La urgencia en la resolución de los problemas de viviendas en Extremadura

Mientras los gobiernos se enredan en sesudas discusiones para justificar y alimentar las guerras incrementando los presupuestos militares para hacer más poderosas las maquinarias de destrucción con armas más modernas y más dañinas, la sociedad capitalista no para de generar más miseria y más inhumanidad en nuestros pueblos.

Las administraciones públicas son incapaces de taponar las grietas que se multiplican y se hacen más profundas en la corteza de un sistema económico y social más inestable, que se vuelve más opresivo e injusto con ciertos sectores de la población.

Desde Extremadura Digna exigimos que la Junta de Extremadura ponga en marcha proyectos dirigidos a la adquisición o construcción de viviendas sociales dadas las necesidades que crecen en la región, y al menos, impulse celeridad en la concesión y adjudicación a familias que llevan esperando meses, y en algunos casos años.

Extremadura Digna tiene que denunciar que en diferentes localidades de la región la falta de viviendas sociales, y la lentitud en la adjudicación por parte de la administración pública, regional y municipal, condenan a un estado de desesperación y angustia vital a quienes ya se encuentran en una situación de elevada precariedad económica y de exclusión social.

Por otro lado, algún que otro ayuntamiento alardea de que va a poner en marcha mecanismos para recuperar las viviendas sociales ocupadas, lo que no sabemos es que cobertura dará a las familias necesitadas, sin alternativa habitacional que desocupe, a no ser que tenga en proyecto la construcción inminente de viviendas sociales o que vaya a disponer de las que tiene la SAREB o de otras entidades bancarias.

La realidad es que cuando una familia da el paso para ocupar una vivienda de una entidad pública o bancaria es que su situación es desesperada, y prefiere correr las consecuencias que le puede acarrear esta decisión arriesgada.

Continuamente nos llegan casos de personas o familias que viven en un estado de carencias habitacionales ante la imposibilidad de alquilar viviendas privadas por las insuficiencias de sus economías.

En Llerena, Francisco encuentra mil problemas para salir adelante con una pensión que apenas le da para mantener a sus dos hijos y pagar el alquiler. Francisco lleva muchos años luchando por una vivienda social. Desde el ayuntamiento le dicen que no hay viviendas sociales en la localidad, y las pocas que pueda haber están ocupadas oficialmente, aunque no haya nadie viviendo en ellas.

En Olivenza, Asunción lleva mucho tiempo esperando una vivienda social, y se verá obligada a vivir con su familia en la calle a no ser que ocupe una de las que según parece ya le tienen adjudicada desde el Ayuntamiento. Desde la Consejería de la Vivienda la amenazan con eliminar todas sus posibilidades presentes y futuras de acceder a una vivienda de la Junta en caso de que ocupe una de las dos que según parece están vacías. Cómo es posible que nadie de esos servicios regionales o municipales piense que esta mujer y su familia no se pueden ni deben resignar a vivir en la calle.

En Talayuela, no se adjudican una decena de viviendas sociales vacías, propiedad de la Junta de Extremadura, porque según nos dicen, después de una serie de años ningún regidor municipal ha querido ni quiere tener problemas con el vecindario a la hora de su adjudicación. No obstante, el ayuntamiento tiene constancia de que hay vecinos enfermos, como el caso de la familia de Mila, que viven en pisos que no reúnen los mínimos requisitos de habitabilidad.

En Mérida, hay cientos de viviendas abandonadas, propiedad de entidades bancarias que se están cayendo a pedazos y ninguna institución pública, ni la Junta ni el Ayuntamiento, valoran alguna intervención expropiatoria ni acción institucional que obligue a la propiedad bancaria a cederlas en alquiler social. Mientras tanto las necesidades de la población crecen y se hacen más insoportable el estado habitacional para vecinos que se ven obligados a denunciar en la calle, como Vicente, y otros a buscar desesperadamente un mínimo y exiguo techo habitacional donde resguardarse.

En otras localidades de la región como Villafranca de los Barros y Plasencia se repiten los problemas señalados, mientras tanto la administración regional duerme en los laureles. En el caso de Villafranca de los Barros, es una vergüenza que se lleven sin finalizar 31 viviendas que llevan paralizadas más de tres años, y que pudieran haber resueltos bastantes de las necesidades habitacionales en la localidad.

En Almendralejo se está produciendo una excesiva demora en la concesión de las 14 viviendas del barrio de San José que están plenamente actualizadas y listas para su entrega a las familias. La falta de viviendas sociales que hay en esta localidad exigen urgentemente que el Ayuntamiento proceda a la entrega de aquellas puesto que las solicitaron más de 100 familias.

En Badajoz, en el barrio de Suerte de Saavedra, los más de 90 pisos, propiedad del Ministerio del Interior, que desde hace varios años estaban siendo negociados para su adquisición por la Junta de Extremadura, según parece serán rehabilitados y destinados al alquiler social. Lo que no puede ser es que tengamos que estar esperando otros años hasta que se haga realidad esta cesión a quienes los necesitan.