Un simbólico cortejo fúnebre exige la salida del genocida Queipo de Llano de la Macarena: #FascismoNuncaMás

Un simbólico cortijo fúnebre recorrió el camino entre el cementerio municipal de San Fernando, donde permanecen enterradas miles de personas ejecutadas en los primeros días del golpe de estado contra la II República, en julio de 1936, hasta la basílica de la Macarena, donde se enterraron los restos de uno de los militares más infames del Franquismo, que dirigió la sublevación en Sevilla, el general Queipo de Llano. 

La movilización fue organizada por la Coordinadora Andaluza de Agrupaciones Republicanas para homenajear a las víctimas del fascismo cuando se cumplen 85 años del fallido golpe militar que desembocó tres años de guerra civil y cuatro décadas de dictadura.

Un féretro cubierto por la bandera republicana abrió la marcha en el cementerio municipal. Más atrás una enorme bandera del Gobierno democrático de la II República y dos pancartas donde podía leerse el resultado del genocidio franquista en esta provincia: «más de 4.500 personas asesinadas por el franquismo en las fosas comunes del cementerio de Sevilla» o la reivindicación «Fuera el genocida Queipo de Llano de la Macarena». 

Pregunta en la comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía: ¿Cuándo piensa el Gobierno de la Junta de Andalucía realizar las actuaciones necesarias para la retirada de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena?

El diputado de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz por la provincia de Sevilla Ismael Sánchez (IU) elevó el pasado 19 de julio una nueva pregunta a la comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, en demanda de que la consejera del ramo, Patricia del Pozo, informe sobre «cuándo» prevé formalizar «las actuaciones necesarias» para que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando tras el golpe de estado de 1936.

«En cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, ¿Cuándo piensa el Gobierno de la Junta de Andalucía realizar las actuaciones necesarias para la retirada de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena?, figura textualmente en esta pregunta para su debate en la comisión de Cultura.

Sobre el asunto pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba.

Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.

En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen «vinculante» sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros «elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares».

Pero más recientemente, la actual consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.

Por aquella época, el pleno del Parlamento andaluz rechazaba una proposición no de ley (PNL) destinada a reclamar que la Junta de Andalucía pidiese a la hermandad de la Macarena la retirada de la tumba de Queipo de Llano, al votar en contra el PP, Cs y Vox.

En paralelo, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla aclaraba que median «palmarias diferencias» entre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, pues el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un «lugar privado de uso público».

Al respecto, la hermandad de la Macarena viene defendiendo que el columbario proyectado por la entidad «podría suponer en un futuro una posible vía de solución» al enterramiento del general golpista si así lo aceptase la familia del mismo, avisando además de que con la Ley Andaluza de Memoria Histórica tal como está «dictada», sin un «reglamento que la perfeccione», no pesa sobre la hermandad «ninguna obligación de sacar» los restos del militar.

Eso sí, la hermandad de la Macarena avisaba de que la construcción de dicho columbario no tiene aún ninguna «fecha de inicio ni de finalización».

La nueva Ley de Memoria Democrática estatal y la Ley andaluza, normas indefinidas o abiertas a la interpretación judicial

Según el anteproyecto de ley estatal que aún debe tramitarse en el Congreso y el Senado, donde estará sujeta a posibles modificaciones, se prevé en su artículo 38.3 que «los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio». Este aspecto también es recogido en la ley andaluza aprobada en 2017 (artículo 32.4): «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos», redacción muy parecida a la del art. 36.5 de la futura ley estatal: «Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos», con el añadido de que «corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado».

La clave del asunto es si la tumba del genocida es un «elemento contrario a la memoria democrática». Parece claro que sí, pero tal definición en la mesa de determinados jueces podría recibir una interpretación torcida, como en tantas ocasiones se ha repetido en la práctica. De hecho, en octubre de 2019, un informe jurídico, anterior al fallo del Supremo sobre la exhumación de Franco, puso en duda que la tumba sea un «elemento contrario a la Memoria» y recordó que la decisión final compete a un comité de expertos de la Junta de Andalucía que aún no se ha creado. El anterior ejecutivo andaluz del PSOE redactó un decreto para regular dicho comité de expertos y lo envió al Consejo Consultivo para su aprobación, pero PP y Ciudadanos lo retiraron al ocupar el Gobierno de la Junta antes de que éste lo valorase. 

Así pues, con toda probabilidad el genocida permanecerá enterrado a unos cien metros del Parlamento andaluz en tanto el Gobierno autonómico o el Gobierno estatal no elaboren un catálogo oficial de simbología franquista o de «elementos contrarios a la memoria democrática», o bien, en su defecto, se apruebe un decreto específico para la exhumación y salida de los restos de Queipo de Llano de la popular basílica sevillana. 

*Con información de Agencias.