Ochenta personas ocuparon la Clínica Dental Cirach para exigir la paralización del desahucio de Iván y el cumplimiento del 30%
MARAMCA SL compró en 2015 el edificio en el que Ivan vive desde hace 25 años. Han hecho reformas para convertir 10 viviendas en 15 más pequeñas, y sus planes implican echar a todo el mundo. Pero a Iván se le acabó el contrato en el 2019 y decidió no irse.
Comunicado Sindicat de Llogateres
Ochenta personas ocuparon la Clínica Dental Cirach para exigir la paralización del desahucio de Iván y el cumplimiento del 30%. El pasado miércoles, más de cincuenta personas se concentraron en la sede de Maramca SL y acudieron a la Clínica Dental Cirach para reunirse con la propietaria de la Clínica, quien también es apoderada de Maramca SL. El objetivo era dialogar con la propietaria para detener el desahucio de Iván y formalizar un alquiler social en uno de los 12 pisos vacíos de la finca donde vive. La acción llega después de cinco años en los que la propiedad nunca ha accedido a sentarse a negociar con el Sindicato. Las militantes estuvieron movilizándose durante tres horas en la Clínica esperando una respuesta de la propietaria, pero esta se negó a hablar en todo momento.
Maramca SL es propietaria de un edificio con 15 viviendas en la calle Ramon Turró, 153, en el distrito del 22@. Actualmente, 12 de los pisos están vacíos, aunque 5 deberían estar destinados a vivienda protegida según el plan urbanístico vigente y la normativa del 30%. El próximo 16 de enero de 2025 quieren desahuciar a Iván, pero desde el Sindicato impediremos que esto ocurra.
La historia de Iván: 25 años como inquilino y acosado por la especulación
Iván Giesen lleva 25 años viviendo en este piso y casi 40 años arraigado en el barrio de Poblenou. En 2019 contactó con el Sindicato de Llogateres cuando Maramca SL se negó a renovarle el contrato. Aunque su contrato expiró antes de la pandemia, las prórrogas legales le permitieron seguir en el piso hasta 2022. Desde entonces, vive sin contrato, pero continúa pagando un alquiler de 730 euros.
En 2022, Maramca SL presentó una demanda de desahucio que fue ratificada por la Audiencia Provincial en el verano de 2024. El desahucio está fijado para el 16 de enero de 2025. Durante este tiempo, Iván ha sufrido acoso inmobiliario, incluidas obras en su vivienda que han deteriorado su calidad de vida. La propiedad se ha negado reiteradamente a negociar una solución, a pesar de las peticiones del Sindicato de Llogateres. Iván cumple con los criterios de vulnerabilidad social, pero, desde que el Tribunal Constitucional anuló la obligación de los grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales, ha quedado desprotegido frente a esta situación.
Desde 2015, cuando Maramca SL adquirió el edificio, la empresa dejó de renovar contratos y comenzó a expulsar a los inquilinos. En ese momento, había 10 viviendas en el edificio. Tras varias obras, ampliaron la finca a 15 pisos subdividiendo algunos de ellos, aumentando aún más su capacidad especulativa.
El 30%: una herramienta clave para garantizar el derecho a la vivienda
El Ayuntamiento de Barcelona lleva más de 10 años sin activar mecanismos suficientes para hacer cumplir planes urbanísticos como el del 30%, pensado para proteger el derecho a la vivienda. Ahora, el gobierno de Jaume Collboni pretende rebajar los criterios de esta normativa, debilitando aún más su aplicación.
El caso de Iván es un ejemplo flagrante de la necesidad de implementar el 30% con contundencia. El edificio de Ramon Turró, 153 cumple con los requisitos legales para destinar el 30% de sus viviendas a alquiler social, ya que:
- Ha obtenido una licencia de obras para subdividir los pisos.
- Se ha realizado una actuación global en todo el edificio que ha incrementado el número de viviendas y redistribuido el espacio.
Luchar por una vivienda digna: es hora de actuar
El pasado 23 de noviembre, miles de personas salieron a las calles de Barcelona para exigir una bajada generalizada de los alquileres. La falta de vivienda asequible y estable es una de las principales preocupaciones de las catalanas. Es urgente acabar con la especulación inmobiliaria, garantizar la estabilidad de los inquilinos con contratos indefinidos, regular los precios de manera efectiva y movilizar las viviendas vacías.
Iván, quien ha pagado alrededor de 150.000 euros en alquileres a la propiedad durante estos 25 años, es una persona muy querida en el barrio y tiene derecho a seguir viviendo en su vivienda en condiciones dignas.
El acceso a la vivienda no puede estar subordinado a los intereses especulativos de grandes empresas como Maramca SL. Desde el Sindicato de Llogateres seguiremos organizándonos y luchando para garantizar este derecho fundamental.
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