«Las entidades sociales exigimos al gobierno de Collboni que aplique sin vacilaciones el 30% y aparque su propuesta de recorte»

Barcelona, ​​2 de abril.

El 30% es una conquista colectiva clave para garantizar vivienda asequible en una Barcelona cada vez más afectada por la especulación.

Su implementación ha permitido que más de 60.000 hogares inquilinos en edificios de propiedad vertical queden protegidos y ha permitido ganar 144 viviendas protegidas entre 2021 y 2023, rompiendo con décadas de inacción en distritos como el Eixample, donde el sector privado no había generado ni una sola vivienda.

Si la misma se consolida, podríamos llegar a sumar 18.827 viviendas protegidas en zonas céntricas como el Eixample o Gràcia, revirtiendo el error histórico de relegar la vivienda de protección oficial a la periferia. Sin embargo, el gobierno de Jaume Collboni la descalifica constantemente y pretende desmantelarla bajo la excusa de una “reforma técnica” y con el apoyo de la patronal inmobiliaria. ¡Se trata de un intento claro de recorte que hay que detener! 

Denunciamos que el gobierno municipal es responsable de una dejación de funciones flagrantes en la aplicación del 30%. No es una casualidad que quienes dicen que no funciona, no persigan su incumplimiento. Las sanciones por incumplimiento de la medida se han parado, dejando escapar más de 50 viviendas protegidas y paralizando multas por valor de más de 3 millones de euros . Los expedientes que se han dejado caducar y que corren el riesgo de quedar enterrados, habrían detectado fraude en el uso de permisos de obra menor para sortear el 30% en al menos 17 edificios… aunque sospechamos que esto está ocurriendo en cientos de fincas.

Queda claro pues que el problema no es la medida, sino la carencia de voluntad política para hacerla cumplir. La complicidad con los intereses inmobiliarios queda en evidencia cuando, en lugar de fortalecer la inspección y sancionar a los incumplidos, el Ayuntamiento permite que la norma se desvirtúe, preparando el terreno para su reducción.

Para mayor indignación, el gobierno actual del PSC, con la complicidad del sector inmobiliario que utiliza como aval a Carme Trilla, ha planteado dos “reformas” -recortes- que, lejos de reforzar la medida, la desnaturalizan completamente:

1. La primera es excluir las grandes rehabilitaciones de la aplicación del 30%, además de que estas operaciones impliquen la expulsión de venas y la conversión de edificios sensibles en hábitat de lujo. Esto reduciría drásticamente el efecto de la medida, pasando de afectar a 3.900 edificios a sólo 95 y por este motivo es inaceptable.
2. La sección de “flexibilización” (o regalo al sector) es permitir trasladar la obligación de construir hábitat protegido de los suelos privados de los públicos, lo que equivale a “expulsar” el hábitat protegido del centro y que raya el timo. Esto disminuyó el volumen total de vivienda asequible a cambio de compensaciones con el hecho de que el Ayuntamiento puede comprar solo en barrios céntricos para proteger su vivienda.

Exigimos un “giro copernicano” al Ayuntamiento que pasa por aparcar el “recorte” y blindar la medida. Entre febrero y marzo se reunieron con la Comisión de Vivienda Joan Ramón Riera y el Gerente de Urbanismo David Martínez García, con los grupos municipales de ERC y de Barcelona en Común, y con Carme Trilla, a quien traslada esta valoración.

Para evitar que Barcelona se convierta en una ciudad de dos velocidades, es imprescindible afianzar y ampliar el 30%! resultante sea de alquiler, incrementando además su porcentaje al 50% en zonas de más presión inmobiliaria, tal y como han hecho ciudades como París.

El derecho a la vivienda no puede estar sujeto a intereses especulativos. Reducir el 30% supondría consolidar un modelo de ciudad segregadora, que es caldo de cultivo para la desigualdad y la extrema derecha. Por eso, desde el 5 de abril, las entidades sociales están convocando a la movilización: defender el 30% es defender el derecho a vivir en Barcelona.

El 30% es una de las pocas herramientas que tenemos para conseguir que tres de cada dos de nuestros hábitats sean protegidos y el 75% de la población cumple los requisitos para acceder: el Alcalde Collboni debe decidir si defiende el negocio de la especulación o el derecho a la vivienda!

La vivienda es el primer problema de la sociedad y no permite que la irresponsabilidad de los gobiernos ponga en riesgo de desastre a “4.000 casos Orsola” más. ¡Es para que las entidades sociales defiendan el 30% de la carrera, empezando aquí el 5 de abril en el marco de las movilizaciones estatales para acabar con el negocio de la vivienda!

Grupo Promotor de la Medida del 30% de Vivienda Protegida en Barcelona

Sindicato de Inquilinos, PAH de Barcelona, ​​Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Sectorial de Vivienda Cooperativa de la XES, Resistimos al Gótico, Observatorio DESCA.