Seis años en el limbo: la lucha de las familias por una ley de ‘bebés robados’
La norma para facilitar las investigaciones sobre el robo de neonatos durante el franquismo y la Transición volvió al Congreso en mayo. Víctimas denuncian la “ausencia de voluntad política”.
El texto de la ley de ‘bebés robados’ lleva siete años redactado, y han pasado seis desde que aterrizó en el Congreso de los Diputados por primera vez. Ha desembarcado en la Cámara en tres legislaturas, con unanimidad o respaldo masivo por parte de los grupos, pero en la última legislatura vio prorrogado el plazo para que los grupos presentaran enmiendas en más de un centenar de ocasiones. Esperó en vía muerta. El adelanto electoral del 23-J, hizo que decayera, como ocurrió con otras leyes, y cómo ya había pasado cuatro años antes.
Ahora, las familias esperan que la proposición de ley reinicie su tramitación en el próximo curso político, a partir de septiembre. Distintos partidos defienden su compromiso con la norma, pero no especifican plazos concretos de tramitación. El texto llegó a la Cámara por última vez a finales de mayo, con la firma de los grupos Sumar, Junts per Catalunya, Republicano y EH Bildu, y con el aval de los partidos Podemos y BNG. PP, PSOE y PNV no lo han rubricado en esta ocasión, pero sí han comprometido sus apoyos para que pueda verse plasmada en el BOE de una vez por todas, como explica Soledad Luque. Es la portavoz de la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella Argentina-CeAqua en esta materia, y presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, responsable del texto original. La proposición de ley tiene el apoyo de varias asociaciones de víctimas de todo el territorio español, así como el de organizaciones como Amnistía Internacional.
“Tenemos la esperanza de que esta tercera legislatura sea la definitiva”, asegura Luque a Artículo 14. “No olvidemos que existe un acuerdo programático donde los socios de Gobierno, Sumar y PSOE, se comprometen a aprobar la ley”. Apunta que ya han conversado con todos los grupos, excepto con “la extrema derecha, que siempre ha mostrado su rechazo a esta iniciativa legislativa”. “Todos han designado a uno o dos diputados para hablar y trabajar con nosotras el texto y sacar adelante la ley lo antes posible. Hay mucho adelantado”, afirma.
Hasta ahora, más allá del efecto que tiene cualquier adelanto electoral en las leyes en tramitación, y del retraso por las “valoraciones” que hiciera en su día el Ministerio de Justicia, que “se alejaban mucho de su esencia”, las víctimas aseguran que esta tardanza se puede explicar en una idea. “Lo que había era una ausencia de voluntad política para comprometerse con las víctimas y sacar pronto la Ley. Se sacaron muchas otras leyes, también muy importantes, sin tanto problema”.
En junio, la proposición de ley volvió a ser calificada por la Mesa, y ahora está a la espera de que el pleno vote su admisión a trámite, el primer paso de su andadura parlamentaria. En esencia, la norma persigue garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición. Aboga por el impulso de las investigaciones, garantizando el acceso a todo tipo de archivos, incluidos los de la Iglesia Católica; la creación de una Fiscalía especializada, una unidad de investigación de la Policía Judicial, o un banco público de ADN. También abarca la realización de exhumaciones con cargo al Ministerio de Justicia; y el derecho a atención médica, jurídica y psicológica gratuita, así como la celebración de campañas de información y difusión sobre estos delitos.
La proposición de ley no contempla indemnizaciones, y Luque apunta a que es un planteamiento que “siempre” ha sido un consenso entre las asociaciones. “Siempre hemos dejado claro que nuestro objetivo es conseguir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y esa reparación, como se puede ver en el texto, nada tiene que ver con indemnizaciones”, incide.
Un camino accidentado y un informe perdido
El camino seguido por la ley en sus distintos periplos parlamentarios ha sido accidentado. En la primera ocasión, en 2018, recibió el aval de todo el arco parlamentario, pero la convocatoria de elecciones pocos meses después bloqueó su camino. En 2020, ya en la XIV Legislatura, pasaron tres meses y 20 días desde que la ley recibió el aval de la Mesa hasta que se celebró el pleno por el que se inició su tramitación.
Vox cambió de tercio y se posicionó en contra, asegurando que la trama de robos de bebés era un “invento” de la “izquierda socialcomunista”. El partido de Santiago Abascal defendió la existencia de “una campaña de propaganda” liderada por medios de comunicación de izquierdas, para “sentar al franquismo en el banquillo”. Según su versión, “no se robaron niños en ninguna trama por parte de ningún régimen”.
La norma logró el aval del resto de grupos parlamentarios. El pleno de toma en consideración se celebró el 23 de junio, exactamente tres años antes de las elecciones por las que, de nuevo, la ley decaería. Antes de esas elecciones, los Ministerios de Presidencia y Justicia se reunieron telemáticamente con los grupos parlamentarios que sustentaban a la coalición (Socialista y Unidas Podemos). Los Ministerios cuestionaron varios aspectos de la norma, entre ellos “cuestiones relacionadas con la reparación mediante la Justicia”, como explicaron fuentes del Congreso.
En enero de 2022, el socio minoritario remitió a Justicia un informe jurídico en el que sugería vías para superar esas deficiencias. Un año después, ya en enero de 2023, en el Ministerio no sabían aclarar qué había ocurrido con este texto. Por otro lado, una vez accedieron al cierre del plazo para registrar enmiendas, los socialistas registraron varias modificaciones, apostando incluso por cambiar el nombre y la exposición de motivos de la norma. Y renunciando a crear una Fiscalía especializada, entre otras materias.
En esa legislatura, el registro del Congreso solo recoge otra iniciativa sobre ‘bebés robados’: una pregunta escrita del PDeCat al Gobierno, interesándose por el impulso a la proposición de ley, entonces en el limbo. En la XII Legislatura (2016-2019), hubo cuatro preguntas escritas al Ejecutivo, una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos y aprobada en comisión, y hasta la solicitud de creación de una comisión de investigación. Llevó las firmas de PSOE y Unidas Podemos, y nunca llegó a materializarse.
Hay registro de preguntas al Gobierno con respuesta oral y escrita en otras legislaturas (2011-2016). A partir de ahí se pierde el rastro. En la XII Legislatura (2016-2019), cuando la ley aterrizó en la Cámara por primera vez, el Congreso aprobó la declaración institucional “sobre el reconocimiento público del drama del robo de bebés y la desaparición forzosa de menores”. Con las firmas de PP. PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y el grupo parlamentario Mixto, el texto se hace eco de las denuncias de estas desapariciones forzosas.
“Lamentamos no haber podido conseguir la aprobación de la ley en esta legislatura en la que, sin embargo, se ha avanzado en la consecución de consensos importantes que trabajaremos por mantener, sobre todo porque las víctimas necesitan contar con instrumentos eficaces en la investigación de la verdad en las desapariciones de menores que de forma repetida han ocurrido en este país, con el consiguiente dolor y sufrimiento para las personas afectadas”, reza la declaración aprobada por la Cámara Baja. Fue el 28 de febrero de 2019. Han pasado cinco años.
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