Sin actos oficiales aniversario de golpe militar de 1964 en Brasil

Según el periódico Folha de Sao Paulo, el acuerdo establece que la fecha no será celebrada en los cuarteles, ni repudiada por el Gobierno.

El silencio es parte del esfuerzo del ministro de Defensa, José Mucio, para conciliar las demandas de la administración del Partido de los Trabajadores (PT), con los ánimos de los uniformados.

La discreción de la fecha este año se considera aún más relevante ante la ofensiva del Supremo Tribunal Federal para rediscutir la amplitud de la amnistía concedida en la dictadura militar (1964-1985).

Por parte del Gobierno de Lula, la evaluación es que la fecha para hacer eventos en defensa de la democracia dejó de ser el 31 de marzo y pasó a ser el 8 de enero, en referencia a los ataques contra las sedes de los Tres Poderes ocurridos en 2023, en esta capital.

Bajo este escenario, la bancada del PT en la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro pidió en una carta al Ministerio Público Federal que prohíba la realización de un almuerzo conmemorativo al aniversario del golpe de 1964.

El evento, previsto para este lunes es organizado por el Club Militar de Río.

Parlamentarios petistas argumentan en el documento que el acto hace apología a crímenes contra la democracia y el orden constitucional.

«La glorificación de uno de los períodos más oscuros de la historia brasileña es una afrenta a la memoria de las familias víctimas de esta violencia e incita a la población a ideas fascistas y antidemocráticas», sostiene la diputada Marina.

Por su parte, la Asociación Brasileña de Prensa, fiel a su centenario compromiso en defensa de la democracia y los derechos humanos, considera fundamental que el golpe del 31 de marzo de 1964 sea recordado, principalmente para que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió en Brasil en ese período.

Entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1964, el golpe de los uniformados sumió a Brasil en un oscurantismo. La asonada comenzó como una rebelión seguida el 2 de abril de la declaración de vacancia de la presidencia por el Congreso Nacional.

Hubo después la integración de la junta militar, llamada Comando Supremo de la Revolución, y el exilio el 4 de abril del presidente constitucional João Goulart.

Creada por ley en 2014 en el Gobierno de Dilma Rousseff, la Comisión Nacional de la Verdad identificó en total 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988.

En el capítulo referido a la autoría de graves violaciones de los derechos humanos, enumeró 377 agentes públicos directamente implicados en los delitos cometidos.

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