PP, Vox y PAR derogan la ley de memoria democrática de Aragón tras anunciarlo el 20 de noviembre de 2023, en coincidencia con el día de la muerte de Franco

Los grupos que sustentan al Gobierno aragonés, PP y Vox, además del PAR, que ocupa varios puestos en segundos niveles del Ejecutivo, aprobaron ayer jueves en el pleno de las Cortes la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón para «reconocer a todas las víctimas sin distinción», a quienes dieron el golpe de Estado contra el Gobierno de la II República, y a quienes defendían la legalidad democrática, y con toda la oposición en contra.

La diputada del PP Ana Marín hizo un reconocimiento «a todas las víctimas sin excepción» y preguntó «si de verdad somos incapaces de superar lo que pasó hace 100 años, no digo olvidarlo, sino superarlo», echando en cara a los partidos de izquierda que sus discursos «son más propios de 1940 que de 2024». «Hoy se va a empezar a reconocer a todas las víctimas», continuó Marín, mencionando a «las de la guerra, la dictadura franquista y el terrorismo que nos sacudió a todos tan fuerte y tan cerca».

Por su parte, Santiago Morón, de Vox, tachó de «nefasta» la ley al considerarla «una herramienta política de agitación social» diseñada para «enfrentar a los españoles en el siglo XXI» y que «atenta contra la libertad de pensamiento, conciencia, expresión y cátedra». «¿Qué necesidad había, después de 40 años, de romper con los principios de la Transición?», preguntó, rechazando «la estrategia de confrontación».

Una intervención que censuró el diputado del PSOE Daniel Alastuey por el «revanchismo» que evidencia, al tiempo que ha asegurado que le «duele el día de hoy» por «los derechos que se están robando» al echar «a la basura» una ley que buscaba la concordia mediante el reconocimiento de todas las víctimas y permitía «pasar página» con un relato común.

«Los hechos están ahí; no los van a poder esconder»

Esta derogación forma parte del acuerdo de Gobierno en Aragón entre PP y Vox y fue anunciada por sus portavoces parlamentarios el pasado 20N, en coincidencia con el día que murió Franco, algo que la oposición interpretó como una provocación. También criticó que se haya tramitado por lectura única, ya que reduce el periodo de presentación de enmiendas y evita las audiencias que habrían dado voz a las asociaciones de memoria histórica.

En este contexto, Alastuey dijo que PP y VOX querían «la derogación inmediata, con malas formas y saña» y lamentó que «este país ha tenido una atormentada historia, los españoles hemos intentado, mal que bien, fundar un Estado democrático durante dos siglos».

José Luis Soro, de Chunta Aragonesista, se sumó a las críticas y ha afeado al PP su incoherencia por votar en contra de los artículos y disposiciones de la ley que sí apoyó cuando se aprobó la ley en 2018 para «contentar a la ultraderecha y para que Azcón sea presidente». «Es un éxito rotundo de Vox», enfatizó Soro, quien ha advertido de que «ser cómplice, dejarse utilizar, es tan grave como ser autor intelectual«.

La parlamentaria de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj consideró que derogar esta ley «para nada es hacer justicia a todas las víctimas», agregando que «solamente construyendo» con una modificación de la ley actual «se le haría justicia a las víctimas». «Pueden derogar la ley de memoria democrática que está basada en los principios de Naciones Unidas» pero, aseveró, «los hechos están ahí; no los van a poder esconder».

Por su parte, Andoni Corrales, de Podemos, aseguró que se va a asegurar personalmente de que se cumpla la ley de memoria estatal «punto por punto» en todos los pueblos de Aragón y Álvaro Sanz, de IU, ha opinado que la derogación, «hecha casi en la clandestinidad», pretende generar «dolor y sometimiento», mostrando una naturaleza «totalitaria, agresiva, que lejos de avergonzarse de un pasado sanguinario, se trata de blanquear».

Protesta de las asociaciones memorialistas  

A las puertas del Parlamento se concentraron un centenar de personas para reivindicar que se siga reconociendo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y ayudando a todas las familias que quieren recuperar los restos de sus seres queridos, como ha subrayado a los medios de comunicación la presidenta de la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), Anabel Lapuente.

«No habíamos tenido nunca una ley que nos reconociera como tal», expresó Lapuente, quien insistió en que «les daba derechos como víctimas» y con la derogación «lo que se hace es quitarles todos los derechos que habíamos conseguido para ellos». 

También la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, la socialista Teresa Ladrero, acudió a las Cortes, donde lamentó que PP y Vox sean «incapaces de empatizar con el sufrimiento de las familias de las víctimas, que se agarran a la ley aragonesa para lograr cerrar heridas». La institución provincial asumió las partidas recortadas por el Gobierno de Aragón al aumentar sus fondos para memoria democrática de 200.000 a 450.000 euros.