El Grupo Plurinacional Sumar logra que se tramite una proposición de ley que obliga a cambiar “hipotecas con cláusulas abusivas para que ninguna familia sea desahuciada si no paga”

El Grupo Plurinacional Sumar ha conseguido sacar adelante en el Pleno del Congreso con amplia mayoría -314 votos a favor por 31 en contra- la toma en consideración para su tramitación parlamentaria de la importante proposición de ley relativa a la ‘regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios’. Traducido en palabras del diputado del grupo Fèlix Alonso, encargado de defender la propuesta, su objetivo principal es que “ninguna familia que haya firmado una hipoteca con cláusulas abusivas sea desahuciada por no poder pagar su préstamo con el banco”.

Alonso, diputado de Izquierda Unida por Tarragona, puso un ejemplo muy ilustrativo para explicar el trabajo que busca acabar con un problema de gran complejidad técnica del que se han aprovechado durante años las entidades bancarias: “somos ambiciosos, la proposición de ley pretende que la banca pase una especie de ‘ITV de las hipotecas’ para enmendar los errores contractuales” para que, a partir de la entrada en vigor de la norma “comuniquen a los consumidores los defectos de su hipoteca y darles solución”.

Ayer sacamos adelante la regulación contra las cláusulas abusivas en hipotecas y tumbamos la enmienda de Vox que iba en contra de los derechos laborales de las personas con discapacidad permanente.

Este Congreso está avanzando y hay legislatura para rato.

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— Sumar (@sumar) October 23, 2024

Detalló que “si la familia paga los intereses y amortiza un mínimo de un euro al mes, podrá seguir en su vivienda hasta el último recibo de la hipoteca. En ese momento, tendrá tres opciones: vender la casa, devolverla al banco, con tanteo y retracto por parte de la Administración para ampliar el parque público, o pagar el total del préstamo restante”.

El parlamentario advirtió de que la práctica totalidad de “las hipotecas variables firmadas antes del 2011 contienen errores” y recordó que en 2003 los bancos “ya fueron alertados por el Banco de España. En sucesivas consultas el regulador ha confirmado que esos contratos deben de ser renegociados de forma consensuada por la familia y la entidad, nunca unilateralmente, que es lo que hace la banca”.

Recordó también cómo un informe encargado por la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares, de la que él mismo fue responsable durante la pasada legislatura autonómica, “detectó hasta 36 tipos de errores” en las hipotecas. Es decir, “el cliente firmaba a ciegas, sin la suficiente información, con errores graves, con falta de transparencia, publicidad engañosa y con abusos”.

Avisó de que estamos ante una situación en la que “como pasó con las cláusulas abusivas, Europa terminará dando la razón a los clientes”, una situación en la que si no se toman medidas como las que plantea la proposición de ley para solucionar este grave problema “lo hará el Tribunal de Justicia Europeo, colapsando los juzgados y, en ese tiempo, centenares de familias perderán su casa de forma injusta”.

Alonso destacó que la propuesta que defendía “es una ley para los escépticos que creen que la política no resuelve nada” y citó el caso de grupos como el de Stop Desahucios de Palma, que le reprocharon directamente que “las administraciones y los grupos políticos no sirven para nada” y trasladaron que “el malestar y la desesperación de centenares de familias que se sienten abandonadas por los tres poderes del Estado y también por los medios de comunicación”.

Argumentaban y citaban “informes del Sindic de Greuges o comparecencias en el Parlament de Catalunya de matemáticos y financieros que habían demostrado abusos frente a los clientes de las entidades bancarias, y que los tribunales y audiencias provinciales dictaban sentencias contradictorias”.

En este contexto se encargó un informe al equipo del matemático balear Guillem Bou Bauzà. Éste fue “uno de los expertos que detectaron el abuso en las llamadas hipotecas IRPH: cobraban dos veces las comisiones y por mucho que bajara el euribor nunca bajaban y seguían muy por encima del resto de hipotecas variables. Ese error inicial se arrastraba a lo largo de la vida del contrato”, explicó el diputado.

Apuntó que los informes solicitados “buscaban la demostración matemática del posible abuso. Se evitó la interpretación jurídica, ya que eso les corresponde a los tribunales. Se confirmó la doble imposición de las llamadas hipotecas IRPH y, también, se detectaron 36 errores en las hipotecas de tipo variable”.

Con el amplio y complicado trabajo realizado “se demostraba que las hipotecas firmadas antes de 2011 no cumplen con la normativa europea de información al consumidor”, lo que se traducía “en contratos irregulares, incluso con graves fallos financieros, en los que muchas familias se embarcaron en deudas aparentemente asequibles pero que, a la larga, no iban a poder pagar”.

Frente a todo ello, Fèlix Alonso ha destacado que la propuesta que defendía “no solo arregla el problema de cientos de miles de afectados, sino que ofrece una solución justa en la que unos no pierden la vivienda y otros, la banca, no pierde dinero, es más, en según qué situaciones llega a ingresar más intereses por sus préstamos”.

El parlamentario no olvidó señalar que la proposición de ley “también emana de la perseverancia de los afectados que durante años han sufrido la incomprensión y el silencio. Ahora estamos obligados a escucharlos, a defenderles y a resolver el problema legislando soluciones para superar las injusticias”.