El referéndum de vivienda en Berlín y la lucha por el sufragio de la migración

La semana pasada el Senado de Berlín dio la aprobación legal a la propuesta de referéndum de expropiación de más de 200.000 viviendas en manos de grandes inmobiliarias como Deutsche Wohnen, Vonovia o Akelius. En los próximos meses, el movimiento social tras el referéndum, llamado Deutsche Wohnen & Co. Enteignen (Expropiar a Deutsche Wohnen & Cia.), afrontará la recogida de unas 175.000 firmas para que el referéndum llegue a ser una realidad.

Estas 175.000 firmas son el 7% del corpus de electores y electoras que tiene Berlín habilitadas para participar en referéndum, que son unos 2,50 millones de personas. Sin embargo, la población es mucho mayor: un total de 3,77 millones. El cómputo no solo excluye a las personas que no llegan a la mayoría de edad, sino también a todas aquellas que, viviendo en Berlín y a pesar de ser mayores de edad, no tienen nacionalidad alemana. Actualmente, el número de inmigrantes sin nacionalidad alemana se sitúa en 758.000 personas, de las cuales son menores de edad unas 100.000. Es decir, hay en torno a 650.000 ciudadanos y ciudadanas de Berlín que no tienen derecho a sufragio en la convocatoria de referéndum.

Una ciudad-Estado
Berlín es en términos geográficos una ciudad como lo pueden ser Madrid o Barcelona. Sin embargo, en términos administrativos, Berlín es un Land, el equivalente en España a una comunidad autónoma. Los ciudadanos y ciudadanas de Berlín que no contamos con nacionalidad alemana no tenemos derecho a votar por norma general ni en las elecciones comunales (a los distritos de la ciudad como Mitte, Neuköln o Steglitz-Zehlendorf), ni a las elecciones del Land (Berlín, en este caso), ni a las elecciones al Bundestag (el Parlamento alemán). En el caso de ciudadanos y ciudadanas de la UE, sí que se habilita el voto a las elecciones comunales, equivalentes a las municipales en España, en virtud de los acuerdos de la Unión.

El referéndum para la expropiación de vivienda a grandes inmobiliarias se plantea a nivel de todo Berlín y, por tanto, su corpus de personas habilitadas para votar es similar al de las elecciones del Land; esas elecciones en las que ningún ciudadano ni ciudadana extranjera pueden votar.

Transformar lo económico en político
Es en este punto en el que entra en cuestión hasta qué punto una sociedad democrática puede dejar a 650.000 personas mayores de edad fuera del derecho al sufragio, en un referéndum (también en las elecciones) que afecta a un tema tan fundamental como el derecho a tener un techo bajo el que vivir. Pero es más: ¿no son especialmente las personas migrantes las que, entre otras, sufren de especial vulnerabilidad ante la depredación de las grandes inmobiliarias?

El requisito de una nacionalidad, es decir, de un documento oficial que nos habilite los derechos tan básicos para el sufragio, es un mecanismo de protección del propio sistema. Negando los derechos fundamentales precisamente a las personas con mayor riesgo de exclusión, que tienen más dificultada la capacidad de alzar la voz, el sistema se protege. La nacionalidad se convierte en un resorte conservador del Estado, en una legalización de la xenofobia que otorga más derechos de ciudadanía, como el sufragio, a una persona por haber tenido la suerte o la desgracia de haber nacido en un lugar concreto (ius solis). O, aún peor, por derecho de herencia (ius sanguinis), como si de una monarquía se tratara.

Berlín la vivimos, la disfrutamos y la padecemos los 3,77 millones de personas que residimos en ella, sea cual sea nuestro origen. Desde la migración sufrimos los problemas de vivienda como el resto de la ciudadanía (o incluso más, por las barreras comunicativas y administrativas). Por eso, tenemos que convertir la lucha por la socialización de la vivienda también en la lucha de la migración por sus derechos políticos, para que centenares de miles de personas podamos expresarnos políticamente en igualdad de condiciones, en un mundo en el que los movimientos poblacionales son cada vez mayores.

Este referéndum puede significar la lucha por socavar dos de los pilares fundamentales de los actuales Estados burgueses: por un lado, el beneficio en base a la propiedad privada (en este caso rentista); por otro, la nación como elemento de discriminación entre los pueblos.