La Plataforma Hábitat 24 anima a la ciudadanía a desbordar Madrid este domingo para exigir medidas urgentes ante la crisis de la vivienda

Madrid, 6 de febrero de 2025. El movimiento por una vivienda digna que el pasado 13 de octubre organizó una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años en la capital vuelve a la carga. Ante la ausencia de medidas de las administraciones que resuelvan en el corto plazo la falta de acceso a una vivienda digna para sectores cada vez mayores de la población, impulsa una nueva marcha este domingo, 9 de febrero, que a las 12:00 discurrirá entre la Glorieta de Carlos V (Atocha) y la Puerta del Sol. Precisamente en este último lugar, ante la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, responsable de las políticas de vivienda en la región, esta mañana portavoces de la Plataforma Hábitat 24 han alentado a la ciudadanía madrileña a desbordar ese día el centro de la capital, a dar un contundente golpe encima de la mesa que resuene en los despachos de la Casa de Correos y del resto de administraciones con alguna competencia en materia de vivienda. Lo han hecho mientras varios integrantes de Hábitat 24, espacio compuesto por casi 40 colectivos de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, sindicales y sociales muy representativos de la sociedad civil madrileña, repartían octavillas entre las y los viandantes.

Se trata de una acción más de las muchas que han organizado en las redes sociales y en la calle en las últimas semanas para invitar a las gentes de los barrios y municipios de la región a sumarse a la marcha del domingo. Una acción más que forma parte de un intenso proceso de movilización que desde la manifestación del 13 de octubre ha estado jalonado de iniciativas de todo tipo como asambleas informativas, charlas y debates, una jornada monográfica sobre el derecho a la vivienda, una concentración ante la Agencia de la Vivienda Social, reuniones con partidos políticos y grupos parlamentarios, el registro de escritos de demandas ante diferentes organismos de las Administraciones regional y central y una campaña por la prórroga de las medidas del llamado escudo social.

Laura Barrio y Alejandro Escribano, portavoces de Hábitat 24, han sido los encargados esta mañana de animar a la ciudadanía a tomar la calle este domingo, exigiendo medidas urgentes como la limitación sin demora de los precios del alquiler en las zonas tensionadas de la región y la ampliación del parque de vivienda pública disponible con la incorporación inmediata de los inmuebles de la SAREB y otras viviendas vacías y sin uso. Estas son solo dos medidas de un decálogo que dieron a conocer ante la sede de un gobierno, el presidido por Isabel Díaz Ayuso, que desde el 13 de octubre se ha limitado a mirar para otro lado y a eludir su responsabilidad, ignorando el grito de la calle. A continuación reproducimos el manifiesto elaborado por Hábitat 24 con motivo de la manifestación del domingo, que recoge las razones que la han dado origen y finaliza con el citado decálogo de reivindicaciones:

POR UNA VIVIENDA DIGNA Y SOSTENIBLE

TOMAMOS LA CALLE

MANIFIESTO

Hace cuatro meses que la ciudadanía madrileña expresó claramente, en la manifestación del 13 de octubre, que las instituciones no estaban tomando las decisiones adecuadas para solucionar la emergencia habitacional que estamos sufriendo.

Claramente dijimos que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho. Un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea y en la Constitución Española. Un derecho básico que sostiene otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la salud o la educación. Nuestra Constitución obliga, además, a todos los poderes públicos a garantizarlo y es contundente al establecer que “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Sin embargo, a pesar de la masiva movilización ciudadana, las administraciones han seguido sin tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho mandato constitucional.

Especialmente sangrante ha sido la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuyo empeño ha sido seguir favoreciendo los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores, en ocasiones con la con la complicidad de ciertos ayuntamientos, entre otros, el de Madrid. En este sentido, su Ley Ómnibus de acompañamiento presupuestario es un buen ejemplo de legislar al dictado de los intereses del poder económico. También lo es su famoso Plan Vive, un auténtico fracaso al priorizar los intereses de los inversores sobre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, adecuada y sostenible.

