Contra el desastre del Bono Joven de Alquiler. Concentración por un alquiler digno y estable el 4 de noviembre en Sol (Madrid)

Comunicado Plataforma de Afectadxs por el Bono Joven y Sindicato de Inquilinas de Madrid

El acceso a la vivienda, un derecho básico reconocido por la Constitución, se ha convertido en un privilegio que ya no está al alcance de los jóvenes: la emancipación juvenil en España es de un 16%, la mitad que la tasa media de la UE (32%). No es difícil encontrar la causa: a día de hoy, los jóvenes tenemos que destinar más de un 80% del salario neto a sufragar el coste del alquiler de una vivienda. La alternativa: vivir con la familia; en pareja; con amigos si conseguimos emanciparnos a la vez; o compartir techo con desconocidos.

Los jóvenes alzamos la voz porque somos constantemente invisibilizados por Isabel Díaz Ayuso, el gobierno central y este sistema que nos ahoga. Un sistema que nos empuja a tener varios trabajos precarios, a aceptar prácticas no remuneradas, a compartir piso por imposición hasta los 40 y a sufrir las consecuencias mentales que supone aceptar discursos meritocráticos en un mundo injusto para las que menos tenemos.

La falta de políticas públicas de vivienda ambiciosas por parte del gobierno de España se ve enormemente agravada por la mala gestión de la vivienda de la Comunidad de Madrid, al servicio de fondos buitres y grandes propietarios. Madrid no garantiza el acceso a la vivienda porque para la CAM y su presidenta, tener un techo representa un privilegio para algunos y un negocio para otros.

Por si la situación ocasionada por la especulación y el rentismo en la Comunidad de Madrid y el resto del estado no fuera lo suficientemente grave, la CAM ha decido ahogarnos, aún más, con su nefasta gestión del bono joven alquiler: una ayuda mensual de 250€ destinada a jóvenes trabajadores de entre 18 y 35 años, aprobada por el gobierno central en enero de 2022 y que debía gestionar cada comunidad autónoma.

Madrid fue una de las últimas en abrir la convocatoria: no lo hizo hasta el 21 de septiembre de 2022, fecha en la que empezó el calvario para muchos de los jóvenes que hoy estamos aquí. Algunos nos independizamos contando con el sustento de una ayuda que debía ser mensual; otros recibimos la noticia con el alivio de contar con un dinero que rebajara la presión económica del alquiler. Pero un año después, la mayoría seguimos esperando a cobrar la subvención correspondiente a 2022, cuando la CAM ya debería estar gestionando las últimas partidas de este año. El gobierno central transfirió los fondos a las comunidades en diciembre del año pasado, así que no ha sido cuestión de no tener el dinero en sus manos.

Según los últimos datos aportados por la Consejería de Vivienda, en septiembre 2023 se había pagado a tan solo un 20% de los 11.000 beneficiarios, unas 2000 personas que han cobrado solo lo correspondiente al alquiler de 2022. El dinero sigue llegando a cuentagotas para algunos, mientras la mayoría seguimos sin recibir un céntimo de un dinero que nos ha sido adjudicado después de pasar por mil y un aros burocráticos. No tenemos dudas de que una ayuda para caseros o una reducción fiscal para grandes propietarios no habría tardado en ser implementada. Sin embargo, la clase trabajadora somos la que siempre queda atrás.

Pero la peor parte es el maltrato institucional al que nos vemos sometidos: la falta de canales de información veraz, las respuestas automáticas de los correos oficiales; los reiterados plazos de pagos prometidos e incumplidos; el limbo administrativo en el que nos encontramos muchas personas que salimos como beneficiarias y/o en listados de subsanación y que no hemos vuelto a saber nada; otras muchas que pedimos la ayuda y no hemos tenido noticias de nuestros expedientes. Múltiples casuísticas y la misma respuesta por parte de la CAM: el silencio.

Por todo ello, el próximo sábado 4 de noviembre saldremos a la calle, pero no lo haremos solo por las personas que optamos a esta ayuda que se ha demostrado a todas luces insuficiente e ineficaz, sino por todos aquellos a los que pagar un alquiler en Madrid nos supone vivir en situación de precariedad.

En septiembre, el precio de los alquileres alcanzó su máximo histórico: Madrid ostenta el dudoso honor de ser el segundo municipio (17.7€/m2) y la primera comunidad (16.1€/m2) con el alquiler más caro de toda España, según Idealista. En los últimos 10 años, el precio del alquiler ha escalado un 61,8% en la Comunidad, habiendo subido un 10,7% en Madrid capital y un 9% en toda la región tan solo en el último año. Mientras tanto, los salarios de la mayoría no suben al mismo ritmo, con una media de 3,3% en la última década, y nuestra vida se sigue encareciendo a beneficio de unos pocos.

Además, a falta de datos oficiales públicos, si entramos a buscar piso, encontramos que la situación es más que insostenible: el precio medio del alquiler en oferta en Madrid capital a día de hoy es de 2021€. Una vivienda de 40 metros cuadrados o menos cuesta una media de 1108€; el tamaño medio de estas viviendas es de 33 metros cuadrados. En Madrid Sur el alquiler medio es de 975€; en el norte de la Comunidad 2189€; en el Corredor de Henares 993€. Y el salario mínimo interprofesional apenas supera los 1000€.

Ante esta situación, la señora Ayuso debería hacer uso de las herramientas que pone a su disposición la ley estatal de vivienda que entró en vigor en mayo y regular el precio de los alquileres declarando zonas tensionadas, empezando así a transicionar hacia un modelo que proteja la vivienda como un derecho por encima de su valor como bien de mercado. En lugar de eso, ha preferido recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

Desde hace varias décadas las políticas públicas están centradas en construir más viviendas y liberalizar más suelo público. Igual que ahora ese parece ser el foco, también lo fue bajo gobiernos anteriores, como cuando durante el mandato de Ana Botella se vendieron 1860 viviendas protegidas al fondo buitre Blackstone, que hoy es el mayor casero privado de toda la comunidad autónoma, del país y del mundo. De no haber sido así, estas hoy podrían estar a disposición de la ciudadanía por un alquiler digno. De la misma forma, hoy en día hay 24.000 pisos disponibles en Madrid en el portal de alquiler vacacional Airbnb, el triple de las viviendas disponibles en Idealista, mientras las instituciones siguen sin regular el mercado de alquiler turístico, temporal y por habitaciones y nosotros sufrimos las consecuencias.

Estamos hartos de no poder emanciparnos, de no llegar a fin de mes, de ver cómo nuestros salarios valen cada vez menos mientras son los mismos los que siguen haciendo negocio con nuestras vidas. Ya no vamos a aceptar esta situación con resignación. Damos un paso al frente, nos organizamos y alzamos la voz juntos.

Nos vemos el próximo sábado 4 de noviembre a las 12h en Sol, frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Porque exigimos medidas urgentes e inmediatas para paliar la escalada de precios incontrolada. Porque no queremos subvenciones, queremos alquileres dignos y estables. Por una vivienda de calidad. Por un futuro vivible para todos.

Convocan: Plataforma de Afectadxs por el Bono Joven y Sindicato de Inquilinas de Madrid.