Construyendo el derecho a una vivienda digna

Somos muchas las que han luchado y siguen haciéndolo por defender el derecho a la vivienda frente a la codicia de estafadores, de fondos buitre, de especuladores y de quienes sólo mencionan la palabra derecho para hablar de la sacro santa propiedad privada. Mientras se desahuciaba, se condenaba a deudas perpetuas a familias, se consagraba la locura de otorgar protección al acaparamiento y desuso de edificios enteros y abandonar a su suerte a quien no podía hacer frente a hipotecas usureras o a alquileres desorbitados.

Conviene comenzar así este artículo, para situar en su justa medida lo que la lucha social, judicial, política y sindical, durante muchos años y de muchos colectivos (escenificada hace cinco días a las puertas del Congreso) ha conseguido para que ayer los titulares de algunos importantes medios, sacaran las uñas tildando el acuerdo de UP y PSOE para plasmar la primera ley de vivienda de rango estatal, como “una distorsión brutal del derecho a la propiedad” o un “ataque sin precedentes a la propiedad privada”.

Tras el primer paso, toca resistir y seguir empujando

La centralidad del derecho a la vivienda forma parte ya de la conciencia social general, ampliada por la pandemia, que ha puesto en evidencia lo que venimos peleando y defendiendo desde la burbuja inmobiliaria que asoló nuestro país y a miles de familias. Las medidas adoptadas para proteger ese derecho de hipotecados e inquilinos durante la pandemia, ha sido fundamental para frenar un nuevo intento de especuladores y buitres de sacar provecho de la desgracia y de cada crisis. Y ahora llega este acuerdo, como siguiente paso en ese camino de lucha, resistencia, persistencia y conexión entre la organización social y quienes han llegado a las instituciones para defender los derechos de la mayoría social, cómo se rubricó en el acuerdo de gobierno, con la clara idea de que no hay vuelta atrás, sino una oportunidad obligada de construir un país con más y mejores derechos para la mayoría, y no de privilegios para una minoría; un acuerdo que no es sino un primer paso en la necesaria e inexistente legislación estatal de un derecho fundamental, que ha sido negado y pisoteado en el pasado por quienes debían defenderlo, y que desde luego, aún hoy, en un escenario de inicio de pos pandemia, se sigue negando y haciendo aspavientos a cualquier medida que ponga freno a los carroñeros.

En este contexto, hoy el epicentro del debate sobre el acuerdo, no es si este paso es suficiente (que desde luego, como todo camino por recorrer, no es la meta), sino cómo seguimos resistiendo y empujando para que los poderes económicos y sus aliados políticos no encuentren oídos a sus tergiversaciones, no pretendan que asumamos que los derechos de la mayoría son mero papel y que el único derecho a proteger es el de la propiedad privada de los grandes tenedores de vivienda, de los bancos, de los fondos buitre y de los “negociantes” con los derechos humanos.

En un momento importante, en la pos-pandemia

Por eso es tan importante este acuerdo, y es tan importante el momento en el que se produce, cuando ya concluyen las medidas de urgencia coyuntural que han protegido a miles de familias en esta pandemia, y que deben seguir siendo protegidas en el futuro que queremos para todas, que no es volver a la “normalidad” de los desahucios, de la exclusión social.

Se logra avanzar en una ley urgente en nuestro país que cumpla con los acuerdos firmados e inicie el camino de la protección y reconocimiento del derecho a la vivienda en nuestro país, y estas son las principales claves:

– Por primera vez, se va a proteger como lo que es, un derecho, y se va a defender frente a los intereses de unos pocos el derecho a una vivienda digna.

– Los precios de los alquileres van a bajar en nuestro país. Las medidas van a proteger a los inquilinos e inquilinas, van a obligar a los fondos buitre y a los grandes propietarios.

Derecho regulado por Ley

Las medidas más importantes de este acuerdo, y de la futura Ley, son las siguientes:

1. Regulación y bajada de los precios del alquiler. Aspectos principales:

– Grandes propietarios: obligación por ley de bajar los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado. Retirada de privilegios fiscales.

– Pequeños propietarios: congelación de precios e incentivos fiscales para bajarlos.

2. Suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional: será necesario pedir un informe previo a los servicios sociales. Dicha alternativa deberá ser una vivienda digna y asequible.

3. Impuesto a la vivienda vacía: recargo del IBI de hasta un 150% sobre la vivienda vacía, que podrán aplicar los ayuntamientos sobre aquellos inmuebles que lleven 2 años vacíos sin causa justificada.

4. Movilización del parque público de alquiler: reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (no solo nuevas promociones sino también grandes reformas). De este 30%, la mitad deberá destinarse a alquiler social. En caso de ausencia de este porcentaje cualquier persona podrá reclamarlo judicialmente.

Toca seguir peleando, seguir concienciando, seguir sumando fuerzas, siendo conscientes de que cada avance, se va a encontrar de frente con los grandes poderes económicos y mediáticos que han sostenido años de desahucios, de deudas impagables, de exclusión social. A ellos les sobra la gente para acaparar beneficios y privilegios; A nosotras nos hace falta toda la gente para defender y construir Derechos.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO.

*ANABEL SEGADO. Secretaria de Vivienda / Secretaria de Organización del PCE

Fuente: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=11996