Redacción •  Vivienda •  03/04/2025

Ecologistas en Acción Madrid: «La aceleradora urbanística de la Comunidad de Madrid acelerará la especulación»

A juicio de Ecologistas en Acción se considera que lo adecuado sería que el gobierno de la Comunidad de Madrid estableciera criterios y reglas claras , conocidas, coherentes y sostenidas en el tiempo sobre los contenidos de los documentos urbanísticos, así como reforzar en términos de recursos humanos cualificados los servicios técnicos responsables de la emisión de los informes.

Ecologistas en Acción Madrid: «La aceleradora urbanística de la Comunidad de Madrid acelerará la especulación»

Comunicado

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado un Decreto para poner en marcha lo que denomina “Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid”, una iniciativa para impulsar más la desregulación, el expansionismo urbano, la especulación inmobiliaria y la instalación de proyectos dispersos en el territorio, como los Centros de Datos, reforzando la facultad de otorgar permisos especiales para saltarse las normas de protección vigentes.

·                  Este nuevo organismo, según anuncian, actuaría para acortar los plazos de emisión de los informes preceptivos ante las iniciativas urbanísticas generales y para facilitar la tramitación preferente o urgente de aquellas iniciativas que el propio organismo , o la ya existente Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid, consideran de especial relevancia para el territorio . Así aparece en la ficha-resumen del Decreto que ha dado a conocer la Dirección General de Urbanismo, indicando, además que la Aceleradora Urbanística sería un órgano de coordinación interdepartamental de la Comunidad de Madrid, de carácter decisorio, abierto a organismos del gobierno central (aunque en el texto se dice que se debe actuar sin poder esperar a la iniciativa estatal ) Sobre estos contenidos se ha abierto un plazo de aportaciones de quince días hábiles, hasta el 9 de abril.

·                  A falta de conocimiento del Decreto, pues no se ha hecho público, desde Ecologistas en Acción se considera que se trata de una nueva iniciativa desreguladora para favorecer las iniciativas del potente entramado político-especulador que ha venido haciendo suyo el territorio de la Comunidad de Madrid, hasta sobrepasar con mucho su capacidad de carga. Lo que ha llevado a una ingente destrucción de suelo vivo, al deterioro del medio natural y rural, al incremento de las contaminaciones, a la saturación de las infraestructuras y del tráfico, etc., y al empeoramiento de la calidad de vida y de las perspectivas de futuro de la población.

·                  En el texto difundido se contempla el suelo únicamente como un recurso para su uso lucrativo , en vez de verlo como un valor y un recurso insustituible y no renovable, que habría que gestionar alejándolo de los intereses cortoplacistas de la especulación y del oportunismo político y teniendo en cuenta los retos climáticos y ambientales de este siglo.

No se trata de algo nuevo , pues en marzo de 2023 la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid ya anunció que iba a poner en marcha una Aceleradora Urbanística. El planteamiento de partida es que la dilatación de los plazos en la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística y del territorio, genera incertidumbre y elevados costes administrativos y financieros y puede desalentar la iniciativa y proceso de redacción . Sin embargo, los plazos de respuesta y los informes que se emiten están establecidos por la legislación y tienen como finalidad analizar si los planos y otros instrumentos urbanísticos presentados a aprobación se atienen a la legalidad, son sostenibles, cuentan con infraestructuras y suministros adecuados, atentan o no contra el medio natural y la calidad de vida de la población, etc. Y son organismos de la Comunidad de Madrid, organismos autónomos de la misma y también del gobierno central, los encargados de realizar esos informes preceptivos, que en muchos casos son vinculantes, sobre las iniciativas urbanísticas y de ocupación del territorio.

A juicio de Ecologistas en Acción se considera que lo adecuado sería que el gobierno de la Comunidad de Madrid estableciera criterios y reglas claras, conocidas, coherentes y sostenidas en el tiempo sobre los contenidos de los documentos urbanísticos, así como reforzar en términos de recursos humanos cualificados los servicios técnicos responsables de la emisión de los informes. Los ecologistas también reclaman. Pero con esta Aceleradora Urbanística los ecologistas consideran que se refuerza la discrecionalidad y se opta en mantener la confusión y reforzar la presión en las actuaciones, para favorecer los negocios de sus valedores económicos.

