El Ministerio de Vivienda se reunió con Airbnb ignorando a la mayoría social

Comunicado Sindicatos de Inquilinas

A 24 horas de la reunión prevista entre los Sindicatos de Inquilinas y el Ministerio de Vivienda, el ministerio canceló nuevamente el encuentro. Desde hace meses, los sindicatos solicitamos una reunión para abordar el grave problema de la vivienda y presentar una propuesta consensuada para regular los alquileres temporales y de habitaciones, además de discutir los fallos en la implementación de la Ley de Vivienda en los distintos territorios del Estado. Sin embargo, el ministerio ha pospuesto repetidamente esta reunión, mientras se ha reunido con Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, ha visitado plantas de constructoras como grupo ANRO, ha participado en foros del Cercle d’Economia en Barcelona o ha recibido a la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco).

Este hecho demuestra cómo las políticas de vivienda del ministerio, bajo la dirección de Isabel Rodríguez, se elaboran en colaboración con la patronal inmobiliaria y de espaldas a la ciudadanía, en la línea de lo que ya hicieron sus antecesores Joan Clos y Helena Beunza, que actualmente trabajan directamente para ella. El anuncio superficial de la regulación de los alquileres temporales hace una semana, es una evidencia más de esta colaboración, que más allá de echar balones a las comunidades autónomas y ser toda una actuación teatral, esconde detrás una regulación hecha a medida para los especuladores.

Regular los alquileres temporales de la mano de la patronal inmobiliaria

Las medidas anunciadas hace una semana por Isabel Rodríguez para regular los alquileres temporales son sólo titulares grandilocuentes sin ninguna medida eficaz detrás. Desde los Sindicatos, aún esperamos acceder al texto con las medidas concretas. Sin embargo, las promesas de la Ministra indican claramente que la regulación propuesta protege los intereses de la patronal inmobiliaria.

Implementar un reglamento no sirve para proteger a los inquilinos: para proteger a quienes vivimos de alquiler es necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar los derechos de los inquilinos. Dejar la ley tal como está solo perpetúa los problemas existentes. El reglamento propuesto permite seguir utilizando el alquiler temporal para saltarse la limitación de precios, cobrar honorarios al inquilino o exigir una fianza más alta de la permitida, lo que sigue siendo una brecha para burlar la regulación de precios y aumentar el precio cada año, algo que en un alquiler habitual solo se podría hacer cada cinco años. En resumen, esta propuesta permite que desviar la oferta al mercado del alquiler temporal siga siendo rentable para los propietarios especuladores.

Una plataforma web insuficiente

De nada sirve establecer sistemas de registro y control para los alquileres temporales si no se legisla para limitar su uso especulativo y proteger a los inquilinos. Es como poner un radar de velocidad en una carretera sin límite de velocidad: sirve para contar, pero no para evitar abusos. Esto oficializa un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal. Además, transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas y puede tardar mucho tiempo en implementarse, como ya se vio con el índice de alquileres.

Justificar la causalidad ya está previsto

El hecho de tener que justificar la causalidad de los alquileres temporales es algo que ya prevé la ley. Esta medida deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual y continúa vulnerando los derechos de quienes pueden justificar la causa. Cabe recordar que los alquileres temporales han aumentado un 56% en detrimento del alquiler habitual, y el motivo no es una mayor demanda, sino que quienes especulan con la vivienda los utilizan para aumentar sus beneficios. Esto sigue tensionando el acceso a la vivienda y potenciando el desplazamiento hacia el alquiler temporal.

De los titulares a las acciones reales

Durante el último año, hemos visto cómo el Ministerio de Vivienda se ha limitado a observar la inaplicación de la Ley de Vivienda y a bloquear la implementación de medidas concretas que garanticen el derecho a la vivienda. Es el caso del decreto de alquileres temporales de Cataluña, una medida que afrontaba el problema de raíz, abordaba los alquileres temporales y de habitaciones y establecía un régimen sancionador. Pero fue bloqueada por el PSC con el apoyo del PP, Vox y Junts per Catalunya. Paralelamente, vemos cómo algunas de las medidas claves de la Ley de Vivienda, como la prohibición de cobrar honorarios, se incumplen sistemáticamente por las inmobiliarias, mientras el Gobierno no establece ningún sistema de control. Solo en Cataluña se está aplicando la regulación de precios del alquiler, cuando en muchas comunidades autónomas podría condicionarse la aprobación de los presupuestos a la implementación de los límites de precios.

En contraste, el ministerio de Isabel Rodríguez se limita a emitir titulares que proclaman el derecho a la vivienda sin traducirse en acciones concretas. Esta parece ser la estrategia principal del Gobierno del PSOE: lanzar cortinas de humo para distraer a la ciudadanía mientras se implementan políticas que benefician a la patronal inmobiliaria. En la actual crisis de vivienda, con los precios de alquiler más altos de la historia, la ciudadanía necesita medidas concretas, urgentes y eficaces. Es hora de pasar de los titulares a las acciones reales.