Podemos Baleares reclama 400 viviendas de la SAREB para que se destinen a alquiler social

La coordinadora autonómica de Podemos Baleares y diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Antonia Jover, ha reclamado que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), más conocido como ‘el banco malo’, ceda al Govern casi 400 viviendas de las que dispone en la Comunidad para que se destinen a alquiler social.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Jover ha recalcado que si el Gobierno ha asumido la «mil millonaria deuda» de la SAREB, «qué menos que asumir también sus inmuebles».

Según la información disponible en el portal de la SAREB consultada por Podemos, en Baleares cuentan con 386 viviendas, 218 suelos, 143 obras en curso y 394 bienes anejos.

En la red social, Jover se ha hecho eco de una intervención del diputado de Unidas Podemos por Vizcaya Roberto Uriarte, que desde la tribuna del Congreso urgió a aumentar el parque de vivienda pública en España.

Uriarte defendió que este parque debe estar gestionado por aquellos a quienes la Constitución declara competente en materia urbanística, las Comunidades Autónomas y los municipios.

El diputado también llamaba a «acabar con la idea del beneficio, del negocio y de compensar intereses particulares» porque las viviendas en poder de la SAREB «tienen que ir al interés general y revertir en el parque público de vivienda».

Uriarte reclamaba «garantizar que no se especula con el suelo» y que el Gobierno «genere las cautelas suficientes» para evitar que «determinadas Comunidades Autónomas que siempre van a anteponer los intereses particulares al general no puedan hacerlo».

Debate sobre vivienda en Palma

La pasada semana, Podemos Palma celebró su primera asamblea del nuevo Consejo de Cídculos, en la cual se abordó el tema de la vivienda. Jesús Jurado, portavoz de la organización en la capital balear, indicó que “la vivienda tiene que ser considerada un derecho, no un bien con el que se pueda especular”, y que la solución al problema del acceso a la vivienda en el municipio pasa por “poner en el mercado muchos pisos de bancos y fondos ‘buitre’ que están vacíos, y no por dar más ‘pelotazos’ en la construcción”, haciendo referencia al necesario cumplimiento de la Ley de Vivienda, aprobada la legislatura pasada en el Parlamento balear y que se tiene que desarrollar dentro de esta. Aquí el portavoz y toda la asamblea hizo un llamamiento a que se acelere el despliegue y el reglamento que necesita la ley para ser efectiva realmente para la ciudadanía.

Desde la formación también se ha criticado que la única propuesta por parte de las patronales hasta el momento haya sido la de «hacer nuevos pisos de protección que implican recalificar terrenos rústicos», y también que desde la Conselleria de Mobilitat i Habitatge “parece que no se esté trabajando suficiente para que los grandes tenedores de viviendas cedan pisos vacíos para sacarlos al mercado a precios asequibles para la mayoría de la gente hoy en día, cuando los jóvenes tienen que compartir sí o sí porque de otra forma no pueden pagar o cuando muchas familias ni siquiera pueden tener hogar”. En este sentido, Jurado ha advertido que “no contarán con Podemos para recalificar suelo rústico para poder construir más” y que “no se puede volver a la cultura del ‘pelotazo’ urbanístico, que fue una causa muy importante de la anterior crisis económica, que todavía sufrimos”.

Así mismo, se recordó que en el acuerdo de gobernabilidad para el Ajuntament de Palma se definió la construcción de 1.500 viviendas de protección oficial, además de otras medidas como, por ejemplo, actuar sobre los precios del alquiler para fijar límites en los barrios de Palma en los que está declarada la emergencia habitacional o que se consideraban ‘zonas tensionadas’. Además de esta medida, se ha incidido en que el acuerdo también incluía medidas muy necesarias para asegurar el derecho a una vivienda digna en el municipio, como establecer porcentajes mínimos de vivienda de alquiler asequible en edificios nuevos, potenciar las ayudas a la rehabilitación de edificios, impulsar la constitución de cooperativas de vivienda y lograr que el proyecto de Son Busquets dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía de Palma.