Nani recurrirá la condena a 3 meses de prisión por parar un desahucio en Alcalá de Henares
- La jueza se basa únicamente en las declaraciones del policía denunciante y del jefe del operativo para considerar que Nani causó una lesión leve de rodilla al agente.
Comunicado Plataforma Nani Absolución
Nuestra compañera Nani Martínez recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 4 de Alcalá de Henares que la condena a una pena de 3 meses y 1 día de prisión por la paralización de un desahucio en Alcalá de Henares en 2017, ante la fundamentación errónea y parcial de las pruebas testificales y periciales.
La sentencia condena a Nani por la lesión leve de rodilla que supuestamente sufrió un agente el día del desahucio a una pena de 3 meses y 1 día de prisión, la mínima pena posible, y absuelve a los otros dos acusados que fueron también juzgados junto a ella el pasado 14 de febrero.
Aunque en la sentencia recuerda que los agentes de la policía no gozan de presunción de veracidad por su mera condición de agentes, la jueza se basa únicamente en la declaración del policía denunciante y en la del jefe del operativo para considerar que Nani causó una lesión leve de rodilla al agente, por la que no necesitó de operación ni padeció secuelas.
Por el contrario, la sentencia recoge de forma incompleta y errónea tanto la declaración de Nani como la de las dos testigos de la defensa, a las que resta la credibilidad que sí otorga a los agentes de policía.
Del mismo modo, la jueza interpreta de forma parcial las conclusiones de la prueba pericial, ya que recoge como posible únicamente la hipótesis de que fuera Nani quien causara al agente una lesión leve de rodilla, y no las posibilidades de que se tratara de una lesión fortuita o incluso anterior al día del desahucio.
La pena que recoge la sentencia rebaja en mucho los dos años y medio de prisión que se solicitaban, pero no pararemos hasta que se reconozca la inocencia de Nani. Estamos convencidas de que las denuncias de los agentes tienen como únicos motivos la criminalización de los movimientos sociales y el tratar de justificar una desmedida actuación policial en la que los agentes de policía agredieron a una decena de personas que defendían el derecho a la vivienda de una familia con tres menores.
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