CCOO urge al Ministerio de Vivienda a no demorar más de un año la aprobación del Real Decreto de regulación de vivienda temporal, turística y habitacional

CCOO viene valorando positivamente el cambio de paradigma en las políticas de vivienda, con medidas como la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, en consonancia con el artículo 47 CE, u otras como la limitación del aumento del precio de los alquileres los años 2022, 2023 y 2024, así como garantizar un mínimo de calificación de la vivienda protegida de 30 años o destinar el 50% del suelo público para vivienda en alquiler asequible.

Sin embargo, también ha venido manifestando la insuficiencia de muchas de ellas dado que sus efectos son limitados o a veces nulos. Como en el caso de la Ley de Vivienda, que más de un año después de su entrada en vigor, no está teniendo los efectos deseados en la reducción de los precios del alquiler.  

La mayoría de comunidades autónomas, como ya habíamos advertido, no la están aplicando y muchas agencias inmobiliarias continúan mputando a los arrendatarios costes que no les corresponden, como los honorarios de agencia. La ley tampoco regulaba la vivienda de uso temporal o el alquiler por habitaciones, algo que como ya manifestábamos podría convertirse en un “coladero” para saltarse, la ley como así ha ocurrido.

El Real Decreto es una oportunidad de mejorar la situación del mercado de la vivienda en alquiler a la que no se puede renunciar

La puesta en marcha que se produjo a principios de 2024 del grupo de trabajo para regular los contratos de alquiler de temporada, habitacional y turística, era una oportunidad para mejorar la ley en este aspecto. Después de varias reuniones de trabajo durante la primera mitad del año 2024 en las que hemos participado CCOO junto a otras organizaciones sociales y sectoriales, el compromiso era tener una propuesta de Real Decreto a finales del pasado mes de julio. Por ello, en opinión de CCOO no es de recibo el anuncio realizado por la Ministra de vivienda y agenda urbana de posponer la aprobación de dicha norma hasta finales del año 2025.

El acceso al alquiler de una vivienda, se ha convertido en un problema para muchas personas que no tienen otra alternativa residencial, por el aumento constante de los precios, muy por encima del IPC y de los ingresos de los hogares, esto lo ha convertido en un problema económico y social, al convertirse en un elemento determinante en la creación y aumento de la pobreza.

Por tanto, no se puede esperar más, diversos estudios e informes demuestran que el incremento del alquiler de viviendas turísticas, temporales y habitacionales es un factor que está incidiendo directamente en el precio del alquiler residencial, principalmente por reducir la demanda y servir de instrumento para “burlar” la ley.

La legislación que regule este tipo de alquileres debe de realizarse de manera inmediata, en los términos que se ha venido debatiendo en el grupo de trabajo, en el que falta la propuesta del Gobierno, tras las aportaciones y propuestas que CCOO ha efectuado, como lo han hecho otras organizaciones.

Es también necesaria una reforma de la Ley de Vivienda que corrija los defectos que están impidiendo o dificultando hacerla efectiva en partes muy relevantes de la misma. Es necesario conceder a los municipios la competencia de declaración de zona tensionada si se dan las condiciones objetivas para ello, cuando la comunidad autónoma eluda hacerlo. Esta reforma debe de pivotar en el reconocimiento y competencia del Estado para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna de toda la población independientemente de donde tenga su residencia.