La vuelta a la normalidad y la vuelta a los desahucios: los fondos buitres Hipoges Iberia y Prosil Acquisition quieren expulsar a una vecina víctima de violencia de género y a sus tres hijos de su vivienda
- Los fondos buitre adquirieron la deuda contraída por Olga, una vecina de Vicálvaro en situación de vulnerabilidad. Han sacado a subasta una vivienda que le fue otorgada por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer para la habitabilidad con sus hijos.
- Olga quiere pagar la deuda adquirida, pero HipoGes Iberia, S. L. ha roto las negociaciones sacando la casa a subasta pública
- La situación de vulnerabilidad de la familia no ha sido tenido en cuenta en el proceso de ejecución hipotecaria, pese a la cobertura judicial que estableció la pandemia para estas situaciones.
La nueva normalidad ha traído consigo la vuelta de los desahucios y los desalojos de familias vulnerables. En España, el país con más fondos buitres de Europa, actúa Prosil Acquisition S.A, sociedad mercantil con sede en Luxemburgo, al cual la empresa española «servicer» HipoGes Iberia, S. L, les hace la gestión de los paquetes de deuda adquiridos de bancos en quiebra.
Olga adquirió con su exmarido su vivienda en Vicálvaro en 2009, contrayendo una deuda hipotecaria que les permitió comprar dicha vivienda. Once años después, en febrero de 2020, esta vecina de Vicálvaro se divorció tras la vista en el Juzgado de Violencia la Mujer, “el juez me otorgó la custodia de mis hijos y la propiedad y usufructo de la vivienda, recayendo sobre mi la deuda”, apunta Olga.
Sin embargo, tras la quiebra del banco con el que Olga había adquirido la deuda, la propiedad de la vivienda había pasado ya por dos fondos buitre – Aktua y HipoGes, dependiente de Prosil Acquisition SA-. A pesar de la insistencia de Olga y su familia por pagar la deuda hipotecaria contraída, Hipoges Iberia exigió a la familia 260.000 euros por la vivienda, sin tener en cuenta los 10 años que se había pagado la hipoteca. Finalmente, esta semana la casa ha salido ha vivienda pública tras un proceso de Ejecución Hipotecaria ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid.
La ejecución de la subasta significa la expulsión de Olga y de sus tres hijos de la vivienda y del barrio en el que lleva viviendo y trabajando más de 12 años. “Se niegan a negociar con nosotros, a pesar de tener una situación vulnerable y con menores a su cargo, lo único que quieren es quedarse con la casa y que nos vayamos”, comenta Olga.
La familia, en situación de extrema vulnerabilidad, no ha recibido ningún tipo de solución o apoyo de la administración y servicios sociales. La pandemia y los acuerdos del gobierno han mantenido desprotegidas a las familias en situaciones de riesgo frente a los fondos buitre. Tanto la familia, como los vecinos de
Vicálvaro, plantean futuras acciones para conseguir que Olga y su familia se queden en su casa.
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