Gobierno brasileño reconoce crímenes durante la dictadura militar
Brasil pidió perdón por los crímenes de la dictadura, especialmente por la fosa de Dom Bosco (1990). Un gesto tardío frente a cientos de desaparecidos políticos.

El Gobierno brasileño reconoció oficialmente el lunes los crímenes de la dictadura militar (1964-1985), a través de un acto encabezado por la Ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo. Las disculpas públicas se centraron en los casos de los desaparecidos políticos cuyos restos fueron hallados en 1990 en una fosa clandestina del cementerio Dom Bosco de São Paulo. El Estado admitió su negligencia en la identificación de las víctimas durante más de dos décadas.
Ao lado da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, participei da cerimônia do pedido oficial de desculpas do Estado Brasileiro pela negligência na condução dos trabalhos de identificação das vítimas encontradas na Vala Clandestina de Perus, em São Paulo. pic.twitter.com/mAiZP6BWru
— Thainara Faria 13 (@thainarafariapt) March 24, 2025
La fosa de Perus, usada ilegalmente en los años 70, ocultó cadáveres de opositores políticos junto a personas en situación de calle, hecho que dejó en evidencia la crueldad sistemática del régimen de la época. Entre los 1.049 restos exhumados, solo cinco víctimas han sido identificadas desde 2014, revelando la lentitud del proceso de justicia. Flávio Carvalho Molina, torturado y desaparecido en 1971, fue una de las víctimas reconocidas en este acto de reparación simbólica.
A Corte IDH responsabilizou o Estado brasileiro pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir Herzog. O Estado também foi condenado pela violação do direito à integridade.#MDHC #CorteIDH #CasoHerzog #VladimirHerzog pic.twitter.com/TgdJOHCZhY
— Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (@mdhcbrasil) March 24, 2025
En este contexto, el ente ministerial, firmó en 2024 un acuerdo con la Universidad Federal de São Paulo para reactivar las investigaciones forenses con nuevos peritos. Este gesto busca acelerar la identificación de los cuerpos, pero expone las deudas históricas del Estado con la memoria y la justicia. Mientras los familiares esperan respuestas, el gobierno de Lula intenta cerrar heridas que el tiempo no ha curado.

El nuevo acuerdo evidencia la complicidad pasiva de gobiernos anteriores, quienes ignoraron los crímenes de la dictadura. La reparación sigue siendo simbólica, mientras cientos de familias aguardan justicia. La impunidad de los verdugos perdura, mientras el Gobierno actual intentará responder por su papel político-histórico en el terrorismo de Estado.