Un año de respiro en el alquiler en Berlín

Ya lo avisaban desde el movimiento de vivienda: el Mietendeckel (literalmente «la tapa del alquiler») era tan solo un respiro para quienes apenas podían pagar su alquiler. En junio de 2019 se prohibía la subida de precios del alquiler durante cinco años y hace un año entraba en vigor la parte más agresiva de esta ley: aquella que regulaba un precio máximo por m2 para las viviendas en alquiler construidas antes de 2013, sin importar dónde se sitúe esta. El precio máximo quedaba fijado en 11,80€/m2 en el caso de una vivienda construida entre 2003-2013, con calidades casi de lujo, renovaciones importantes en la vivienda o servicios como ascensor en el edificio. La mayoría de las viviendas, sin embargo, se encuentran en una horquilla de precios máximos de alquiler entre 7€ y 9€/m2 según su año de construcción y los servicios de los que dispone.

A partir del 23 de febrero, ningún nuevo contrato podía superar ese umbral. Además, se daba un plazo de 9 meses (hasta el 23 de noviembre de 2020) para revisar todos los contratos del alquiler, de tal forma que aquellos que estuvieran un 20% por encima de la tabla de precios fijada por el Estado de Berlín tendrían que ser reducidos hasta ese punto. Esto ha supuesto que decenas de miles de contratos hayan sido revisados y que algunas personas hayan visto reducido su coste de alquiler en hasta 400€ o 500€ mensuales.

Este respiro, como lo llaman desde el movimiento de vivienda, es el del aliento contenido. Esta ley, promovida por Die Linke (La Izquierda) en el Gobierno de Berlín, ha sido llevada ante el Tribunal Constitucional para denunciar, fundamentalmente, que el Estado de Berlín no sería competente para fijar esa tabla de precios, lo cual interferiría en el mercado de la vivienda. La decisión del Tribunal Constitucional se espera para el segundo trimestre del año 2021, y todo ello con el trasfondo de la segunda fase de recogida de firmas de la petición de referéndum Deutsche Wohnen & Co. Enteignen («Expropiar a Deutsche Wohnen y Cia.»), que propone expropiar las viviendas en manos de inmobiliarias que posean más de 3.000 unidades.

Pero, ¿qué ha pasado en este año de entrada en vigor del Mietendeckel? Por un lado, Wibke Werner, vicesecretaria de la asociación de inquilinas Berliner Mieterverein, denunciaba que muchos arrendadores no estaban cumpliendo con sus obligaciones ante la ley, ya que no estaban informando de las condiciones de la vivienda (año de construcción, estado, servicios, calidades de los materiales) ni del cálculo para saber si el alquiler estaba sujeto a reducción o no. Por ello, animaba a, una vez acabadas las vías de comunicación con el arrendador, acudir al Gobierno de la ciudad, encargado de iniciar un proceso administrativo contra el arrendador y, además, a organizarse en asociaciones de inquilinas, en caso de necesitar apoyo legal.

Por otro lado, cualquier persona que esté en búsqueda de un nuevo piso de alquiler en Berlín observará que la oferta ha disminuido considerablemente. Hay muy pocos pisos disponibles, algunos no se ajustan a la ley, otros aplican el Schattenmiete en el contrato, que es un segundo precio acordado en caso de que el Tribunal Constitucional tumbe el Mietendeckel y, finalmente, algunos arrendadores imputan gastos estratosféricos de calefacción o recogida de basuras en el contrato para compensar sus beneficios no obtenidos por la bajada del precio del m2.

Un liberal diría que, por supuesto, una vez que el poder público interviene en el mercado de la vivienda, está perjudicando a la libre competencia y, en última instancia, a quienes buscan una vivienda. Sin embargo, el problema está en que no se ha atacado todavía la verdadera raíz del problema habitacional: el acaparamiento por grandes capitales inmobiliarios de enormes cantidades de vivienda, así como los intentos repetidos de los mismos de comprar en alquiler de forma masiva con perspectiva de convertirlas en alquiler de lujo o venderlas en un futuro como casas en propiedad. El último gran intento ha sido el de la inmobiliaria sueca Heimstaden, que ha tratado de hacerse con miles de residencias de alquiler por toda la ciudad.

Un liberal, de nuevo, diría que lo que hay que hacer es construir más y dejar que el mercado se regule solo; pero ya sabemos por experiencia propia en España que esto no funciona y que, cuando el mercado se regula, esto implica la explosión de una burbuja que provoca que decenas de miles de personas pierdan su trabajo y otras tantas su casa. No obstante, el problema de la falta de vivienda sigue ahí, las agresiones del capital inmobiliario no cesan y el bloqueo de la oferta de alquiler es una realidad.

En este contexto, primero la senadora de vivienda Lompscher y, posteriormente, el senador Scheel, ambos de Die Linke, han venido aplicando una serie de medidas extra para luchar contra los tiburones inmobiliarios, de la mano también de algunas alcaldías de distrito. En este sentido, se está promoviendo la declaración de Milieuschutzgebieten («zonas tensionadas») donde las empresas no puedan operar libremente comprando vivienda, sino que, entre otras cosas, en ellas los poderes públicos se reservan el derecho de tanteo, es decir, de poder comprar (remunicipalizar) las viviendas. Solo a finales de 2019, Lompscher iniciaba la remunicipalización de 6.000 viviendas en  los distritos de Reinickendorf y Spandau para convertirlas en alquileres sociales. Pocos meses antes, evitó que 700 viviendas de la Karl-Marx-Allee pasaran a manos del gigante inmobiliario Deutsche Wohnen.

Tanto desde el movimiento social en lucha por unos alquileres dignos, desde las asociaciones de inquilinas, así como desde Die Linke, se sabe que todas estas medidas siguen sin ir a la raíz del problema: tratar la vivienda como una mercancía y no como un derecho. Que el Mietendeckel, una medida sin duda muy importante, es solo un respiro ha sido el mantra repetido en estos círculos. Por eso, ahora todas las fuerzas se centran en la siguiente meta: conseguir que se recojan las firmas necesarias para el referéndum de expropiación a grandes grupos inmobiliarios de casi 250.000 viviendas y, posteriormente, ganar el referéndum y recuperar una parte de la ciudad para la gestión pública.

Y, sin embargo, también se repite: eso tampoco será el final. Solo se podrá garantizar el derecho de la vivienda cuando nadie obtenga beneficio con los alquileres, cuando la vivienda sea un derecho efectivo y no exista el sinhogarismo, cuando las familias no vivan con miedo a ser desahuciadas por falta de recursos o porque un tiburón inmobiliario quiere comprar su vivienda. En definitiva, cuando el techo no sea objeto de especulación capitalista.

*Por Jaime Martínez Porro, militante de IU Berlín.