El Sindicat de Llogateres reaccionará al foro “Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar” organizado por el Ministerio de Vivienda, con declaraciones de su portavoz

El Sindicato de Aldea ya planteó con la manifestación del 23N cuatro soluciones que podrían aplicarse con efectos inmediatos: la bajada del precio del alquiler un 50%, los contratos indefinidos para acabar con el chantaje en cada finalización de contrato, la recuperación de pisos vacíos y desviados a otros usos (como el alquiler turísticos y el de temporada) y la prohibición de las compras especulativas para acabar con el acaparamiento de pisos.

En paralelo y con una mirada a medio y largo plazo, es necesario ampliar el parque de vivienda pública, que en estos momentos se encuentra a niveles ridículos, pero sobre todo hacerlo cambiando radicalmente el modelo bajo el que se ha desarrollado hasta ahora la Vivienda de Protección Oficial (VPO). El principal objetivo no debe ser el de constituir un mercado de alquiler “asequible”, sino impulsar todo un sector en el que la vivienda no sea una mercancía. Para empezar, es necesario eliminar el tope mínimo de ingresos para acceder a la VPO y reducir los precios con un sistema progresivo en función de los ingresos.

Es necesario contar con herramientas 100% públicas de promoción y gestión de la VPO. Actualmente, las promociones en manos de gestores privados han supuesto la vulneración de los precios máximos marcados, la imposición de cláusulas abusivas, la expulsión de vecindario con la extinción de contratos de alquiler y la falta de mantenimiento de los edificios. Esto se evidencia claramente en el caso de los inquilinos y inquilinos de las fincas de protección oficial de La Caixa, que impulsan la primera huelga de alquileres como forma de protesta.