Pablo Jiménez, diputado de Esquerra Unida en Baleares, reclama en el Pleno del Congreso medidas para garantizar “el derecho a una vivienda digna” y “acabar con la especulación”

Martes, 7 de marzo 2023.

El diputado de Esquerra de Menorca-Esquerra Unida de les Illes Balears en el Parlamento balear, Pablo Jiménez, ha reclamado esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados a las formaciones de la Cámara estatal que para “garantizar el derecho a una vivienda digna”, contribuyan a “poner límites a la función económica de la vivienda cuando esta sea puramente especulativa, como es ahora el caso, algo que molesta a los que se oponen a la regulación efectiva de la vivienda y hacen lo imposible por dinamitar cualquier avance que reduzca sus incontables beneficios”.

Jiménez, parlamentario en el grupo balear de Unidas Podemos, ha sido uno de los tres miembros del Parlamento de su territorio que ha intervenido esta tarde en el Congreso para defender la toma en consideración de una proposición de ley autonómica, en este caso la que pide modificar la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

El diputado autonómico de la federación de Izquierda Unida en les Illes Balears consideró que “el Estado debe ser sensible a la gravedad del momento, priorizar el derecho a la vivienda por encima de lo que algunos califican como un ‘bien de mercado que genera actividad económica’, considerar el blindaje social de la vivienda como primordial y reconocerlo como derecho fundamental en la Constitución”.

“Creemos -apuntó Jiménez- que tenemos una oportunidad con el Gobierno de progreso actual y los grupos parlamentarios que lo apoyan para sacar adelante una Ley de Vivienda estatal que tenga repercusión en el conjunto del Estado”.

En esta línea, expuso con todo detalle los objetivos a los que debería responder esa norma, entre ellos, “paralizar todo desahucio sin alternativa habitacional; que impida los cortes de suministros básicos por impago; que aborde los gastos y comisiones injustificados de las inmobiliarias; que regule las zonas turísticas tensionadas; que controle el alquiler turístico ilegal ampliando la inspección; que movilice el parque de vivienda de la Sareb para que pase a ser gestionado por las comunidades”.

El diputado autonómico balear prosiguió su enumeración indicando que la necesaria ley debe servir también para que se “revise la fiscalidad sobre la vivienda; que reduzca a 5 el número de viviendas para ser considerado gran tenedor en una comunidad y a 10 en el conjunto del Estado; que impida que las VPO de promoción pública puedan venderse; que restrinja la compra de viviendas a las personas físicas o jurídicas no residentes en territorios insulares y que elimine el visado de residencia conocido como ‘Golden Visa’”.

Pablo Jiménez consideró que la proposición de ley que ha contribuido a defender esta tarde “representa una oportunidad para avanzar en estos objetivos. Es necesario que las comunidades autónomas puedan regular el régimen de contención o moderación de rentas de alquiler, dado que resulta de cierta anomalía tener competencias en vivienda, pero no poder adoptar medidas que supervisen su precio”.

Valoró que esto es “una paradoja que se da entre esta competencia autonómica exclusiva y las dudas suscitadas sobre sus posibilidades de acometer medidas de contención de precios, dado que la Constitución reserva al Estado las competencias sobre las bases de las obligaciones contractuales recogidas en la LAU”.

De ahí que aclarara que “la interpretación de esta paradoja es la que lleva a que iniciativas legislativas de algunas comunidades a este respecto puedan considerarse inconstitucionales”.

“Creemos, por tanto, que el trabajo conjunto del Estado y de las comunidades autónomas puede servir para avanzar en la resolución de un problema que tiene una base política y unas consecuencias sociales de largo alcance. Si conseguimos aunar esfuerzos con el objetivo central del reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda para toda la población, avanzaremos en justicia social, en caso contrario, seguiremos beneficiando al negocio de unos cuantos”, indicó.

El diputado de Esquerra de Menorca-Esquerra Unida de les Illes Balears aportó de manera decidida por “revertir” la actual situación, entre otras razones porque “el beneficio privado jamás puede estar por encima de las necesidades habitacionales de la población más vulnerable”.

Jiménez recordó y “renegó” de la “época nefasta de los años 2012 y 2013, cuando Rajoy (en su etapa como presidente del Gobierno del PP) intervino el mercado para facilitar la absorción de los llamados ‘activos tóxicos’ de los bancos y evitar así, a su parecer, la quiebra del sistema financiero”.

Unos activos tóxicos que “nosotros llamamos casas, lugares donde vivir y desarrollar un proyecto vital. Un momento en el que se inventa la Sareb, esa entidad que, según el PP, no iba a costar un euro a la ciudadanía y que ha servido para desviar fondos públicos a la banca. Una apropiación de recursos públicos en un país con el 21,7% de la población en riesgo de pobreza”.

Para ilustrar perfectamente lo necesario de sus propuestas, Pablo Jiménez comenzó su intervención aportando un rosario de datos contrastados que demuestran que “Baleares está a la cabeza de varios de los indicadores más significativos de la complicada situación habitacional actual”.

Así, expuso que “el alquiler de vivienda ha alcanzado en febrero los 14,5 euros por metro cuadrado al mes de media, un aumento del 18,7% con respecto al año anterior y en torno al 45% con respecto a hace 10 años”. Cataluña y Madrid encabezan el listado de las comunidades más caras en el mercado de alquiler, superando los 15 euros por m2, siendo Extremadura la más barata con 5,8 euros.

Otro dato importante en la evolución al alza de los alquileres en Baleares “es la compra de vivienda por no residentes, especialmente extranjeros, que ha representado en 2021 el 39,5% del total de compras, según el Colegio de Registradores”.

Detalló también que esta crisis del acceso a la vivienda que “viene de lejos” se caracteriza, sobre todo, “por el ínfimo parque público de vivienda de alquiler social, en torno al 1,1% del total, frente al 38% de Holanda, el 17,4% del Reino Unido o el 14% de Francia, siendo esta carencia uno de los más graves problemas, que lastra la respuesta de las administraciones públicas frente a la agresividad especulativa de los mercados inmobiliarios”.