El Congreso rechaza la proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada con los votos de PSOE, PNV, PP, Vox y Ciudadanos
- Más de 120 organizaciones de la sociedad civil, presentaron el pasado 30 de septiembre un texto con medidas para acabar con miles de desahucios protegiendo a los más vulnerables y regular los alquileres.
- Unidas Podemos ha votado a favor, igual que Más País, EH Bildu, ERC, CUP, Compromís, BNG, Junts y Nueva Canarias.
Más de 120 entidades y organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de algunos partidos políticos del ala izquierda del Congreso registraron el 30 de septiembre en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, una ley elaborada por la ciudadanía en un ejercicio de defensa propia ante la sistemática vulneración de este derecho por parte de los poderes públicos. El texto pretendía acabar con miles de desahucios proporcionando más protección a las familias más vulnerables y garantizando el acceso a una vivienda digna, adecuada, asequible y accesible con medidas como la regulación de alquileres.
La Ley fue elaborada por las principales organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, los sindicatos laborales mayoritarios y un gran abanico de organizaciones sociales, que llevan muchos años trabajando sobre el terreno la problemática de la vivienda ante la falta soluciones y la escasez de recursos por parte de la Administración pública.
La elaboración y el registro de la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda se dio frente al inmovilismo de un PSOE que prometió la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda para el pasado mes de febrero y que también ha incumplido su compromiso con la sociedad y con sus socios de Gobierno de regular el alquiler e impedir los desahucios. Un compromiso que le permitió aprobar los presupuestos de 2021.
Las organizaciones de la sociedad civil participantes han señalado que en este momento, y con los apoyos parlamentarios que ya se han comprometido a respaldarla (Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG), sólo la negativa del PSOE impide que el derecho a la vivienda pase a estar protegido con todas las garantías.
UGT se concentró en la tarde de ayer delante del Congreso de los Diputados para reclamar al PSOE que se una a otros nueve partidos políticos y vote a favor de la toma en consideración de la Ley. Para UGT, es imprescindible que el PSOE se una a estos nueve partidos políticos y vote a favor de esta ley: «No entenderíamos que se alinease con el PP, Ciudadanos o Vox para bloquear e impedir el debate democrático del articulado que recoge nuestra Ley. En este sentido, el sindicato señala que la gravedad de la emergencia habitacional que asola a nuestro país exige una postura diferente, que favorezca el enriquecimiento de ideas acerca de cómo debe ser la primera Ley Estatal de Vivienda y permita así una discusión plural sobre las medidas orientadas a garantizar un derecho humano y constitucional», ha afirmado el sindicato en un comunicado publicado ayer.
PAH: «El PSOE tiene que ponerse del lado de las personas y del derecho a la vivienda»
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PAH, mantenía que «el PSOE tiene que elegir si ponerse del lado de las personas y del derecho a la vivienda o bien seguir el legado del Partido Popular y legislar para los desahuciadores, los responsables de la burbuja inmobiliaria: bancos y fondos de inversión».
En materia de desahucios, la ley prohíbe efectuarlos a personas o familias vulnerables mientras no haya garantía de un realojo digno y adecuado. Además, obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales como opción prioritaria ante el mismo. Se prohíben expresamente los desalojamientos con fecha abierta y se legislan diferentes medidas para evitar el sobreendeudamiento, como la dación en pago. Asimismo, se limita la responsabilidad al bien hipotecado, incluyendo mayor efectividad a una segunda oportunidad, y lograr dejar atrás la ley hipotecaria injusta que se ha llevado por delante el sueño de miles de familias y de sus avalistas.
Sobre alquileres, la ley presentada implementa una regulación de estos flexible en base a un índice de mercado, con el objetivo de limitar y bajar el precio de las rentas para que supongan un coste asumible para la mayoría de la población. Asimismo, recoge la renovación automática y obligatoria de los contratos de arrendamiento siempre y cuando el inquilino haya cumplido con sus obligaciones y el arrendador no precise de la vivienda para disfrute propio o de un familiar. Los honorarios, señala el texto, serán siempre a cargo de la parte arrendataria.
En el ámbito del sinhogarismo, la ley establece el derecho a la vivienda como derecho subjetivo y garantiza la protección inmediata en alojamientos adecuados para toda persona que caiga o se encuentre en esta situación.
En cuanto al parque de vivienda pública, con el objetivo de protegerlo y ampliarlo, la ley prohíbe su venta y fija un objetivo de solidaridad urbana del 20% antes del año 2050 para movilizar vivienda mediante diferentes herramientas como son la cesión obligatoria, el tanteo y retracto de grandes tenedores como puede ser la Sareb y entidades financieras rescatadas con dinero público en 2009.
Asimismo, el texto recoge la garantía de acceso a suministros básicos, creando una tarifa social y prohibiendo los cortes de agua, luz o gas a personas en exclusión residencial y desarrolla la participación ciudadana en políticas de vivienda, al igual que aborda el régimen de control y sancionador para desarrollar las diferentes medidas explicadas.
A pesar de las presiones del PSOE, UP mantuvo su voto favorable a la ley de Vivienda de los colectivos sociales. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por el derecho a la vivienda. 34 de 54 luces verdes son el Grupo UP-ECP-GC. Lo demás es cretinismo parlamentario. pic.twitter.com/4tRopjUMKs
— Rafa Mayoral (@MayoralRafa) December 15, 2021
El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la proposición de ley
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la toma en consideración de la proposición de ley de garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada que elaboraron más de 120 organizaciones sociales -lo que impide su tramitación parlamentaria.
La iniciativa finalmente no ha salido adelante con 274 votos en contra, 57 a favor y seis abstenciones. El PSOE, PNV, PP, Vox y Ciudadanos han rechazado la tramitación de la ley, que no logra superar la primera votación en la Cámara Baja. Sí ha sido respaldada por Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG, Junts y Nueva Canarias.
? ÚLTIMA HORA?
VERGÜENZA.
El @PSOE se posiciona con la derecha y con los especuladores para paralizar el trámite de la Ley por el Derecho a la Vivienda. pic.twitter.com/HTautOe2Vf
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) December 14, 2021
La iniciativa fue registrada en plenas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para intervenir los precios del alquiler, antes del acuerdo que desbloqueó una norma aún en fase de anteproyecto.
Para ser tramitada, la proposición de ley necesitaba también del apoyo del PSOE, que no se lo ha dado por considerar que «no respeta el marco constitucional, invade competencias autonómicas y bordea otros derechos constitucionales», además de porque el Gobierno ya tiene listo un anteproyecto que «contiene muchos elementos» similares, ha explicado el diputado Ignacio López Cano.
En pocos días está previsto que el Consejo de Ministros remita a la cámara el anteproyecto de ley de vivienda pactado por los socios de gobierno.
Fuentes del grupo confederal de Unidas Podemos han subrayado que apoyan a los colectivos en favor del derecho a la vivienda, pues sin su trabajo «no se entendería ninguno de los logros» alcanzados en esta materia.
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