El informe Figueiredo: una denuncia vigente de las atrocidades contra las naciones indígenas en Brasil

Durante la dictadura militar de Brasil, las poblaciones indígenas fueron sometidas a una política genuinamente genocida. Una política de exterminio, destinada a facilitar a empresas y terratenientes la explotación de los recursos de la selva sin el impedimento de los habitantes de estas zonas. Los ataque sistemáticos y la explotación de estos pueblos había sido una constante desde el siglo XIX, que llevaron a una reducción drástica de su población. Sin embargo, con la llegada de los militares al poder, la agresividad contra estas poblaciones y la permisividad ante los desmanes de multinacionales y grandes terratenientes, alcanzó un auténtico climax.

Parte de estas atrocidades fueron sacadas a la luz a través del Informe Figueiredo, un conjunto documental de 30 volúmenes con más de 7000 páginas realizado entre noviembre de 1967 y 1968 por la Comisión de Investigación del Ministerio del Interior presidida por el fiscal Jader de Figueiredo Correia. Tras su publicación, el informe fue secuestrado y, posteriormente, supuestamente desapareció durante 45 años hasta marzo de 2013, volviendo a poner de relieve la hostilidad y las violaciones de los derechos humanos de estos pueblos indígenas.

El punto de partida del Informe Figueiredo fueron los crímenes del Servicio de Protección a los Indios (SPI) en 1963, llevados a una Comisión Parlamentária de Investigación con amplia repercusión fuera de las fronteras brasileñas. Dicha comisión investigó, entre otras, la masacre de 3500 indígenas Cinta Larga envenenados con arsénico a través de una partida de azúcar intencionadamente adulterada por el propio SPI. Tras el golpe de estado de 1964, realizado entre otras cuestiones para impedir las políticas del presidente João Goulart destinadas a perseguir estos crímenes, la presión internacional impidió a la dictadura enterrar el caso. Impulsado por esta presión, el jefe de gobierno Artur Costa e Silva, encargó al ministro del Interior, el General Albuquerque Lima, la creación de una nueva comisión de investigación, esta vez desde el ejecutivo. El encargado de realizar la investigación sería Jader de Figueiredo Correia, procurador del Dpto. Nacional de Obras contra la Sequía (DNOCS). Contrariamente a las expectativas del ministerio, Figueiredo decidió tomarse en serio su trabajo.

Tras recorrer diferentes regiones del país y escuchar los testimonios de centenares de funcionarios y de indígenas, la Comisión registró datos esclarecedores: crímenes sistemáticos contra las poblaciones indígenas; masacres y exterminios; saqueo y venta ilegal de tierras indígenas; desvíos de fondos públicos; desplazamientos forzados… El propio jefe del SPI, el mayor de Aeronáutica Luiz Vinhas Neves, uno de los principales responsables de las masacres de los Cinta Larga, fue acusado de haber acumulado un patrimonio de un billón de cruzeiros (una cifra absolutamente exorbitante para la época). El SPI, el organismo supuestamente encargado de velar y proteger los intereses de estas poblaciones, dirigía la totalidad de sus esfuerzos a lucrarse a través de su persecución y exterminio.

El tratamiento a la población fue especialmente despiadado. Las torturas, las agresiones sexuales, los asesinatos mediante métodos particularmente crueles, la esclavización, el secuestro de niños separados de sus padres y los desplazamientos forzosos, se convirtieron en prácticas habituales completamente consentidas por las autoridades.

Un informe plagado de descripciones del horror

Decenas de testimonios fueron registrados, incluido la sustracción de recién nacidos y el envío de parturientas a trabajos forzados en plantaciones tan solo un día después de dar a luz. «Un tratamiento mucho más brutal que el dispensado a los animales de labranza», escribía el fiscal Figueiredo, que a través de las líneas de las 7000 hojas del informe, plasma su indignación.

«El indio, razón de ser del SPI, se convirtió en víctima de verdaderos criminales que le impusieron un régimen de esclavitud y le negaron un mínimo de condiciones de vida compatibles con la dignidad de la persona humana. Es asombroso que haya en la estructura administrativa del país un departamento que haya descendido a tan bajos estándares de decencia. Y que hay funcionarios, cuya bestialidad ha llegado a tales refinamientos de perversidad», apuntaba el fiscal.

En el informe, también recogía con profundo detalle técnicas de tortura aplicadas contra los indígenas, como la tortura del tronco. «El tronco era, todavía, el más frecuente de los castigos en la 7ª Provincia. Consistía en la trituración de los tobillos de las víctimas, colocadas entre dos estacas enterradas juntas en ángulo agudo. Las extremidades, atadas con poleas, se iban rompiendo lentamente», explica en el informe.

También recogía los asesinatos y exterminios perpetrados por terratenientes con el total consentimiento del SPI. «Más recientemente, los Cintas-Largas, en Mato Grosso, habrían sido exterminados mediante el lanzamiento de dinamita desde aviones y estricnina mezclada en el azúcar, mientras los madereros les daban caza con ametralladoras (llamadas por los indígenas con la expresión onomatopéyica pi-ri-pi-pi) ¡y cortaban vivos con una sierra, de pubis a cabeza a los supervivientes!», describía el fiscal, narrando las circunstancias de la conocida como Massacre do Paralelo 11. «Los criminales quedaron completamente impunes, tanto que el presidente de esta Comisión vio a dos secuaces de este hediondo crimen vendiendo tranquilamente helado a los niños en una esquina de Cuiabá, sin que la justicia matogrosense se incomode», denunciaba con total indignación.

Marginación de Figueiredo y desaparición del informe

La labor y la implicación de Figueiredo en el caso logró hacer públicas las atrocidades, que trascendieron a la prensa internacional, que volvió a centrar su atención en estos pueblos indígenas. Sin embargo, esa dedicación le convirtió en un funcionario incómodo para el régimen militar, que ignoró el contenido del informe, salvando la situación con algunas destituciones pero ningún proceso judicial contra los responsables de las violaciones de derechos humanos. A las amenazas de muerte se sumó el ostracismo de la administración de la dictadura, que le expulsó de Brasilia para destinarle a cargos menores en el estado de Ceará.

Figueiredo murió en 1974 en un sospechos accidente de tráfico a los 53 años. Su informe, desaparecido durante los siguientes 45 años, en un esfuerzo por tratar de volver a tapar la abominable realidad que ocultaban las selvas brasileñas. Una política del silencio que continuó durante décadas, y se plasmó en otros crímenes, como el asesinato de Chico Mendes en 1988 o la más reciente represión de las protestas contra la Ley de Marco Temporal.

Sin embargo, gracias a la republicación del informe en 2013, su trabajo no quedó completamente borrado. Los crímenes, las responsabilidades y la realidad persistente en las zonas del interior del país volvieron a estar al alcance del público. Una realidad que lamentablemente continúa poniendo de relieve la peor cara de un sistema criminal e insostenible.