Amigos de la Tierra y CECU reclaman garantizar el derecho a la naturaleza y a la vivienda para lograr ciudades justas y sostenibles

Amigos de la Tierra y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) publican el informe «Derecho a la naturaleza, Derecho a la ciudad» en el que se presentan medidas para aunar el acceso a una vivienda digna y el derecho a espacios verdes. En el mismo recopilan diferentes representaciones de la desigualdad social en la ciudad y su relación con la naturaleza.  

Cada día es más urgente tomar medidas eficaces para frenar los peores efectos de la crisis climática y de biodiversidad. Las altas temperaturas provocan más de 4.700 muertes al año sólo en España. En este sentido, las ciudades son un espacio clave de actuación. Aunque sólo ocupan el 2% de la superficie terrestre, aglutinan a más de la mitad de la población y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La renaturalización de las ciudades es una de las medidas que puede favorecer tanto la adaptación como la mitigación del cambio climático. Las zonas verdes urbanas permiten la reducción a escala local de las temperaturas, además de generar espacios de encuentro y ocio y mejorar la salud de las personas, tanto física como mental. “A pesar de la importancia de la naturaleza para la vida humana, vemos grandes diferencias en el acceso a zonas verdes por cuestiones de renta, lo cual debe corregirse de inmediato” comenta Miguel Díaz, responsable de Biodiversidad y Territorio en Amigos de la Tierra.  

A su preocupación por la falta de planes ambiciosos para renaturalizar las ciudades, las organizaciones añaden los efectos negativos que estos proyectos pueden tener debido al aumento de los precios de la vivienda, muy relacionado con la “gentrificación verde”, que destruye entramados vecinales y priva a la ciudadanía del derecho a la naturaleza. “Controlar los precios del alquiler y blindar el acceso a la vivienda son mecanismos esenciales para garantizar que la necesaria implantación de proyectos de renaturalización se realice sin dejar a nadie atrás”, comenta Clara Vázquez, responsable de Sostenibilidad en CECU. 

Las organizaciones establecen una serie de medidas de urgencia, para las que es necesario contar con el trabajo conjunto entre todas las administraciones, basadas en dos criterios clave: por una parte, lograr una implementación de la renaturalización urbana para 2030 que permita cumplir con los criterios establecidos por la OMS (al menos un 30% de cobertura vegetal y que todas las viviendas se encuentren a un máximo de 300m de una zona verde), y por otra asegurar el derecho a la naturaleza, de forma que los proyectos de renaturalización no contribuyan a la especulación inmobiliaria. Para ello son necesarias varias medidas clave, desde regular el precio del alquiler y limitar la expansión de los pisos turísticos, a la prohibición de talar arbolado maduro en buen estado, pasando por la construcción y el reconocimiento de refugios climáticos comunitarios. 

Amigos de la Tierra y CECU instan a las administraciones públicas a tomar en cuenta estas medidas, y llevarlas a la práctica de forma urgente en un momento clave para garantizar la adaptación al cambio climático y asegurar el acceso a la vivienda.