En el Día de la Desaparición Forzada piden al Gobierno que deje de impedir que se juzguen e investiguen esos crímenes de la dictadura franquista

Desde el año 2011 la ONU conmemoria el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y lo hace para recordarles a los gobiernos sus obligaciones ante crímenes que Naciones Unidas califica de “mucho más que una violación de derechos humanos” y señala especialmente su «preocupación por la impunidad generalizada ente estos crímenes”.

En el caso de España, que ratificó la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria en septiembre de 2009, nunca se ha juzgado a ninguno de los responsable por los miles de asesinatos y desapariciones de civiles cometidos por los pistoleros falangistas y las fuerzas de seguridad de la dictadura a partir del 18 de julio de 1936.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado genéticamente, “el único homenaje imprescindible en una democracia para víctimas de desaparición forzada es la investigación judicial de los crímenes, la condena a los los autores y la indemnización a las familias”.  Y con respecto a las políticas del Gobierno añade que “somos el único país del mundo que tiene miles de asesinados desaparecidos y pretende solucionarlo a base de subvenciones. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática no para de hacer titulares y hablando del dinero de las subvenciones, pero no dice nada de los asesinos de esos miles de civiles, ni de cómo cometieron sus crímenes ni de cómo se aprovecharon de ellos”.

Cuando la ONU define la desaparición forzada está describiendo lo que hicieron los golpistas de 1936 al describirla como que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

La ONU utiliza esta fecha para sensibilizar a las sociedades sobre la gravedad de las desapariciones forzadas y recordar que son delitos permanentes porque se siguen cometiendo mientras no no aparezcan los desaparecidos. “En España –explica Silva- los representantes del Gobierno repiten y repiten la expresión verdad, justicia y reparación, pero no hacen nada para que sean juzgados los hechos, ni se le cuenta a la sociedad cuáles fueron los crímenes y quiénes fueron los criminales, ni se indemniza a las familias”. Y concluye “Los Derechos Humanos no se subvenciona, se garantizan, porque además las políticas de subvenciones tienen al clientelismo electoral; como no se trata como un derecho se le dice a la sociedad y en especial a las víctimas que si gobierno yo habrá subvenciones y si no gobierno yo no las habrá. Y nunca hemos visto que la justicia o la reparación a una víctima del terrorismo dependa del resultado de una elecciones”. 

Web de la ONU sobre el 30 de agosto.