Unidas Podemos critica el rechazo del PSOE a su plan de convertir a la Sareb en una herramienta volcada en la vivienda social

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes el cambio legal que le permitirá elevar su participación en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) por encima del 50% y tomar el control del conocido como ‘banco malo’, debido a su reclasificación en las cuentas públicas tras el cambio en la consideración estadística por parte de Eurostat.

Sareb, que nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, está controlada en un 45,9% por el Estado a través del FROB, mientras que el resto del capital está en manos de bancos y aseguradoras.

Unidas Podemos ha reprochado al PSOE su negativa a incluir sus propuestas en el cambio de estructura y funcionamiento de la Sareb, de cara a convertirla en una auténtica «herramienta pública» centrada en favorecer vivienda social.

También ha expresado su inquietud ante la eliminación de los límites de participación del estado en la entidad, y que ello derive en una deriva de «socialización» las «graves pérdidas» que registra.

Así lo han trasladado fuentes del espacio confederal sobre el decreto ley que abordará este martes el Consejo de Ministros y que pauta el nuevo reglamento del conocido como ‘banco malo’.

Desde la izquierda parlamentaria se plantearon al PSOE una serie de recomendaciones para el futuro de la Sociedad de Gestión de Activos, gestada en su día dentro del proceso de reestructuración bancaria, y orientadas a potenciar su papel para «garantizar el derecho a la vivienda» en el país.

Al respecto, reprochan que el PSOE haya rechazado opciones como, por ejemplo, establecer con carácter indefinido, en lugar del plazo de cinco años, las cesiones de viviendas a comunidades autónomas y entidades locales. También afean la negativa a que se publiquen los inmuebles que conforman la cartera de pisos de la Sareb.

Igualmente ahondan en que el citado decreto aprobado ayer contempla la eliminación de los límites de participación del Estado en el accionariado de la entidad. Esto implica, a juicio del espacio confederal, abrir la posibilidad de que la participación pública pase a ser mayoritaria en un contexto en el que la sociedad registra «graves pérdidas».

Por tanto, desde Unidas Podemos muestran su «preocupación» por que se «socialicen» estas pérdidas del ‘banco malo’, sin que se conozca su «cuantía y sin ninguna contrapartida social». Es decir, que sea el Estado el que «asuma las pérdidas» de la sociedad creada en 2012. Actualmente, su capital se reparte entre el Gobierno (sobre el 45%) y entidades privadas, fundamentalmente bancos.

SITUACIÓN DE LA SAREB

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, destacó que el Ejecutivo modificará la estructura de gobernanza y de capital de la entidad, para adaptarla a la nueva realidad económica.

La Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008. En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de dichos activos.

Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.528 millones de euros. Hasta entonces, había cancelado el 31,2% de la deuda emitida en su constitución, por lo que todavía debe devolver 34.918 millones de euros, un importe que pasó a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat que estableció que Sareb debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público.

UNIDAS PODEMOS PIDIÓ DEDICAR EL 75% DE SUS VIVIENDAS A ALQUILER SOCIAL

Unidas Podemos reclama desde hace años que la Sareb potencie su función social, como trasladó el diputado Rafa Mayoral durante una reunión con la dirección de la entidad en 2020, y ser un «ejemplo» en materia de cesión de viviendas para el realojo de población en situación de vulnerabilidad social.

La actual ministra de Derechos Sociales planteó en marzo del año pasado, cuando era secretaria de Estado para la Agenda 2030, obligar a la Sareb a poner el 75% de sus activos en alquiler social y ampliar así el parque público de vivienda en régimen de arrendamiento.

«Nuestro país vive una emergencia habitacional y es urgente que los grandes propietarios, especialmente si son empresas con capital público, se corresponsabilicen de la garantía del derecho a la vivienda», dijo entonces en las redes sociales.

*Con información de Agencias.