A mayor abundamiento, recientemente sus voceros se han dedicado a criminalizar nuevamente todas las situaciones de ocupación cuando buena parte de ellas son fruto de la necesidad y la desesperación social ante la falta de respuesta eficaz por parte de las administraciones competentes hacia a una ciudadanía cada vez más empobrecida por la distancia existente entre los precios para acceder a una vivienda y los salarios.

De la misma forma, la Comunidad sigue también sin asumir su responsabilidad en dos situaciones especialmente graves:

– El abandono deliberado de Cañada Real, donde miles de personas siguen sin suministro eléctrico a pesar de las resoluciones de Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo, que califican la situación como de emergencia humanitaria.

– El desastre de San Fernando de Henares y Coslada, donde la construcción de la línea 7B ha dejado a centenares de familias con viviendas en ruinas, sin que se haya dado una solución justa y definitiva.

¡Ya es hora de que Ayuso deje de gobernar para los poderes económicos que la han nombrado y lo empiece a hacer para garantizar los derechos de toda la ciudadanía!

Sabemos que la solución a esta crisis habitacional tiene que venir desde la actuación de los poderes públicos porque el objetivo del interés privado, maximizar los beneficios, es incompatible con la garantía de derechos. Para ello, el parque de vivienda pública que en ningún caso pueda ser descalificada, debe crecer de forma exponencial y situarse aproximadamente en la tercera parte de las viviendas totales. Para lograrlo, es imprescindible:

– Integrar las viviendas de la SAREB en la gestión de vivienda pública y social.

– Rehabilitar y reacondicionar viviendas fuera de uso.

– Incorporar a la gestión pública, a través de los distintos medios existentes, las viviendas vacías ya que no están cumpliendo con el objetivo para el que fueron construidas.

– Cerrar los pisos turísticos ilegales e imponer una licencia de actividad, un número máximo y su ubicación en zonas donde no haya demanda habitacional de larga duración.

– Establecer la declaración de zonas residenciales tensionadas para el control y la reducción de los precios del alquiler, así como un índice de precios máximos sustentado en costes y no regido por las reglas de mercado.

– Adoptar urgentemente medidas para que ninguna persona pueda ser desahuciada si no tiene alternativa habitacional, incrementando además la financiación en las políticas sociales.

Todo ello unido a que cualquier actuación o desarrollo urbanístico que se emprenda esté basado en la necesidad social, sea absolutamente respetuoso con los valores medioambientales y sea sostenible. El modelo que promueve el expolio público mediante operaciones especulativas y antisociales como las de Chamartín y Campamento debe ser inmediatamente erradicado y revertido.

Para cambiar el actual estado de cosas, exigimos:

1. La ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler y la gestión desde lo público del Plan Estatal de Vivienda Pública.

2. La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda con la fijación de unos objetivos sociales, la creación del un parque público de vivienda no descalificable del 30% del total y la declaración de zonas tensionadas directamente por parte de los propios municipios.

3. La creación de un plan a cinco años, suficientemente dotado, para la rehabilitación y mejora de viviendas tanto habitacionalmente como desde el punto de vista energético.

4. Las garantías legales de que no se producirán desalojos sin alternativa habitacional.

5. La suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos y el cierre de los pisos actualmente en situación irregular con la imposición de las sanciones que correspondan.

6. La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda.

7. La adecuación de los barrios y pueblos al nuevo escenario de cambio climático, protegiendo el arbolado y creando las condiciones para que éstos sean habitables.

8. El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en Cañada Real, facilitando la suscripción

de contratos suministro de energía y creando mesas de trabajo para atender las demandas vecinales.

9. La solución de la situación creada en San Fernando y Coslada mediante un pacto regional que proteja a las familias y salvaguarde su derecho a una vivienda digna.

10. La preservación y refuerzo de los valores medioambientales y de los entornos afectados en cualquier proyecto urbanístico.

¡Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se organice! ¡Solo organizándonos, podremos conquistar nuestros derechos!

¡La vivienda es un derecho, no un negocio!