IU Madrid contra la subida de los precios de la vivienda protegida

Comunicado

Izquierda Unida Madrid ha mostrado su más profundo rechazo al anuncio del Gobierno de Ayuso de la subida del precio del módulo de alquiler y venta de las viviendas de protección oficial de la región, y ha informado que denunciará este nuevo dislate hasta sus últimas consecuencias.

Hay que recordar que el Gobierno del PP ha elaborado un proyecto de orden autonómico mediante el cual se establece un precio tope máximo para el módulo de la vivienda, que permitirá a las empresas (mayoritariamente fondos buitre) y particulares vender inmuebles, con algún tipo de protección oficial, a un precio máximo equiparable al del mercado libre.

Izquierda Unida Madrid ha señalado que Las viviendas con cualquier tipo de protección y de construcción con financiación pública deberían destinarse en su totalidad a aumentar un patrimonio residencial de vivienda protegida que está muy por debajo del resto de los países de nuestro entorno. Es decir, dar garantía, desde las administraciones públicas, al derecho constitucional (art. 47) a una vivienda digna.

Partiendo de este principio rector de vivienda pública, el hecho de que desde el gobierno de Ayuso se priorice el negocio de promotoras y constructores con la actualización desorbitada del precio del módulo por metro cuadrado con protección pública destinado tanto a la venta como al alquiler, supondrá de facto, la eliminación de la garantía de acceso a una vivienda digna para un amplio sector de la población que no alcanza 2,5 veces el SMI de ingresos.

El gobierno de Ayuso se pliega a los intereses especulativos inmobiliarios, mientras se declara insumisa y en rebeldía en el cumplimiento de la legalidad vigente, a través de la ley de vivienda Estatal.

La nueva orden autonómica fija una subida de precios del módulo que alcanzaría que una vivienda de protección pública que tendría un precio actual que no superaría los 200.000 euros, se pudiera vender a más de 300.000 euros, lo que supone una hipoteca de casi 1.000 euros. Es decir, una vivienda inalcanzable para la clase trabajadora cuyos sueldos rondan el SMI.

Izquierda Unida Madrid aboga por garantizar la vivienda como el derecho esencial que es, entendiendo que todas las viviendas procedentes de la reestructuración bancaria (fondos buitre, SAREB y derivados…) pueden ser parte de un gran parque público de viviendas que se cedan en régimen de alquiler social así como regular el precio del alquiler en toda la región, sin excepciones, estableciendo límites de precio por metro y ofreciendo a los propietarios de segundas residencias sin uso la posibilidad de gestionar su alquiler a través del parque público de vivienda.