Unidas Podemos y PSOE, más cerca de un acuerdo para llevar la Ley de Vivienda al Congreso en el mes de enero

El Gobierno PSOE-Unidas Podemos ha solicitado formalmente «la celebración de las sesiones extraordinarias en el mes de enero de 2023 de los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación del proyecto de ley por el derecho a la vivienda«.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez señaló ayer que las negociaciones de la futura ley de vivienda se encuentran en la «recta final con los grupos parlamentario» para incorporar «mejoras» y tratar de sacar adelante una normativa «sin grietas jurídicas».

«Dijimos que queríamos aprobar una ley que no tuviera grietas jurídicas, que nos diera máxima seguridad para que luego no se viera llena o rodeada de numerosos recursos judiciales que pudieran hacer debilitar esa eficacia que pretendemos de la ley. Pero hay que respetar competencias de las comunidades autónomas, es una línea roja que nos autoimponemos», ha comentado en un encuentro con la prensa en la estación madrileña de Nuevos Ministerios.

PSOE y Unidas Podemos coinciden por primera vez en mucho tiempo en que hay ciertos avances en las negociaciones para sacar adelante un texto que lleva prácticamente un año varado en el Congreso. Ambos apelan a la discreción para no concretar los acuerdos ya alcanzados, pero fuentes cercanas al Gobierno señalan que se ha avanzado en los dos ámbitos que más roces han generado: la limitación del precio de los alquileres y la restricción de los desahucios de familias sin un techo alternativo.

Raquel Sánchez ha defendido el compromiso del Gobierno con este texto, un «proyecto de ley que salió del Consejo de Ministros» y que, por tanto, fue «consensuado por fuerzas progresistas».

La ministra ha asegurado que el Ejecutivo y las fuerzas progresistas van a hacer todo lo que esté en su mano «para aprobar esta ley en las próximas semanas» y ha pedido a los grupos políticos «un esfuerzo» para evitar «posiciones maximalistas que acaben frustrando» la ley.

«Hemos incorporado observaciones y, por tanto, confío en que seamos capaces de ultimar esas cuestiones que todavía pueden quedar pendientes de negociación. Tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía y aprobar la ley es fundamental para garantizar el derecho a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes y de la clase trabajadora», ha manifestado la titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Asimismo, ha explicado que el proyecto de ley fija un sistema para compatibilizar los límites o regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas con incentivos fiscales a los pequeños propietarios.

Además, el ministerio se ha propuesto impulsar el parque de vivienda público para promocionar el alquiler y la ministra se ha referido, en concreto, a la ‘Operación Campamento’. Este convenio, suscrito entre los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Defensa, pretende convertir el suelo de Campamento, a la entrada de Madrid, en parte del parque público, 12.000 viviendas, de las que el 60% será protegida pública y el 40%, vivienda libre.

Desde el  Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra aseguran, en la misma línea, que el acuerdo está «más cerca» siempre y cuando se produzcan «algunos últimos avances en materia de control de los precios del alquiler y en obligaciones para los grandes propietarios de vivienda», habida cuenta de que «recientemente se han venido produciendo conversaciones entre el Ministerio de Transportes, el de Derechos Sociales, ERC y Bildu casi cada semana» desde el mes de noviembre. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que estos encuentros sí están siendo fructíferos.

Por ejemplo, se ha logrado que el PSOE acepte rebajar el número de pisos que debe tener un propietario para ser considerado gran tenedor de vivienda y estar sujeto a mayores restricciones, que el proyecto de ley fijaba inicialmente en diez.

Por otro lado, UP plantea en sus enmiendas al proyecto que todos los propietarios, tanto grandes como pequeños, estén obligados a rebajar el precio de sus alquileres -no solo a congelarlo- cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado. Asimismo, reivindica que ley recoja la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin una vivienda alternativa donde puedan alojarse, así como que «la totalidad de viviendas de la Sareb [el banco malo, de titularidad pública] han de ser incluidas en el parque público de vivienda en alquiler», medidas que comparte ERC.

El Consejo de Ministros aprobó el 1 de febrero de 2022 el proyecto de Ley por el Derecho de Vivienda, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, a pesar de que todavía no se ha tratado en el Congreso.

La vivienda fue parte del acuerdo alcanzado en octubre de 2021 entre PSOE y Unidas Podemos, socios de Gobierno, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

*Con información de Agencias.