IU Madrid presenta una batería de alegaciones a la regulación de viviendas con protección pública del gobierno autonómico

Izquierda Unida Madrid ha registrado una batería de alegaciones al proyecto de decreto por el que se regulan las viviendas con protección pública de la Comunidad de Madrid. Para la organización, el proyecto el proyecto presentado por el gobierno autonómico este mes de enero, dista mucho de resolver los problemas de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid.

Según IU, este reglamento resultaría muy beneficioso para promotores privados de vivienda protegida, a costa de damnificar los intereses de la población con dificultades de acceso a la vivienda. “Este reglamento no pone el foco en la protección de los colectivos más vulnerables”, afirma el responsable de política Municipal de IU Madrid, Mariano Pérez.

“Lo que nos encontramos, en realidad, es un marco legal en línea con los planes del gobierno autonómico de usar la vivienda con protección pública como rampa de impulso a las constructoras privadas”, apunta en el mismo sentido la coportavoz Carolina Cordero. “Algo que ya había quedado claro con el Plan Vive anunciado por el consejero David Pérez o los planes de vivienda en alquiler anunciados por el Ayuntamiento de Madrid”, añade.

IU Madrid ve en el contenido del reglamento una pieza más en el engranaje que pretende desplegar el gobierno autonómico para dar un impulso a los beneficios de las constructoras privadas en la región, en línea con la polémica reforma de la Ley de Suelo que actualmente se encuentra en los tribunales. “Esto queda reflejado en la población objetivo del reglamento, que debe tener según los requisitos un 1,5 veces el IPREM, es decir, no se puede optar a vivienda de protección si no se supera una capacidad adquisitiva”, expone el coportavoz de IU Madrid Álvaro Aguilera. “Un despropósito mayúsculo, la política de vivienda pública debe estar destinada a facilitar el derecho a la vivienda a aquellos sectores de la población que más complicaciones tienen por nivel de renta, este reglamento va en el sentido contrario”, advierte.

La organización critica así mismo el procedimiento establecido para obtener la calificación provisional de vivienda con algún tipo de protección mediante la mera presentación de una declaración responsable. “Este procedimiento deja al albur de los constructores la responsabilidad de que las viviendas cumplan todos los parámetros establecidos para las viviendas de protección pública”, advierte Mariano Pérez.

“Además, establece un nuevo modelo de alojamiento temporal para estudiantes extranjeros que lo único que va a servir es para alimentar el negocio de ciertos fondos de inversión”, indica Mariano Pérez, haciendo referencia a uno de los elementos impugnados en las alegaciones presentadas.

La facilitación de reformas o ampliaciones de viviendas y edificaciones con protección pública, la definición de vivienda desocupada contemplada en el reglamento o la exclusión de las familias monoparentales de los coeficientes reductores de ingresos mínimos requeridos para optar a una vivienda, son otros de los elementos impugnados por la organización.