El Comité de Memoria Histórica de Celanova espera que García Ortiz emprenda acciones legales contra los crímenes del franquismo

La Comisión de Memoria Histórica de la Comarca de Celanova ha participado este viernes en el último acto de difusión de los actos de inauguración, el próximo domingo, del Memorial de los 90 de San Breixo, que homenajea a las víctimas de la violencia fascista enterradas en el cementerio parroquial de Celanova entre 1936 y 1943: una rueda de prensa en el Ayuntamiento junto al alcalde, Antonio Puga, y la teniente de alcalde, Teresa Barge.

Baldomero Moreiras, miembro del Comité y autor del memorial, explicó que su intención era intervenir en el cementerio con una obra que respetara el conjunto y cuyo diseño no restara protagonismo a las víctimas, de tal forma que «trabajé desde el respeto a los elementos que lo componen y desde el respeto a las familias de las víctimas», indicó Moreiras, quien recordó que el símbolo de las palomas vincula este memorial con otras intervenciones del Comité en espacios de memoria de la localidad.

Además, otro portavoz del Comité, Erik Dobaño, destacó la oportunidad que representa la presencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien intervendrá en el acto institucional del domingo invitado por el Grupo Histagra (USC), coordinador en Galicia del Plan Estatal de Exhumaciones 2021-24, para que la Justicia española se active de una vez por todas en el país contra los crímenes del franquismo, y recordó que solo en el grupo de los 90 de San Breixo hay 7 personas fusiladas, 2 desfiladas, 2 muertos por disparos de guardias de prisiones, 1 ametrallado en una emboscada de las fuerzas represivas del régimen dictatorial y uno más del que la familia sospecha que murió a consecuencia de una paliza en prisión. En total, trece muertes violentas por la represión franquista, además de la consideración que merecen las otras 77 muertes como consecuencia de las condiciones de confinamiento —indicó—, que las asociaciones de memoria y, cada vez más, los historiadores del país consideran crímenes de lesa humanidad.