Daniela y Laura: dos historias de recuperación de viviendas vacías

Tanto Daniela como Laura ocupan los pisos en los que están.
Daniela entró en 2018 con un contrato que resultó ser falso. En la policía le dieron que era la séptima denuncia de estafa de la semana.
Laura, con 24 años y tres hijos, vivía en una habitación de su suegra.

Mirad esto:

Son las viviendas públicas municipales, de la EMVS, y regionales, de la AVS, en Madrid. Por cada 100 habitantes hay 0,2 viviendas municipales y 0,3 regionales. Mirad la comparación con otros municipios o CCAA. Tanto Daniela como Laura son solicitantes de ambas hace años.

Laura es muy jovencita y aún cobra la orfandad de su padre, 200 euros, que se junta con los 340 de la RMI. 540 euros para una familia de cinco miembros. En casa de Daniela son tres, una niña de 5. Este mes su marido cobrará de la construcción, no tienen más.

Daniela tuvo tarjeta familia (la ayuda municipal para comprar comida) dos meses, noviembre y diciembre. En la Junta le dijeron que «había que repartir» y que no había más. Laura y su marido están apuntados en la agencia de empleo de la Comunidad. «no queremos estar sin trabajar».

Daniela tuvo este año dos intentos de desahucio. El 27 de abril se paralizó por el decreto antidesahucios. Pero la empresa Bastión Desokupaciones apareció en su puerta diciéndole que «le daba igual» y que «esa sentencia podía ser falsa». Empezó el acoso continuado con llamadas.

A Laura le ha pasado lo mismo. Desde el 1 de agosto no salen de casa por miedo a que les prohiban entrar otra vez. Ella no quiere aceptar el dinero que le ofrecen en Bastión (gracias, muchas, @desantiburgos, por la foto).

Mirad las cifras oficiales, de @interiorgob, sobre denuncias de ocupación en España. En Madrid, un 9% menos que en 2019 y un 19% menos que hace 5 años. Vaya, parece que la realidad no responde al relato de la ocupación masiva.

Las denuncias por acoso inmobiliario en Madrid. Misma fuente, Ministerio del Interior. Un 30% más en. 2020 que en 2019. Recordemos que en marzo comenzó la pandemia. A mediados de este 2021 ya superamos el total de 2017.

Como me aclaran, y con razón, en Interior, no se sabe si todas estas denuncias pertenecen a acciones de estas empresas. Que, por cierto, también han crecido. Entre septiembre de 2020 y enero de 2021, se han multiplicado. En plena pandemia. Todas dicen actuar bajo la legalidad.

Es hasta gracioso escucharles (he visto mucho esto días), se acusan los unos a los otros de ser poco profesionales, de negociar dando dinero, de rozar la coacción. Cada uno se define como «el bueno». Llegan algunos a hablar de «intervención social».

Un ejemplo …

Algo interesante: ¿qué empresas están detrás de estos nuevos servicios de desokupaciones? gestión de cobros, gimnasios, pero también agencias de publicidad como Soy Cotan Somos Cotan o Proximedia. Y hasta una inmobiliaria, que no tuvo dudas en confirmármelo, Sotavento, tras Desokupamos.net.

En sus webs hablan de mediadores, abogados, de actuaciones bajo la legalidad. Otra cosa son sus redes, donde se relajan. Aquí se identifica a delincuentes diciendo que son árabes, sin más datos que la nacionalidad. «A la puta calle» dicen a la cámara.

De esta historia, lo que más alerta es que empresas y particulares estén decidiendo contratar los servicios de quienes, al margen del sistema judicial del que reniegan, venden soluciones sin control/garantía democrática y social. Huele mal, fatal. FIN

Ay, no, fin no. ESTO de Íñigo Domínguez del año pasado. Y esta frase de un juez de Madrid: “Llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida, que yo recuerde, un caso de ocupación de vivienda de un particular, todos son de bancos o entidades.»

Una dudosa alarma sobre los okupas

No hay datos de que el fenómeno se dispare. Los jueces aseguran que no hacen falta más leyes: el desalojo de una vivienda es inmediato y la mayoría de los casos se dan en pisos vacíos de bancos