‘Dar la espalda a las víctimas de Franco’: la derecha española acusada de blanquear el fascismo

Una gran cruz montada sobre un bloque de piedra recibe a los visitantes del cementerio de Torrero de Zaragoza. Este monumento fue construido durante la dictadura de Francisco Franco y fue uno de los muchos dedicados a quienes murieron luchando por su bando en la guerra civil española de 1936-39.

En los últimos años, muchos de estos monumentos en toda España han sido retirados de la exhibición pública con el argumento de que glorifican el régimen de Franco. Esto ha sido parte de una campaña de gobiernos nacionales y locales de izquierda para priorizar la memoria histórica y reconocer a las víctimas de Franco durante el conflicto civil y su posterior dictadura de cuatro décadas.

Pero los activistas de la memoria histórica en Aragón y otras partes de España temen que los nuevos gobiernos locales de derecha estén revirtiendo los avances logrados en los últimos años e intentando reescribir la violenta historia del siglo XX del país.

«El Gobierno de Aragón está dando la espalda a las víctimas de Franco», afirma Enrique Gómez Arnas, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la región. Habla en el cementerio, junto a un pequeño parque dedicado a las víctimas de Franco.

Después de asumir el poder el verano pasado como coalición, el conservador Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox anunciaron que iban a revocar una Ley de Memoria Democrática local introducida en la región por el gobierno socialista anterior en 2018. Esa legislación había buscado retirar símbolos del franquismo en los espacios públicos aunque quede el monumento del cementerio de Torrero e implementar un protocolo para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas.

El anuncio de la retirada de la ley se hizo el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco en 1975, día que aún conmemoran los extremistas de derecha. Gómez Arnas afirmó que la elección de la fecha fue «un guiño» a los votantes de derechas.

Mar Vaquero, vicepresidenta segunda de Aragón, insiste en que fue una casualidad y defiende la eliminación de la ley vigente en la región,

«Era una ley sectaria, divisiva e incompleta porque seguía apoyando el espíritu de un lado frente al otro», dijo Vaquero, del PP, a The Irish Times, «y lo que queremos hacer es dejar eso atrás y recuperar el espíritu de la transición democrática.»

No se ha introducido ninguna ley para sustituirla, pero su administración tiene intención de presentar un «plan de concordia» antes del verano. Vaquero dijo que ampliará el alcance de la memoria histórica de la región para incluir el reconocimiento y la exhumación de víctimas de la violencia ideológica durante la Segunda República de izquierdas de 1931-1936.

«Estamos a favor de recuperar los restos de cualquier fosa común, ya sea de la época de la República, de la época de la guerra civil o de la época de la dictadura», afirmó. «Creemos que la ideología no se hereda».

Sin embargo, los críticos dicen que el plan de concordia no es tal cosa. Estos aparentes esfuerzos por poner al régimen de Franco y al gobierno republicano elegido democráticamente en igualdad de condiciones morales enfurecen a los defensores de la memoria histórica. También parecen respaldar narrativas revisionistas de extrema derecha que cuestionan la teoría dominante establecida de que un golpe de Estado por parte de oficiales del ejército de derechas contra la administración republicana desencadenó la guerra civil.

El hispanista Paul Preston, que ha documentado la violencia de la guerra civil y el régimen de Franco en varios libros, dijo a The Irish Times que «la principal diferencia cualitativa [entre la violencia durante la República y durante la dictadura] es que la represión franquista era la política oficial, mientras que las autoridades republicanas intentaban impedir la violencia.»

Inmaculada Rebla, de una asociación de memoria histórica local en Aragón, destacó la fundación del PP por ministros del régimen franquista y dijo que el Gobierno de la región había revocado la ley «porque les hace quedar mal en un contexto histórico».

Y añadió: «No vamos a permitir que mientan sobre la historia de España y lo que pasó en este país».

Rebla y otros activistas temen que la financiación y el apoyo a la exhumación de las aproximadamente 1.000 fosas comunes en Aragón se recorten en el nuevo plan del gobierno regional. Vaquero contrarresta esas preocupaciones diciendo que las exhumaciones recibirán un 10 por ciento de financiación adicional este año.

El enfoque del gobierno de Aragón respecto de la memoria histórica se ha replicado en otras regiones donde el PP y Vox gobiernan en coalición. El mes pasado, el gobierno de Castilla y León presentó una «ley de concordia» para sustituir la legislación existente sobre memoria histórica. «Nunca ha habido consenso sobre la Segunda República, la guerra civil y el franquismo», reza el texto de esa ley, que afirma que las generaciones más jóvenes han recibido una «visión distorsionada» del conflicto.

La organización de memoria histórica más destacada de España calificó la ley de Castilla y León como «un gran ejemplo de blanqueo del fascismo».

Se ha introducido una legislación similar en Valencia, donde el PP y Vox también gobiernan en coalición, y hay planes en marcha para reemplazar las leyes existentes aprobadas por la izquierda en las Islas Baleares y Cantabria.

La cuestión también se ha planteado en el ámbito político nacional. El primer ministro socialista Pedro Sánchez, cuyo gobierno introdujo una ley de memoria histórica a nivel nacional en 2022, ha amenazado con apelar ante el Tribunal Constitucional español, el Parlamento de la UE y la ONU en un intento por impedir que las regiones revoquen la legislación local existente.

«No hemos llegado hasta aquí para permitir esta ola de revisionismo de extrema derecha que están viendo las democracias más avanzadas del mundo, incluida España», afirmó.

Pablo de Greiff, ex relator especial de la ONU sobre verdad, justicia y reparación, calificó de «negacionistas» las iniciativas del PP y Vox.

«No entiendo qué tipo de concepto de ‘armonía’ puede basarse en una equivalencia falsa y en la negativa a reconocer a las víctimas que todavía tienen agravios legítimos», afirmó.

El PP se ha opuesto durante mucho tiempo a los esfuerzos de los gobiernos socialistas para abordar la memoria histórica y la última vez que gobernó España, entre 2011 y 2018, eliminó la financiación para las organizaciones que realizaban exhumaciones.

Sin embargo, muchos creen que el catalizador de la reciente ola de leyes revisionistas es Vox, que adopta una postura particularmente beligerante sobre el tema.

«La necrofilia, la división y el rencor han vuelto», tuiteó el líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, en respuesta a las imágenes de Sánchez visitando el Valle de Cuelgamuros, el antiguo mausoleo de Franco donde los científicos están identificando restos de víctimas de la guerra civil de ambos bandos.

Abascal añadió que Sánchez utiliza el asunto «para encubrir la corrupción de su Gobierno golpista, apuntalado por fuerzas criminales».

La influencia de Vox en el PP ha sido evidente en muchos ayuntamientos y gobiernos regionales donde ambos han estado en coalición desde el verano pasado, con, por ejemplo, la eliminación de varios departamentos de igualdad de género y la retirada de banderas LGBTQ de los edificios públicos. Aunque Vox no expresa explícitamente admiración por Franco o su régimen, algunos de sus políticos han insinuado que simpatizan con el dictador y sus ideas. La foto de perfil de Facebook de la titular de Justicia de Aragón, Esmeralda Pastor, la mostraba posando delante de una bandera de la época franquista.

Gómez Arnas dice que la historia de España se ha convertido en «una parte más de la guerra cultural».

«Perdimos la guerra civil», dice. «Pero todo el sufrimiento que vino después, la sociedad necesita saberlo porque de lo contrario no hay garantía de que no vuelva a suceder».

Fuente: The Irish Times de Dublín.