Varias viviendas o ninguna: la tendencia a la polarización marca la propiedad residencial en España

En España la propiedad residencial está polarizada: cada vez hay más personas que tienen varias viviendas o que no tienen ninguna. Así lo afirma el informe “Vivienda para vivir: de mercancía a derecho”, que ha hecho público esta mañana el centro de pensamiento Future Policy Lab. Según el documento, esta tendencia implica también un cambio en términos generacionales: hemos pasado de un “país de propietarios” a una “generación de alquiler”.

El informe –elaborado por un grupo de personas expertas de diversas disciplinas y coordinado por el sociólogo Carlos Delclós– muestra que, en los últimos años, las tasas de propiedad de vivienda han caído en todos los grupos de edad, pero especialmente entre los hogares más jóvenes. Los hogares que compraron su primera vivienda entre los años setenta y noventa se beneficiaron de una situación económica favorable, mientras que a quienes que entraron en el mercado de la vivienda a partir de la década de 2000 les ha penalizado la precariedad del mercado laboral, empujándoles hacia un mercado de alquiler inasequible, en el que el precio medio ofertado del metro cuadrado en la vivienda nueva ha crecido un 681% entre 1985 y 2022.

Mientras tanto, España también ha experimentado un fuerte crecimiento en el número de quienes, además de ser propietarios de su vivienda principal, compran otras viviendas para ponerlas en alquiler y obtener beneficios de ellas. La proporción ha pasado del 2,5% en 2008 a casi el 7% en 2020. Combinadas, ambas tendencias resultan en una polarización de la propiedad que el informe sitúa como consecuencia directa de la mercantilización de la vivienda propiciada por las políticas públicas de las últimas décadas.

Para revertir lo que se plantea como una situación de crisis persistente en la accesibilidad a la vivienda, este informe propone un ecosistema de medidas que deben deben ser consideradas de manera conjunta. Las recomendaciones parten de la consideración de la vivienda como derecho social garantizado, punto de partida básico para un proyecto de vida digna.

Las políticas públicas propuestas incluyen la ampliación del parque de vivienda social (con un objetivo del 30% de cara a 2030 y un aumento paulatino del actual 0,1% del PIB destinado a política de vivienda social a un 0,3%como mínimo en los próximos tres años.), la regulación del alquiler (acompañado de una serie de controles para evitar posibles efectos indeseados) o las medidas de fiscalidad redistributiva (incluyendo el recargo del IBI para las viviendas no principales y la creación de un régimen fiscal especial para promotores de vivienda asequible).

El informe apuesta también por el fomento de las iniciativas público-comunitarias para nuevas formas de tenencia más allá del alquiler, las medidas complementarias para paliar los efectos de desigualdad de los procesos de rehabilitación energética o la creación de mecanismos de intermediación entre arrendatarios y arrendadores. En esta misma línea, plantea también la necesidad de una mayor transparencia, accesibilidad y monitorización de los datos sobre vivienda; así como la formalización del sindicalismo inquilino para garantizar su derecho a participar en la negociación de las condiciones de alquiler.

El informe “Vivienda para vivir: de mercancía a derecho” se presentará esta tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en un acto que contará con la presencia de Raquel Sánchez, ministra de transportes, movilidad y agenda urbana, Héctor Illueca, vicepresidente segundo y consejero de vivienda de la Generalitat Valenciana, y Lucia Martín, concejala de vivienda del ayuntamiento de Barcelona. Conducido por la periodista Pilar Velasco, en el acto también participarán algunos de los autores y autoras del documento.

Future Policy Lab es un centro de pensamiento formado por investigadores de diferentes disciplinas que se lanzó hace un año con la publicación del informe “Derribando el dique de la meritocracia”. Su objetivo es ejercer de puente entre la política, la academia y la sociedad civil para proponer políticas públicas capaces de hacer frente a las crisis climáticas y de desigualdad a las que hoy se enfrenta España.