El Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a «regular el mercado inmobiliario a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada»
- El pleno del Parlamento Europeo pidió ayer jueves a los Estados miembros y a la Comisión Europea que reconozcan y protejan el derecho a una vivienda digna y asequible.
- Los equipos técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales del Gobierno PSOE-Unidas Podemos dirigidos por Iglesias y por Ábalos mantuvieron encuentros la semana pasada para abordar la nueva ley de vivienda.
En una resolución que sumó 352 votos a favor por 179 en contra y 152 abstenciones, el Parlamento Europeo insta a los socios y las autoridades locales y regionales a adoptar disposiciones legales, «incluidas normativas de alquiler claras», para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas, y así «garantizar la seguridad de la tenencia favoreciendo los contratos de alquiler a largo plazo como opción predeterminada». El Parlamento insta -no obliga- a los estados miembros a cumplir con un principio de neutralidad entre el acceso a un inmueble en propiedad, el arrendamiento libre y el alquiler social o asequible.
La Ley estatal de vivienda que quiere poner en marcha el Gobierno de coalición en España es respaldada así desde la Unión Europea mientras se insta a otros países a cumplir con las reivindicacioes sociales en esta materia bajo estos términos: «No regular el mercado inmobiliario a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda». Entre las negociaciones colocadas sobre la mesa está la vía más adecuada para tratar de rebajar los precios de los alquileres, que es el compromiso firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de coalición.
El punto de partida es acabar con los precios abusivos del alquiler a través de la declaración de las denominadas zonas «tensionadas», aquellas cuyo precio medio del alquiler sea desorbitado y se sitúe fuera de criterios razonables de mercado. En el acuerdo ambas formaciones se comprometen a impulsar «las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado«.
Más allá de la nueva ley en discusión, el Gobierno suspendió los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma antes de concluir 2020, a través de un Real Decreto.
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