Unidas Podemos por Andalucía alerta que la adjudicación de 91 viviendas a un fondo buitre en Écija puede ser nula de pleno derecho

El diputado de Unidas Podemos por Andalucía, Ismael Sánchez ha anunciado hoy el registro de una interpelación a la Consejería de Fomento ante las “irregularidades” que se hubieran podido cometer en el proceso de adjudicación de las viviendas de Estatuto de Autonomía de Écija.

Tras conversaciones con el letrado Francisco Tejado, representante de las familias afectadas, Sánchez Castillo ha destacado que “continuaremos manteniendo nuestro apoyo a las 91 familias residentes en la Calle Estatuto de Autonomía que han visto cómo sus hogares han sido sometidos a una subasta, privándolos del carácter social que tenían”, “máxime ahora cuando está en duda si en la tramitación del procedimiento concursal se respetaron todas las garantías legales”.

Tal y como recoge Tejado en un informe que ha hecho llegar al diputado se ha presentado, el 25 de marzo de 2022, una solicitud ante Fomento en la que se plantea si efectuó la empresa adjudicataria la comunicación correspondiente a dicha Consejería establecida en los arts. 29, 32 y 33 del Decreto 149/2006, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo.

Por ello, el parlamentario que ha destacado que “la administración autonómica debe velar por el derecho constitucional de las y los ciudadanos a una vivienda digna”, ha registrado una interpelación en la que se preguntará a la consejera de Fomento Marifrán Carazo “si efectuó la empresa adjudicataria la comunicación correspondiente a la Consejería establecida en los arts. 29, 32 y 33 del Decreto”.

Ismael Sánchez ha recordado, por último, que “desde nuestro grupo parlamentario ya instamos a la Consejería de Fomento a actuar, de forma que se pudieran garantizar las condiciones sociales para los inquilinos: personas y familias con rentas bajas y en algunos casos en situación de vulnerabilidad, que ahora se ven en una situación crítica”, y tras la información jurídica que hemos recibido del letrado que les representa, queremos insistir en que la Junta de Andalucía “se involucre y aclare si en el proceso se ha podido incurrir en alguna irregularidad que haya provocado que la adjudicación de las 91 viviendas pueda ser nula de pleno derecho”.