De hecho desde Ecologistas en Acción se valora que la Aceleradora Urbanística se pretende como un órgano de presión hacia las entidades, funcionarios/as y técnicos/as que realizan esos informes . Se trataría de una plataforma de coacción para que se hagan deprisa y corriendo, por encima del rigor y la consistencia técnica y científica que requieren este tipo de estudios, especialmente los ambientales, que necesitan plazos de investigación ligados en muchos casos a los ciclos biológicos. Además, la reducción de plazos de emisión de los informes se plantea cuando los actuales son ya muy cortos, lo que iría en detrimento de la rigurosidad hasta invalidar el carácter técnico y científico de esos informes , para convertirlos en un trámite que no se oponga a la nueva expansión urbanística que pretende el gobierno de la Comunidad de Madrid, y especialmente para los que denominan “proyectos de especial relevancia”.

En el documento se repiten, como mantras, las palabras “modernización”, “simplificación”, “acortar”, “reducir” o “agilizar”, sin que en él haya ninguna referencia a que la Aceleradora Urbanística tenga como fin velar por la rigurosidad y la calidad de los informes preceptivos . Lo que a juicio de los ecologistas es significativo, pues la gran mayoría de las iniciativas urbanísticas a informar, presentaciones por los Ayuntamientos y los promotores privados, se presentan en documentos con carencias en los datos, estudios y referencias fundamentales, intencionalmente confusos en su redacción y que ponen por delante los intereses lucrativos frente a los sociales y generales (como se constata día a día y se hace ver en las alegaciones ecologistas a los proyectos urbanísticos). Reducir más aun los plazos de los informes, señalados desde Ecologistas, supone facilitar las iniciativas de los capitales especulativos cercanos e internacionales, como los fondos buitres.

La “Aceleradora Urbanística” definiría también qué proyectos serían considerados planos de ordenación de especial relevancia que, según criterios recogidos en la propia norma, requerirían de impulso a la tramitación o de tramitación urgente a los que se reducirían los plazos de los informes. Otorgando esa “simplificación” también a los proyectos de especial interés definidos por la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid, otro organismo similar creado en 2023.

La nota de prensa y la comparecencia del portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid

En la nota de prensa de 19 de marzo de 2025 de la Comunidad de Madrid, en la que se anunciaba que el Consejo de Gobierno había autorizado la “consulta pública” del proyecto de Decreto de Aceleradora Urbanística, así como en la comparecencia del portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín el mismo día, se hicieron referencias a aspectos que no aparecen en la ficha-resumen sometida a consulta pública. Concretamente en ambas comunicaciones se dijo que con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico reducirá a la mitad los plazos en aquellas actuaciones consideradas de especial relevancia .

Esta reducción a la mitad de los plazos de información , dificultaría la redacción de los informes preceptivos y también los tiempos para la participación ciudadana. Por ejemplo, un Plan Parcial que tiene actualmente un plazo mínimo para informes y alegaciones de un mes pasaría a tener un plazo de quince días, por lo que muchos de los organismos no contarán con tiempo suficiente para elaborar informes solventes, mientras que otros, los que han reducido de manera intencionada el personal dedicado a estos informes o los que tengan complicidades con los proyectos presentados, tendrán una justificación para no hacerlos. Si, además, tenemos en cuenta que estamos viviendo una avalancha de proyectos urbanísticos, de polígonos fotovoltaicos, etc., y que los períodos preferidos para someterlos a información pública suelen ser las vacaciones de verano o las navidades, se constata que se busca la rebaja de la calidad de los informes, los errores o la no elaboración de informes que, en muchos casos, suelen parar las iniciativas especuladoras por sus defectos legales.

