El callejero franquista de Huesca, a los tribunales
Entidades memorialistas y culturales aragonesas, junto con ciudadanos a título particular, promueven la presentación ante los tribunales de un recurso contencioso administrativo contra la decisión negacionista del Ayuntamiento de Huesca respecto al cambio de denominación para varias calles de adscripción franquista en la ciudad.
Manifiesto
La memoria democrática, una exigencia ética y política
La reciente desestimación pronunciada por el Ayuntamiento de Huesca ante la solicitud del cambio de denominación para varias calles de adscripción franquista en la ciudad, así como para promover la retirada de la placa contraria a la memoria democrática que se encuentra ubicada en el patio municipal, no solo obedece a la ideología conservadora del alcalde socialista y su equipo de gobierno, también a un ambiente propicio, un espacio de gestión aragonesa laxo en materia de memoria e impune frente al incumplimiento del mandato de la ley.
El franquismo político y sociológico alojado en instituciones como el Ayuntamiento de Huesca, el de Zaragoza, o el de Calatayud y aun otros que se niegan a retirar los símbolos de la dictadura, se alimenta de un contexto de sospechosa permisividad favorecido por el Gobierno de Aragón a través de la Consejería de Cultura. La Ley de memoria democrática aragonesa, Ley 14/2018, de 8 de noviembre, ha sido abandonada a su suerte, antes incluso de haberse facilitado una mínima oportunidad de desarrollo.
Todos los plazos contenidos en el documento legal, previstos para dar cuerpo al articulado y hacer realidad sus propósitos se han incumplido. La memoria ha dejado de ser un derecho para convertirse en un incómodo enunciado de carácter administrativo con el que rellenar ámbitos públicos conmemorativos y adornarse en la suerte de los discursos de compromiso, aunque vacíos.
En el mes de agosto de 2019 se debería haber constituido la Comisión técnica de memoria democrática, instancia responsable de la redacción del Plan de acción que contiene los proyectos a impulsar durante el actual mandato institucional, pero ni la una ni el otro se han materializado. El plazo para elaborar el proceso normativo de la Ley, inédito a fecha actual, concluyó en febrero de 2020.
Difícilmente se podrán abordar los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que enuncia la Ley sin el concurso del Centro de Investigación de la memoria democrática que debe redactar el censo de memoria, catálogo que contendrá toda la información sobre desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Ni siquiera se ha actualizado el mapa de fosas.
Tampoco se ha sistematizado un censo de símbolos contrarios a la memoria democrática, actuando en este aspecto la Dirección General de Patrimonio con carácter errático, aleatoria voluntad y muy desigual fortuna, como queda meridianamente claro en el caso del callejero que nombra alcaldes de la dictadura en Huesca. En este contexto, el régimen sancionador que establece la norma legal permanece inexplorado, favoreciendo la actitud insumisa de las autoridades incumplidoras.
Así las cosas, entidades memorialistas y culturales aragonesas, junto con ciudadanos a título particular, hemos promovido la presentación ante los tribunales de un recurso contencioso administrativo contra la decisión negacionista del Ayuntamiento de Huesca. Consideramos que el desenvolvimiento y expansión de la Ley de memoria democrática debe ocupar un lugar central en la construcción de políticas sociales y en el ejercicio de los derechos democráticos frente a los discursos reaccionarios y el avance de los postulados ultraderechistas que no son signo de los tiempos, sino amenaza real de un fascismo que cala en la sociedad desinformada, acrítica y contemplativa.
La memoria histórica democrática es una exigencia ética y política, una formulación irrenunciable, un indesmayable ejercicio de libertad y dignidad.
Huesca, marzo de 2021
Promueven:
Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, ARMHA y Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa. Modesto Arjona Ortiz; José Mª Azpíroz Pascual, historiador; Juan Mainer Baqué, historiador y miembros de la Asociación Terres de Mémoire et de Luttes, ATML; Marién Martín Valdunciel, miembro de ATML y Pedro Sáinz Terrado, víctima del franquismo.
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