Redacción •  Vivienda •  09/02/2025

Sindicatos, asociaciones vecinales y plataformas inundan las calles de Madrid para exigir una vivienda digna y sostenible

  • Decenas de miles de personas secundan la movilización convocada por más de 40 colectivos unidos en la plataforma Habitat24 para exigir medidas inmediatas para el control de los precios del alquiler y el acceso a la una vivienda digna.
Sindicatos, asociaciones vecinales y plataformas inundan las calles de Madrid para exigir una vivienda digna y sostenible

Decenas de miles de personas se han sumado este domingo a la movilización, convocada por la Plataforma Habitat24, compuesta por más de 40 entidades, asociaciones, sindicatos y movimientos sociales, para reclamar medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda digna y sostenible.

La movilización, bajo el lema ‘Tomemos la calle: Vivienda sostenible para todas ya’, ha arrancado a las 12:00 del mediodía de Atocha con un notable contingente que los convocantes han cifrado en 100.000 personas, en dirección a Cibeles.

«Tomamos de nuevo las calles de Madrid para decirle al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ya está bien de escudarse en los demás para no adoptar las medidas en materia de vivienda que tienen que llevar adelante», ha declarado la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma Sánchez, una de las entidades que conforma la Plataforma Habitat24.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma, Alejandro Escribano, ha centrado su atención en la negativa del Ejecutivo regional para aplicar medidas contempladas en la Ley Estatal de Vivienda. «Madrid tiene que poner las zonas tensionadas de alquiler en todos los municipios que lo requieran. Necesitamos urgentemente soluciones habitacionales para las familias que viven en régimen de alquiler para acabar con esta crisis de alza de los precios y dejar que los rentistas hagan el agosto con el salario de los trabajadores», ha afirmado Escribano.

El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, ha animado al Gobierno de España a tomar medidas más contudentes y «obligue a las comunidades autónomas, como Madrid, a que ni un solo euro público de política de vivienda acabe en manos de la especulación».


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