Se cumplen 19 años del inicio de la Guerra de Irak, el conflicto que fulminó definitivamente el derecho internacional

El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos y Reino Unido, junto a una variopinta coalición de países, entre ellos España, bajo la denominada Coalición de la Voluntad (el branding de las operaciones militares y los elementos relacionadas con ellas durante el mandato de George W. Bush es un tema digno de estudio) iniciaron los bombardeos y la invasión terrestre, sin previa declaración de guerra, sobre el territorio de Irak. Comenzaba la Guerra de Irak, un conflicto que, en distintas fases, ha permanecido durante casi dos décadas, provocando al menos 300.000 muertos.

La coalición, conformada ante la negativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aprobar una intervención militar estadounidense en Irak, invadía el país bajo el pretexto de su desarrollo de armas de destrucción masiva. La supuesta colaboración del régimen de Sadam Huseín con la organización salafista Al Qaeda (siendo del movimiento laico Baaz) o la intención de implantar la democracia en Oriente Medio también fueron agitados como pretextos para justificar la guerra.

Con un ejército desmantelado tras la operación militar internacional de 1991 en respuesta a su invasión de Kuwait, asaltado por algunas de las primeras potencias militares del mundo y con una economía al borde del colapso tras una década de sanciones, el estado iraquí apenas aguantó unas semanas, cayendo por completo hacia principios de mayo de ese año. Comenzaba, sin embargo, una larga guerra de guerrillas promovida por diversas milicias que combatían a la ocupación militar de Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados.

Ni armas ni cooperación con Al Qaeda

La premisa de las armas de destrucción masiva se mostró rápidamente, como se había previsto, falsa. Los inspectores de Naciones Unidas rápidamente pudieron concluir, como habían venido advirtiendo desde otoño de 2002, que las instalaciones de fabricación de armas químicas y bacteriológicas habían sido desmanteladas en 1991. Tampoco quedó demostrada ninguna vinculación con el terrorismo islamista que, irónicamente, aprovechó el caos desatado en el país con la invasión para extenderse rápidamente por todo el territorio.

Sí quedó claro, sin embargo, el peso de los hidrocarburos en las motivaciones para el conflicto. Poco después de la caída del régimen de Sadam, el 22 de mayo de ese mismo año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas daba su visto bueno a la ocupación militar, permitiendo de forma explícita a Estados Unidos y Reino Unido utilizar los recursos petroleros para «la reconstrucción del país». Varios años después, el que fuese presidente de la Reserva Federal estadounidense, Alan Greenspan, reconocía que el verdadero motivo para llevar a cabo la invasión, planeada desde finales del año 2000, era hacerse con el control de la reserva petrolífera del país. Algunos analistas, como William Clark, Richard Benson o David Graeber, apuntaron a la asunción del gobierno de Baazista de Hussein del euro como divisa en la venta de petróleo, habiendo sido la guerra una forma indirecta de cercenar a la Unión Europea su posible consolidación como potencia frente a Washington.

Ninguno de los objetivos, oficiales o extraoficiales, se cumplió con la operación militar. Con el crecimiento de la influencia de milicias islamistas en el territorio iraquí, la amenaza salafista, lejos de contenerse, creció en todo el mundo. Los intentos de «democratización» del país cayeron en saco roto, en un estado permanente de caos y conflicto, similar al de Afganistán, Somalia y otros países objetivos de operaciones militares estadounidenses. Y la explotación de los hidrocarburos no llegaría a ser jamás rentable a Estados Unidos ni Reino Unido que gastarían, según diversos cálculos, cerca de un billón de dólares en su aventura militar.

Voladura del derecho internacional

La ejecución de la invasión sí que sirvió, sin embargo, para volar por completo la escasa competencia del derecho internacional. Que la operación militar se iniciase sin permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desacreditaba por completo a este organismo internacional, abriendo una etapa de acciones unilaterales que hoy por hoy lamentamos especialmente. El posterior reconocimiento a la ocupación militar, daba a entender que el mecanismo de la fuerza resultaba, a todas luces, más rentable para las potencias mundiales en la búsqueda de la imposición de sus intéreses.

El desmantelamiento de la jurisdicción internacional tendría un último apéndice siniestro, una auténtica burla con la conformación del Alto Tribunal Penal Iraquí, un organismo judicial dependiente de los Estados Unidos que suplantó las funciones de la Corte Penal Internacional y condenó a muerte a Sadam Husseín.