Críticas al Gobierno por devolver patrimonio incautado por Franco al PNV, y no a las familias republicanas

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la primera que llevó a cabo la exhumación científica de una fosa común de víctimas de la represión franquista, ha registrado una queja dirigida a la presidencia del Gobierno, en la que rechaza la discriminación de las víctimas de la dictadura.

En su escrito presentado por registro se explica que en estos días se ha conocido la noticia de que el Gobierno de España ha restituido al Partido Nacionalista Vasco (PNV) el palacete que actualmente es la sede del Instituto Cervantes de París, sita en la Avenida Marceau, número 11 de la capital francesa. Se trata de un bien que fue adquirido por el PNV en 1936 y que las autoridades de la dictadura franquista se apropiaron. «Lo que nos cuesta entender es que un partido político tenga posibilidad de recuperar un bien incautado por la dictadura, siendo el Estado español el responsable de la devolución, y las familias republicanas que fueron incautadas y saqueadas a punta de pistola no tengan el mismo derecho», razonan desde la ARMH.

La ARMH alega que el Gobierno de España, que no puede construir agravios comparativos porque son contrarios a derecho, garantice que del mismo modo que el PNV ha podido recuperar un bien confiscado por la dictadura franquista puedan hacerlo las familias a las que les fueron incautados todo tipo de bienes a veces a punta de pistola, a través de sentencias dictadas por tribunales ilegítimos, siendo bienes de todo tipo o pagos de multas que se incorporaron a las arcas del Estado. Es incomprensible que se pretenda establecer una norma «partitocéntrica» donde las organizaciones políticas tengan derecho a la devolución y las personas no.

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto de un desaparecido por la represión franquista “es intolerable e incomprensible que el Estado devuelva un bien incautado por Franco a un partido política y les niegue ese derecho a las familias republicanas que sufrieron una terrible represión económica que sacó para siempre a niños de colegios y multiplicó el dolor del asesinato o la detención ilegal de un ser querido”.

La ARMH también ha registrado una solicitud a través del portal de transparencia, ejerciendo su derechos al acceso a la información pública requiriendo copia de los informes técnicos y jurídicos que hayan avalado la devolución de la sede del Instituto Cervantes de París al Partido Nacionalista Vasco y al mismo tiempo nieguen a miles de familias de víctimas de la represión de la dictadura el derecho a recuperar los bienes incautados y saqueados por los franquistas a punta de pistola.

Silva concluye asegurando que “no puede ser legal que un Estado cree una discriminación y es inaceptable que los partidos tengan derechos y las personas no, porque entonces lo que se están legislando son privilegios y eso va contra las leyes, aparte de que es re-victimizar a las víctimas al volver a discriminarlas después de que este país no les ha permitido ni el más mínimo acceso a la justicia”.