Compromís exige la modificación del decreto de viviendas turísticas para eliminar el ardid que permite su proliferación

La portavoz adjunta de Compromiso en Las Cortes Valencianas, Isaura Navarro, ha denunciado que la normativa impulsada por el Partido Popular sobre apartamentos turísticos está propiciando la multiplicación de pisos turísticos, y para frenar esta situación ha presentado una proposición no de ley que plantea la modificación del Decreto Ley 9/2024 que regula las viviendas de uso turístico, y evitar

Como ya denunciamos en el debate de su aprobación, la normativa del Partido Popular sobre apartamentos turísticos introduce un ardid que permite la proliferación de apartamentos turísticos. Como consecuencia de esta normativa, todo el alquiler que dura más de diez días no se considera turístico, aunque sea su uso. que la duración del alquiler no sea finalmente menor, de este modo, no se les aplica limitación alguna”, ha explicado Navarro.

Compromís señala que la decisión del Consell de establecer un mínimo de 10 días para considerar una vivienda como turística no tiene ningún sentido y está fomentando un modelo de alquiler irregular, que esquiva las restricciones y agrava aún más la situación del mercado residencial. «Esta es la respuesta del Partido Popular, siempre vulnerando el derecho de acceso al vivienda, haciendo proliferar los apartamentos turísticos. Tenemos un problema muy grave con el acceso al vivienda y hacen falta soluciones», ha añadido la diputada.

Por eso, Compromís ha registrado una iniciativa que insta al gobierno valenciano a modificar este decreto y evitar que siga facilitando prácticas fraudulentas, por eso insta a modificar la normativa para incluir todo el alquiler ocasional por temporada que implique una actividad terciaria incompatible en edificios residenciales. En concreto, la propuesta plantea eliminar la limitación de 10 días para considerar un vivienda de uso turístico y garantizar los mismos requisitos para todos los viviendas de este tipo, dotando de mayor claridad y seguridad jurídica el registro habilitado, además de garantizar que Ayuntamientos y Generalitat tengan suficiente personal para llevar a cabo los trabajos de inspección.

«Somos la única comunidad autónoma donde se ha previsto esta limitación de días, que es un despropósito. Por eso, esta normativa, como ya anunciamos que terminaría pasando, debe ser modificada de forma urgente», concluyó Navarro.