CCOO PV reclama al Consell que intervenga en el mercado de la vivienda y limite los precios

En un contexto de emergencia habitacional, ante la alarmante dificultad de acceso a la vivienda de buena parte de la sociedad valenciana, el sindicato reclama a los gobiernos que intervengan en el mercado, para hacer efectivo el derecho a la vivienda. CCOO PV considera fundamental revertir el recorte de 17 millones que se ha producido este año en los Presupuestos de la Generalitat y volver a la senda expansiva del gasto público en esta materia.

La falta de financiación no puede ser una excusa para excluir de las ayudas a las personas que lo necesitan. Hay que evitar, por tanto, situaciones como las acaecidas recientemente, en la que el Gobierno valenciano ha dejado a 4.266 solicitantes sin ayudas al alquiler, atribuyéndolo a haber consumido la financiación de la línea presupuestaria de las cuentas públicas de la Generalitat Valenciana. Todo ello, cuando ha anulado la partida presupuestaria que iba a ser destinada a estas ayudas. De hecho, el Gobierno de Mazón ha presupuestado para 2024 una cuantía insuficiente, atendiendo al volumen de solicitudes que se han aceptado a lo largo de este año. Es necesario analizar cómo se articulan las ayudas al alquiler, para que no supongan un efecto perverso de subida de precios y transferencia de dinero público a manos privadas, como está ocurriendo con el Bono Joven del Alquiler. Toda ayuda debe ir acompañada de una limitación de precios.

Para CCOO PV, también es prioritario ampliar el parque público de vivienda, incluyendo los pisos vacíos, para aumentar las opciones de alquiler a precios asequibles. De hecho, somos de las autonomías con mayor volumen de vivienda vacía (el 14%), alcanzando casi el medio millón (459.211), según datos del INE en 2021. Además, somos la segunda por la cola en volumen de viviendas nuevas sin vender, 73.738 en 2023, un 16,47% de stock sobre el total nacional.

CCOO PV valora la aprobación de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, que incluye medidas como la limitación anual de los incrementos del precio del alquiler, que el gobierno de Mazón ha decidido no aplicar en nuestra comunidad. Destacamos la no declaración de zonas tensionadas, un hecho que está impidiendo que se incida en el mercado de la vivienda para limitar y reducir los precios. El acceso a una vivienda digna y asequible, ya sea en alquiler o en propiedad, se ha convertido en un drama para una gran parte de la población valenciana. Especialmente para las personas jóvenes, con graves dificultades para emanciparse.

Para la secretaria de Juventud de CCOO PV, Rocío Pascual, hay que actuar ya. “No estamos en un momento de tomarnos tiempo para pensar, hay que actuar ya tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. El acceso a la vivienda debe ser una prioridad en las políticas públicas y en los próximos presupuestos de la Generalitat”.

“La solución no puede pasar por volver al modelo del ladrillo o por medidas como la descalificación de la vivienda de protección pública que está planteando el Consell, en la que se pretende que se pueda vender la vivienda construida con dinero público a precios de mercado y hacer de la vivienda un bien de especulación”, ha explicado la secretaria de Políticas Públicas de CCOO PV, Ana Belén Montero, en referencia a la modificación en la regulación de la vivienda de protección pública, actualmente en proceso de aprobación.

El sindicato apunta al aumento de precios, provocado por factores como la especulación, la gentrificación y la turistificación. En algunas zonas, sobre todo las turísticas y las grandes ciudades, se imposibilita el acceso a una vivienda digna a los sectores más vulnerables de la población. El aumento de desahucios más notable se está dando en viviendas de alquiler. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 se produjeron 3.869 desahucios, situándonos como la tercera comunidad con mayor volumen de desahucios.

CCOO PV constata que una gran parte de las operaciones de compraventa en el País Valenciano es de inversión mayorista y no residente, lo que provoca que suban los precios. Esta cuestión especulativa se muestra en un dato revelador: de un total de 104.869 operaciones en 2023, solo se hipotecaron un 38,7 % de las operaciones de venta de vivienda.

Además, según datos de marzo de 2024 del Consejo General del Notariado, el precio medio del m2 de la vivienda libre se situó en 1.449,26 euros (incremento del 6,5%, porcentaje superior a la media nacional). Es destacable que en 17 provincias la variación interanual de precios de la vivienda libre en el primer trimestre de 2024 se encuentra entre el 4% y el 6%; el incremento mayor del 6% se produce en otras once provincias: entre ellas Alicante, con un 7,3%, y Valencia con un 7,1% de incremento.

Otro aspecto que reduce el número de viviendas de uso residencial, son las viviendas turísticas con licencia que operan en el Estado (351.389), localizándose 59.413 en el País Valenciano, la segunda comunidad con mayor aumento de alquileres turísticos, con un 19% más el último año. De esas 59.413 viviendas en la comunidad, 38.007 se encuentran en la provincia de Alicante, 14.599 en Valencia y 6.807 en Castellón. CCOO PV exige el control y la limitación del alquiler turístico, con su prohibición en zonas tensionadas.