La comunidad de vecinas de Teodora Lamadrid lucha para que Inmobiliaria Urbana S.L haga alquileres sociales

 Comunicado Sindicat de Llogateres i Llogaters 

Estas vecinas han estado subarrendando habitaciones durante veinte años a una arrendataria que estaba alquilando tres pisos a la empresa propietaria, Inmobiliaria Urbana S.L. El conflicto comenzó cuando la empresa decidió no renovar los contratos e inició procedimientos judiciales para desahuciar los tres pisos. La rueda de prensa convocada por la comunidad de vecinas afectadas tuvo lugar el martes en la Plaza de La Bonanova. En este encuentro, las vecinas expusieron su lucha y exigieron a Inmobiliaria Urbana S.L. que detuviera los procedimientos judiciales y ofreciera alquileres sociales. A pesar de continuar pagando los alquileres sin conocimiento de la situación legal que amenazaba sus hogares, en mayo de 2023 descubrieron el riesgo inminente de desahucio. Con 11 de las 15 vecinas catalogadas como vulnerables y varias con dificultades, la comunidad se ha organizado con el Sindicato de Vivienda de Cassoles y el Sindicato de Inquilinas para detener los desahucios y reclamar una solución justa en materia de alquiler social.

La particularidad de estas situaciones radica en el tipo de contrato utilizado: el subarrendamiento de habitaciones, un acuerdo que no está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esto implica una falta de garantías legales, dejando a las inquilinas sin protección en cuestiones como la duración, el precio o las obligaciones del propietario.

El caso de Teodora Lamadrid 50 no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio en Cassoles, donde la especulación inmobiliaria amenaza el hogar de muchos residentes. Como muestra de solidaridad, se ha convocado una movilización para el próximo 30 de noviembre, con el objetivo de detener los desahucios de los centros sociales Cubo y la Ruina, defendiendo así otros espacios en peligro en la comunidad.