El 19 de marzo también se dijo que tendrán la consideración de especial relevancia los instrumentos de planeamiento para la implantación de redes públicas, así como el conjunto de los elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que se relacionan entre sí. También los planos estratégicos municipales de poblaciones de menos de 20.000 habitantes y los planos territoriales, así como los instrumentos de planeamiento que incorporan actuaciones que supongan la consolidación o crecimiento sostenible del parque inmobiliario residencial, para acoger al menos a un 20% adicional a la población de derecho en localidades de menos de 5.000 habitantes, ya un 10% en los de más de 5.000.

En otras palabras, un macrocentro de datos, una infraestructura energética, un Plan Territorial para la implantación de algún macroproyecto como Eurovegas, un plan municipal para construir viviendas para 1.000 personas en un municipio de 5.000 habitantes (en torno a las 500 nuevas viviendas), o para construir viviendas para 300.000 personas en el municipio de Madrid (en torno a las 150.000 viviendas), pasarían a ser considerados automáticamente “proyectos de especiales” interés” y los plazos para emitir informes quedarían reducidos a la mitad de los ya muy reducidos plazos actuales. Esto supondría incentivar y premiar los proyectos de gran envergadura, cuando precisamente los proyectos de mayor impacto y dimensión requieren una evaluación más compleja y detallada .

También el 19 de marzo se dijo que la Aceleradora Urbanística servirá para generar más suelo urbanizable , cuando, como Ecologistas en Acción ha denunciado reiteradamente, ya en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid el que era Suelo No Urbanizable Común , pasó a similarse a Suelo Urbanizable No Sectorizado. Los ecologistas lo consideran una maniobra política que no resiste un análisis gramatical ni de ordenación del territorio y de su capacidad de carga, pues en la Comunidad de Madrid existe, según los datos accesibles no actualizados, unas 180.000 hectáreas de Suelo Urbanizable No Sectorizado, más unas 35.000 hectáreas de Suelo Urbanizable Sectorizado, y en esos suelos se podría llegar a construir, partiendo de una densidad muy baja, más de cuatro millones de viviendas nuevas, que podrían llegar a albergar unos doce millones de personas, algo que valoran como absolutamente disparatado, máximo cuando se sigue insistiendo en que falta suelo urbanizable en la Comunidad de Madrid, lo que se utiliza como coartada para seguir convirtiendo suelo protegido por sus valores ambientales, forestales o rurales en suelo para el expansionismo urbano.

La Aceleradora Urbanística y la última Ley Ómnibus

Desde Ecologistas en Acción denuncian que la Aceleradora Urbanística ligada a los cambios legislativos que el gobierno de la Comunidad de Madrid introdujo con la última Ley Ómnibus ( Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio ) especialmente sobre la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001) y la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (Ley 9/1995), buscan el que desde el ejecutivo, a través de trámites de urgencia o avales ad hoc, sin tiempos adecuados para los informes ambientales y saltándose los Planes Generales de los municipios, puedan decidir la implantación de proyectos especiales (como los macrocentros de datos o las infraestructuras energéticas) en casi cualquier tipo de suelos, incluso en los que gozan de los mayores niveles de protección ambiental.

Desde Ecologistas en Acción se considera que se vuelve a la creencia de que el crecimiento es bueno para todos/as, resucitando tópicos sobre los “grandes avances” en los que está inmersa la Comunidad de Madrid, las bondades del “crecimiento demográfico”, los “planes de especial interés para el territorio”, etc., que pretenden impulsar un incremento brutal de la población asentada en la Comunidad de Madrid y la instalación de macroproyectos lesivos para el territorio y las personas. Los ecologistas muestran su preocupación porque ese mantra crecetista margina los grandes retos de nuestro siglo como las crisis climáticas, energéticas, de minerales, de materias primas, de pérdida de biodiversidad, del modelo insostenible de hipermovilidad, la emergencia habitacional, la exclusión e injusticia social y la desequilibrada distribución de los recursos.

Anexos:

Ficha-currículum de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

Nota de prensa de 19 de marzo de la Comunidad de Madrid.


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