadas franquistas y los lugares de torturas y las cárceles siguen sin ser significadas (salvo alguna excepcionalidad) y lo que sigue siendo más grave: No hay justicia para los crímenes del terrorismo de Estado de la dictadura, ni reparación y la verdad se oculta o se complica su acceso.

Más de dos años después de la aprobación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, seguimos esperando que se desarrolle y que se cumpla.

La experiencia de nuestras luchas nos enseña que cuesta mucho conseguir los derechos y muy poco perderlos. Por este motivo, queremos aunar nuestras fuerzas con las organizaciones de derechos humanos y de memoria de Argentina para que el negacionismo ultrarreaccionario no tenga oportunidad de arrebatarnos lo conseguido hasta ahora. La solidaridad es la mejor forma de hacerles frente.

¡Verdad, justicia y reparación!

¡Justicia Transicional para las víctimas de la represión!