César Pérez Navarro •  Vivienda •  18/03/2021

Ley Estatal de Vivienda: «El PSOE sucumbe a las propuestas de la patronal inmobiliaria con un modelo que beneficia a los grandes tenedores de vivienda»

  • Unidas Podemos ha rechazado la propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de aplicar «únicamente incentivos fiscales» para tratar de bajar los precios del alquiler, una medida que considera un «incumplimiento flagrante» del acuerdo de gobierno de coalición por la parte socialista.
  • Gerardo Pisarello: “Lo que indigna es que se erijan en guardianes de la propiedad y la libertad cuando la única libertad que defienden es la de especular ¿Qué propiedad y qué libertad defendían cuando condenaron a miles de familias a perder sus casas, su salud, y a ser esclavas de los bancos?”.
Ley Estatal de Vivienda: «El PSOE sucumbe a las propuestas de la patronal inmobiliaria con un modelo que beneficia a los grandes tenedores de vivienda»

Los propietarios que rebajen un 10% la renta del contrato en alquiler de su vivienda en zonas tensionadas tendrán derecho a una reducción del 90% sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF, según se recoge en la propuesta de Ley de Vivienda del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana.

Así, según explica el Ministerio en el documento, si un propietario que tenía un contrato de arrendamiento de 700 euros al mes firma uno nuevo por 630 euros, tendrá derecho a un beneficio fiscal en el IRPF de cerca de 950 euros al año, «superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta».

Por otro lado, se recoge una bonificación para propietarios del 70% en el IRPF por la incorporación de una vivienda para alquiler habitual en las zonas tensionadas. Esto, según Agenda Urbana, favorece la entrada en el mercado de viviendas que anteriormente no estaban en alquiler como vivienda habitual.

«De esta forma, se afronta directamente el problema de falta de oferta que caracteriza las zonas de mercado residencial tensionada, equilibrándose los precios», apunta el documento, que ya ha sido rechazado por Unidas Podemos al entender que incumple el acuerdo de Gobierno.

La declaración de zonas de mercado residencial tensionado se establecerá, según la propuesta del departamento de Ábalos, sobre la base de los índices estatales de referencia del alquiler, para aplicar instrumentos específicos encaminados a revertir la situación e incrementar la oferta. Dichas zonas tendrán un periodo de vigencia inicial de tres años, que se podrá ir prorrogando si los precios siguen siendo altos.
En el resto de las zonas que no se consideren tensionadas, las bonificaciones en el IRPF para los propietarios se situarán entre el 50% con carácter general (ahora está fijada en el 60%) y el 70% en el caso de alquilar a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Además de estas dos bonificaciones, se establece una bonificación del 60% en el caso de los alquileres de viviendas de protección. «Con esta medida se estimula la incorporación al mercado del alquiler de viviendas a precios limitados y se favorece el acceso a las personas y hogares con menores ingresos», según el Ministerio.

En la misma línea, los propietarios que hayan realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda de alquiler en los últimos tres años y que impliquen un desembolso de más de seis meses de renta, se beneficiarán también de una bonificación del 60%.

Asimismo, cuando se alquile una vivienda a inquilinos con ingresos por debajo de determinados importes, los propietarios también tendrán derecho a una reducción en el IRPF, pero en la propuesta del Ministerio el porcentaje está aún sin definir.

Por otro lado, también se establece que se definirán los criterios para la consideración de gran tenedor de vivienda en las zonas tensionadas, «en función de su potencial influencia, por el volumen de inmuebles de uso residencial de su titularidad en el mercado del alquiler en esa zona, que deberá representar, al menos, un 1% de las viviendas principales en el régimen de alquiler de la zona».

«Aquellos propietarios que tengan tal consideración deberán colaborar y ofrecer información sobre el uso efectivo de sus inmuebles», dice el texto.

La propuesta en la que está trabajando el Ministerio que dirige José Luis Ábalos también apuesta por introducir una definición de vivienda vacía a efectos del recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
En concreto, propone recoger en la propia legislación reguladora del IBI una definición «clara» para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota del IBI a aquellos inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados, estableciendo un periodo temporal de referencia de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario y estableciendo una serie de causas justificadas de desocupación temporal del inmueble.

A los efectos de la Ley Estatal, y para la aplicación del mecanismo fiscal de contención y bajada del precio del alquiler, la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado se recogerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, previa propuesta de la Comisión Bilateral en materia de vivienda entre el Estado y la comunidad autónoma, «pudiendo participar las entidades locales afectadas».

Asimismo, dice que la vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionada será de tres años, «pudiendo prorrogarse anualmente siguiendo el mismo procedimiento, cuando subsistan las circunstancias que motivaron tal declaración y previa justificación del resultado de las medidas aplicadas y las previstas».

La declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado conllevará la redacción, por parte de la Administración competente de un Plan de Acción específico que programará las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como un calendario de desarrollo.

Por otro lado, la Ley por el derecho a la Vivienda se acompañará de otros instrumentos a corto plazo que reforzarán la actuación y el apoyo del estado, como son la priorización de la aplicación de los programas del Plan Estatal de Vivienda en zonas tensionadas o del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, específicamente centrado en hacer frente a los desajustes del mercado en las zonas tensionadas.

Unidas Podemos señala el «incumplimiento flagrante» del acuerdo de gobierno de coalición

Para Unidas Podemos, la oferta que ha presentado el PSOE, en nombre del Ministerio dirigido por José Luis Ábalos, en la reunión de este miércoles «consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler«.

En consecuencia, aprecian que los socialistas «sucumben» a las propuestas de la patronal inmobiliaria con un modelo que beneficia a los grandes tenedores de vivienda, en lugar de establecer obligaciones que haga aflorar inmuebles vacíos que bajen el alquiler.

