El PSOE suma sus votos a los de PP, Cs y Vox para evitar un cambio del Código Penal que permitía juzgar delitos contra la Comunidad Internacional
- El PSOE se sumó ayer al bloque de PP, Vox y Ciudadanos e impidió con sus votos la toma en consideración de la propuesta de ley registrada por ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Junts, BNG y CUP que tenía como objeto que los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista puedan ser investigados por los juzgados, entre otros aspectos.
La proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Plural, Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Grupo Parlamentario Republicano, Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Mixto, tenía como objetivo introducir un nuevo artículo que hubiese permitido juzgar los crímenes de lesa humanidad y “reforzar jurídicamente el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
El denominado artículo 2 bis quería dejar claras excepciones a algunos presupuestos en el Código Penal; “Lo dispuesto en los dos artículos precedentes no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos señalados en los capítulos II, II bis, III y IV, del Título XXIV del Libro II de este Código Penal”. Sin embargo, esta iniciativa de justicia y dignidad democrática han sido tumbada con los votos del PSOE, PP, Vox, y Ciudadanos. El delito de genocidio, aparece tipificado en los artículos 607.1 y 607 bis.
El Título XXIV del Código Penal (Pag. 189) recoge los «delitos contra la Comunidad Internacional«:
CAPÍTULO I
Delitos contra el Derecho de gentes
CAPÍTULO II
Delitos de genocidio
CAPÍTULO II BIS
De los delitos de lesa humanidad
CAPÍTULO III
De los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado
CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes
En el mismo sentido, el texto rechazado por el PSOE y el bloque de derecha-ultraderecha, proponía incorporar al Código Penal “una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, compromisos internacionales adquiridos solemnemente por el Estado español, pero que, una vez más, se convierten en papel mojado cuando se necesita la acción democrática de PSOE y PP.
La propuesta comenzó a iniciativa de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo -Ceaqua- y de Amnistía Internacional, y a pesar de contar con el apoyo de ERC, PNV,EH Bildu, Más País, Compromís, Junts, CUP, En Comú Podém y el BNG, no ha sido aprobado inicialmente.
A falta de una votación final, el PSOE ha anunciado su voto en contra, y su diputado Indalecio Gutiérrez se ha escudado en que la iniciativa vulnera “tres principios de nuestro ordenamiento como son la legalidad penal, la retroactividad y la seguridad jurídica”, remarcando que “nadie tiene más muertos en fosas comunes que el PSOE, por tanto lecciones, ninguna”, pero impidiendo a las familias de esas personas asesinadas por el fascismo obtener verdad, justicia, y reparación, como exigen todos los organismos internacionales a los que pertenece el Estado español.
Con todo, una enmienda acordada entre PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática podría conducir a que finalmente los crímenes de lesa humanidad y genocidio dejen de estar amparados por la Ley de Amnistía.
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