«Desokupas» forzosos en la ciudad de León
Comunicado Stop Desahucios León
A lo largo del último mes, Stop Desahucios León ha recibido la noticia de que los bloques 17 y 19 de la calle Padre Gregorio, un total de 36 viviendas, que pertenecían al Banco Santander, a través de su inmobiliaria Altamira fueron vendidos este pasado mes de Julio a Pantelaria, un fondo buitre, que gestiona las viviendas a través de Haya Real Estate (intermediarios). Poco después, han comunicado a los vecinos la fecha en la que finaliza su contrato y su intención de no renovar el alquiler. Se trata de viviendas que estaban protegidas hasta el año 2027, por lo que hay mucha gente que llevaba muchos años viviendo en ellas. Se rumoreaba desde hacía un par de años que iban a vender los bloques, alguna gente optó por irse, y otras personas decían que no habían logrado renovar el alquiler. Así que los pisos se han ido vaciando. Desde que recibimos estas notificaciones, son aún más vecinos los que están dejando sus casas; unas viviendas que estaban protegidas al menos durante siete años más.
Durante este verano, los medios de comunicación se han dedicado a «inflar» los exiguos datos de okupaciones en nuestro país, que apenas conciernen a viviendas particulares, sino a las viviendas en propiedad de bancos y grandes tenedores. El interés vino promovido por las empresas de alarmas y por estos mismos bancos, fondos buitre y grandes tenedores que lo que pretenden es generar una alarma social que les permita desahuciar más y más rápidamente. En León ya tenemos una consecuencia muy clara: muchos vecinos pierden el derecho de habitar unos hogares que estaban protegidos hasta 2027, mientras la sociedad sigue afrontando la situación económica tan delicada que deriva del Coronavirus y cuyas consecuencias todavía son difíciles de prever a largo plazo. Exigimos a Pantelaria que renueve los contratos a los vecinos hasta la fecha convenida (2027). Esperamos que, al exponer este caso en los medios, la ciudadanía sea más consciente de la necesidad de una vivienda social protegida, que no esté a merced de la especulación y a la que se pueda recurrir en circunstancias de emergencia social como la que vivimos actualmente.