Así lo han apuntado tras la reunión de este miércoles entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Lucas, que encabeza el equipo negociador del PSOE, hizo llegar a última hora de ayer el documento que recoge el sistema de incentivos, un modelo que ya rechazó la Vicepresidencia Segunda por entender que ha fracasado en Portugal.
Desde Unidas Podemos se considera que esa propuesta «no sólo incumple el acuerdo de Gobierno» por «no incluir la regulación de precios del alquiler», sino que además es «antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos».

Como prueba de ello aluden a que la base a esta propuesta plantea que «cuanto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario, mayor será el beneficio fiscal que reciba».

Asimismo, reprochan que el PSOE «no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre», que «podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda».

Frente a ello, Unidas Podemos quiere que la Ley de Vivienda establezca obligaciones para estos fondos, al responsabilizarles del aumento del precio del alquiler en España y de generar «artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos».

Para el socio minoritario de la coalición, resulta «sorprendente» que el PSOE envíe una propuesta «sin base empírica alguna» y «avalada» por el Ministerio de Hacienda, mientras se niega a implementar una medida, como es la de la regulación de los precios del alquiler, que se ha demostrado «eficaz» en otros países y en Barcelona.

Finalmente, Unidas Podemos ha lamentado que se «plieguen a las presiones de la patronal inmobiliaria» y reclaman que los recursos públicos se inviertan en mejorar servicios públicos y «no vayan a parar a los bolsillos de los especuladores de la vivienda».

Por tanto, la negociación sobre la futura Ley de Vivienda sigue encallada entre ambas formaciones en la cuestión nuclear de la regulación del precio del alquiler y pese a que en la última cita lograron avances para desplegar medidas que frenen desahucios de la población vulnerable.

El aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, manifestó que se mantendría en el Ejecutivo hasta el inicio de la campaña electoral en Madrid con la intención de lograr aprobar la nueva normativa sobre vivienda, que incluya la regulación del precio del alquiler pese a las presiones de la patronal inmobiliaria.

Otras propuestas de Unidas Podemos pasan por fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.

Alemania, Suecia, Dinamarca, Bélgica o Francia regulan los alquileres e imponen límites de precio a los propietarios

La regulación de precios de los arrendamientos es un hecho en Francia, Alemania o Suecia, con experiencias similares o parecidas en Suiza o Austria. Hay ventajas y desventajas en cada uno de estos países, aunque en ninguno de ellos el 41% del total de inquilinos paga un precio «excesivo» por alojarse (el 30% de sus ingresos), como sucede en España, de acuerdo con un informe de CCOO presentado este miércoles basado en datos del Instituto Nacional de Estadística.

Los precios de referencia o “alquileres equivalentes” se introdujeron en Alemania con la ley de 1971 y en Francia con la ley de 1989. Son consecuencia de la vuelta a una protección de la seguridad de tenencia sin límite de tiempo, que hacía necesario disponer de un mecanismo de actualización de los alquileres sostenible a largo plazo.

Dinamarca regula los alquileres desde 1979 y tiene un sistema donde no solo los precios no se pueden subir, sino que están referenciados a un índice.

Suecia cuenta con la legislación más estricta al respecto en todo el continente. Las rentas son el resultado de una negociación que se produce a nivel municipal en cada localidad. La negociación es anual, y los Sindicatos de inquilinos con las las autoridades locales son los que determinan los precios del parque inmobiliario. El sector privado no puede incrementar ese umbral por encima del 5%.

Un «Estudio comparado de la regulación del alquiler en Berlín y París» elaborado por el Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona ofrece conclusiones muy interesantes; «En Berlín entró en vigor en 2015 el “freno de alquileres” (Mietpreisbremse), que determina que, después de un cambio de la persona inquilina, el alquiler puede incrementarse como máximo hasta un 10% por encima del precio de referencia. En París, se ha limitado en un primer momento la evolución máxima con respecto al alquiler anterior: desde 2012, cuando cambia la persona inquilina, Estudio comparado de la regulación del alquiler en Berlín y París el alquiler no sube más que durante la relación contractual, es decir, siguiendo la evolución del IRL. En un segundo tiempo, a partir de 2015, se ha complementado esta limitación de la evolución del precio, con una limitación del nivel máximo que podía alcanzar un alquiler fijado en un 20% por encima del precio de referencia […] Para determinar el éxito de estas medidas, se debe por lo tanto considerar hasta qué punto han permitido reducir el crecimiento de los precios. Según los datos disponibles, se ha conseguido este objetivo tanto en Berlín como en París, aunque no en un grado suficiente. En Berlín se está ahora pendiente del efecto que tendrá la modificación de la Mietpreisbremse, en vigor desde el 1 de enero de 2019, y en París se está a la espera de la vuelta de la limitación del nivel de alquileres que había sido suspendida en 2017 (la limitación de la evolución, introducida en 2012, sigue en vigor) […]

La Iniciativa de la PAH por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en línea con otras organizaciones sociales en defensa de un vivienda digna, es transparente en su manifiesto y campaña estatal de movilización ciudadana para conseguir que la Ley por el Derecho a la Vivienda incluya, como mínimo, ocho medidas de aplicación en todo el país. En su punto 4 habla de una «regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país».

Movilización este sábado, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado una movilización de protesta «por una ley que garantice la vivienda» este mismo sábado, argumentando que ni Ábalos ni su partido político piensa en la gente ni en sus problemas de alquiler, sino en «los que ganan con la especulación, fondos buitre y bancos», y añade: La propuesta de Ábalos supone una respuesta hostil para el trabajo que se está realizando para elaborar una ley que asegure el acceso a una vivienda digna».

Hoy comienzan las Jornadas por el derecho a la vivienda

*Con información de Agencias. 

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