Los precios del alquiler bajan en Cataluña gracias a la regulación de precios

Comunicado Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid

La Ley de Contención y Moderación del Precio del Alquiler (11/2020) cumple un año implementada en los 61 municipios con más población de Cataluña y su éxito y eficacia han quedado probados. Este último año demuestra que la regulación de los precios del alquiler es una política de vivienda necesaria y eficaz. Los últimos datos oficiales publicados ayer por la Agencia Catalana de la vivienda, basados en las fianzas de los contratos de alquileres, muestran que la Ley está cumpliendo los objetivos por los cuales se implementó: contener y minorar el precio de los alquileres de las viviendas en las 61 ciudades con más problemas de acceso a la vivienda de Cataluña. Además, la formalización de nuevos contratos no ha dejado de aumentar.

La eficacia de la regulación se evidencia en una bajada media del 5,5% en los municipios en los que se aplica, sin reducir la oferta. En otras palabras, los hogares que han firmado contratos después de la entrada en vigor de la regulación pagan una media de 44€ mensuales menos, un ahorro de 528€ al año. En ciudades como Barcelona esta cifra asciende hasta los 912€ anuales. En los municipios no regulados, en cambio, la media ha bajado apenas un 2,7%. Al contrario de lo que auguraban los detractores de la medida, la ley no ha afectado a la oferta y el número de contratos firmados se ha mantenido en los municipios regulados y ha bajado ligeramente en los que no.

El éxito de esta medida se prueba con el aumento de municipios que han pedido aplicar la regulación de precios. La medida se aplicó automáticamente hace un año a 61 municipios catalanes y actualmente ya hay 25 consistorios más que han solicitado su implementación. Además, de estos 61 municipios iniciales, 57 ya han pedido explícitamente que se mantenga durante 5 años más, trámite que debe ser refrendado a través de los plenos de los consistorios para mantener la vigencia de la ley en cada municipio. La gran mayoría de ayuntamientos gobernados por el PSC en el área metropolitana de Barcelona han refrendado la ley, entre ellos Gavá, en el que la actual ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, era alcaldesa cuando se solicitó esta medida. También municipios gobernados por el Partido Popular, como Badalona.

Observando la diferencia de precios en municipios muy parecidos y cercanos, se puede observar que el factor diferencial que hace bajar los precios no es el COVID o el descenso del turismo sino la regulación de precios. En relación al tercer trimestre de 2020, los precios han bajado un 7% en Blanes (regulado), pero han quedado iguales en Lloret de Mar (no regulado). En Pineda de Mar (regulado), la bajada es del 5%, pero en Calella (no regulado) se limita a 1%. La diferencia también es clara entre Manlleu (regulado, -5%) y Torelló (no regulado, 0%), y es incluso más pronunciado entre Olesa de Montserrat (regulado, -7%) y Esparraguera, donde se han incrementado un 4%.

Un consenso social amplio y necesario

Esta ley es el resultado de un gran pacto social que cuenta con una mayoría parlamentaria (ERC, JxCat, Cataluña En común y la CUP), y tiene el apoyo de la sociedad civil: más de 4.000 entidades sociales de Cataluña firmaron un manifiesto de apoyo al texto legislativo. Hay que recordar que la situación hasta su aprobación era dantesca: en los últimos 5 años, los precios de los alquileres habían aumentado 30 veces más que los salarios, obligando a miles de familias catalanas a destinar más del 50% de sus ingresos a pagar el alquiler. La pandemia del Covid-19 no hizo más que agravar esta situación. En este contexto, la Ley 11/2020 ha funcionado para proteger a muchas familias ante subidas abusivas en una situación de emergencia habitacional.

Este amplio apoyo que tiene la Ley proviene del trabajo que lleva haciendo el Sindicat de Llogateres en los últimos años. Es una Ley literalmente redactada y debatida durante meses por él, producto del trabajo de analizar otras leyes de regulaciones de precios de alquiler, de entender muy bien qué requiere la situación social y económica de emergencia, y que ha contado con la participación de muchas voces expertas.

Esto se refleja en que es una norma moderada y equilibrada. Moderada porque después de 5 años de subidas permite limitar más subidas abusivas no solo a corto plazo sino durante los 5 años que vendrán (después de un aumento del 40% durante 4 años). Equilibrada porque no desincentiva la oferta: permite subir los precios de forma moderada si se hacen reformas, y no se aplica a las nuevas construcciones.

El riesgo del Tribunal Constitucional

Hace un año, cuando aprobamos la ley, algunos dijeron que sería tumbada por el Tribunal Constitucional inmediatamente. Pero la realidad es que lleva vigente un año y que la práctica totalidad de los 61 municipios iniciales, entre los que se encuentran los grandes Ayuntamientos de Cataluña (incluidos el de la Ministra Raquel Sánchez o el municipio de Badalona gobernado por el PP) han pedido prorrogarla 5 años más, y 25 nuevos municipios que no estaban incluidos han solicitado empezar a regular. Esto prueba la legitimidad que disfruta la Ley de regulación de precios.

Esta legitimidad radica en la utilidad social que tieneuna ley que da una mínima tranquilidad a la gente: ahora sabes a qué atenerte cuando se acaba el contrato, ya no te pueden hacer una subida abusiva y sin justificación. Con la regulación de precios los inquilinos e inquilinas están protegidos ante la especulación inmobiliaria y pueden negociar las condiciones con algo más de garantías.

Por ello, desde el Sindicat de Llogateres junto con los Sindicatos de Inquilinas, exigimos a Pedro Sánchez y a Raquel Sánchez que blinden la ley catalana de regulación de precios del alquiler frente a la amenaza del Tribunal Constitucional y que la extiendan al resto de territorios del Estado tal y como se comprometieron en el acuerdo de gobierno y en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado. La regulación de precios es solo un paso adelante en la conquista de derechos sociales, una política necesaria para defender a miles de familias inquilinas, pero hay que ir más allá. Hay que seguir ampliando nuestros derechos a través de una Ley Vivienda que además de regular los precios contemple medidas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda digna.