«Desde el 27 de febrero ningún inquilino debería aceptar ningún aumento de precio»

Comunicado Sindicat de Llogateres

Para que la regulación se aplique, los inquilinos deben plantarse

Una vez que entre en vigor la regulación, será ilegal que nos hagan un aumento de precio del alquiler en Barcelona, l’Hospitalet, Terrassa, Badalona y otros 136 municipios más. Está prohibido que el precio de un nuevo contrato sea más caro que el anterior (aunque sea otro inquilino), y además, en caso de que el precio esté por encima del índice y el arrendador sea un gran tenedor (5 viviendas o más en propiedad dentro del área tensa), habrá una bajada obligatoria de precio. Toda la información sobre la aplicación de la regulación de alquileres estará disponible y actualizada en la página web del Sindicat.

Sin embargo, el Sindicat de Llogateres quiere enviar un mensaje a los millones de personas que viven de alquiler en Cataluña: la única garantía para hacer cumplir la regulación de precios es plantarse cuando intenten subirnos el precio.

Es necesario que todos se informen, se organicen y hagan valer sus derechos. La experiencia nos demuestra que propietarios profesionales y agencias inmobiliarias harán todo lo posible por boicotear la regulación con incumplimientos y trampas. Es necesario correr la voz, que no puedan tomar el pelo a nadie. Plantarse ante un aumento de alquiler puede parecer difícil en solitario, pero se puede hacer con más fuerza si se está con el Sindicat, como han hecho miles de personas en los últimos años.

El PSOE diseña una regulación a medida de la patronal inmobiliaria

Una vez más, el PSOE le ha hecho el juego a la patronal inmobiliaria y vuelve a retrasar la entrada en vigor de la regulación hasta el 13 de marzo. La regulación de los alquileres llega 4 años y 2 meses después de que el PSOE y Unidas Podemos firmaran, en diciembre de 2019, el compromiso de poner límites a las subidas del alquiler como parte del pacto de investidura de Pedro Sánchez. También llega dos años después de que el Tribunal Constitucional tumbara la regulación de alquileres catalana (Ley 11/2020). Y llega, además, ocho meses después de la aprobación de la ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023).

Durante todo este tiempo, los alquileres han subido como nunca, alcanzando récords históricos con un precio promedio de 829 € en Cataluña y cifras que llegan a los 1.171 € en Barcelona, 1.358 € en Sitges o 1.499 € en Sant Cugat del Vallès. Está claro que el PSOE ha estado arrastrando los pies a la hora de aplicar esta regulación de precios que cuenta con el respaldo del 81% de los catalanes y de la mayoría de votantes de todos los partidos políticos (según publicó el CEO este mes de febrero).

Además, en las últimas semanas, el Ministerio de Vivienda ha estado trabajando en la elaboración de un índice, que en lugar de dar una cifra exacta proporciona un abanico de precios, y que facilita que los arrendadores se acojan a los valores más altos.

Es por este motivo que las negociaciones a la hora de exigir reducciones de precio a los grandes tenedores estarán en el centro, y la intervención y representación del Sindicat de Llogateres será determinante para que las inquilinas puedan negociar con fuerza.

Aplicar la regulación de manera estricta y tapar los agujeros que deja la ley

Como ya expresamos en el momento de la aprobación de la ley, es imprescindible no dejar ninguna rendija para que los arrendadores y las agencias inmobiliarias puedan eludir la ley y, al mismo tiempo, hay que disponer todos los elementos necesarios para que se cumpla estrictamente.

Esto implica, en primer lugar, la puesta en marcha de un régimen sancionador estricto y de los mecanismos de control del cumplimiento y circuitos de denuncias. También es necesario que la Generalitat asegure que toda la información necesaria esté disponible y llegue a toda la población inquilina: todos deben poder conocer y entender cómo funciona la regulación y qué deben hacer en caso de que intenten estafarlos.

En segundo lugar, no renunciamos a mejorar el índice de precios de manera que se ajuste a unos precios más bajos y que permita que las bajadas obligatorias se generalicen. Esta regulación debe poder ir más allá de normalizar unos precios inflados.

En último lugar, es necesario regular con urgencia las figuras que los especuladores utilizan para eludir la ley: los alquileres de temporada y el alquiler de habitaciones. Tanto a nivel estatal como a nivel catalán se han prometido regulaciones que no llegan. Cada día que pasa dejando estas rendijas abiertas, nuevos pisos se desvían y más familias se ven amenazadas de expulsión o de aumentos de precio.

No valen congelaciones: ahora bajemos los alquileres

Esta regulación no habría sido posible sin los años de presión y movilización que han hecho posible lo que parecía impensable y una opción prohibida por parte de determinados sectores. Después de años de organización y lucha de la gente inquilina, y con el precedente histórico de la regulación catalana (2020-2022), poner límites a los precios de los alquileres es una opción de sentido común y compartida por la mayoría de la población.

Sin embargo, el límite al que ha llegado el precio del alquiler hace que una congelación de precios quede muy lejos de lo que la gente necesita. El precio en Barcelona, por ejemplo, supone un 58,6% del salario medio. Para llegar al 30%, como recomiendan numerosos organismos internacionales, habría que bajar los precios a la mitad. Por eso, el Sindicat de Llogateres se pone a trabajar inmediatamente para conseguir bajadas de alquileres: haciendo valer las bajadas obligatorias que la regulación prevé, pero también animando a todos a plantarse ante precios abusivos que asfixian la economía de tantas familias.