FACUA lamenta que Sánchez eluda imponer alquileres sociales a los grandes propietarios con viviendas vacías
- El presidente ha anunciado que va a «endurecer la regulación que persiga el fraude de los alquileres», pero no ha concretado con qué medidas.
- Según el censo de viviendas del INE de 2021, en España hay 3,8 millones de viviendas vacías y 2,5 millones de uso temporal, es decir, el 14% de las viviendas en España están vacías y casi el 10% tienen un uso esporádico.
- El dato de viviendas vacías deja en evidencia la propuesta que hizo ayer el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo: “Lo principal es facilitar la construcción de vivienda, no buscar enemigos en todos sitios”. Lo hizo tras señalar que el propio Banco de España ha alertado de que hacen falta 500.000 viviendas.
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya atendido su reivindicación de expropiar el uso de las viviendas vacías a los grandes propietarios para imponerles que las destinen a alquileres a precios sociales regulados por la Administración.
Entre las medidas anunciadas este lunes por Sánchez no ha incluido ningún tipo de penalización a quienes mantienen vacíos sus inmuebles para especular con sus precios.
La asociación trasladó el pasado octubre al presidente una serie de reivindicaciones en materia de vivienda entre las que destacaba la «expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que sean destinadas al alquiler social».
El presidente únicamente ha dado a conocer que los propietarios de viviendas vacías que no las alquilan por temor a sufrir impagos por parte de los inquilinos podrán beneficiarse de una línea de avales del Estado si cumplen una serie de requisitos, entre ellos que apliquen un «precio asequible». Avales que comenzarán este año en alquileres con inquilinos de menos de 35 años, una medida que FACUA valora a priori positivamente, si bien está a la espera de conocerla con mayor detalle.
También considera positivo la asociación el programa de financiación de la rehabilitación de las viviendas vacías que vayan a destinarse al alquiler durante al menos cinco años a precio asequible. Una medida que según Sánchez se pondrá en marcha durante este año.
Cambios regulatorios para frenar el fraude
En cuanto al resto de medidas propuestas por FACUA, la mayoría de las cuáles se refieren a cambios regulatorios para poner freno a abusos y fraudes en los alquileres de viviendas, la asociación está a la espera de que el Gobierno concrete de qué manera va a «endurecer la regulación que persiga el fraude de los alquileres», algo que también ha anunciado el presidente sin dar ningún detalle al respecto.
Así, FACUA ha pedido la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas tendrían que abonar a los inquilinos que las denuncien y prohibición de incrementar su precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o hagan firmar a este un contrato nuevo.
También reclama la asociación el reconocimiento del inquilino cómo consumidor, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, con lo que podrían ser multadas por las autoridades autonómicas de consumo, y establecimiento de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.
Mecanismos de control
En lo que se refiere a la mejora de los mecanismos de control del fraude, otra de las reivindicaciones de FACUA, Sánchez ha anunciado la «creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales puedan reforzar las inspecciones».
En este sentido, la asociación viene pidiendo dos medidas. Por un lado, la coordinación de protocolos de inspección con las comunidades autónomas para revisar de forma aleatoria los contratos de alquiler depositados en las autoridades responsables del control del pago de las fianzas y emprender acciones sancionadoras contra los arrendadores que incurran en cláusulas abusivas. Y por otro, la puesta en marcha de un plan de inspección al sector inmobiliario en coordinación con las autoridades autonómicas de consumo para vigilar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la ley de arrendamientos urbanos y la legislación en materia de consumo.
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